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México y los maestros disidentes entierran el hacha para negociar

Interior y la facción sindical CNTE debatirán sobre el modelo educativo y sus conflictos

Pablo de Llano Neira
Marcha de la CNTE en la Ciudad de México el 11 de julio.
Marcha de la CNTE en la Ciudad de México el 11 de julio. EDGARD GARRIDO (REUTERS)

Marcada durante cuatro años por el encono, las posturas rígidas y los accesos de violencia, el mayor la matanza de Nochixtlán el 19 de junio, la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa ha puesto un pie en el terreno del sentido común. La facción sindical radical y el Gobierno de México han pactado una hoja de ruta para llegar a acuerdos.

La hoja todavía es un esquema, un folio con tres rayas que a buen seguro no será fácil rellenar. Las conversaciones se dividirán en una mesa política, una educativa y otra social que arrancarán entre esta semana y la que viene. Lo más relevante hasta el momento es que la avenencia entre los maestros y el poder federal enfría la temperatura de un conflicto siempre a punto de ebullición y que ha aumentado la volatilidad social de las regiones pobres del sur de México, donde prepondera la CNTE.

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"Es un logro muy importante en favor de nuestro país, de la tranquilidad, de la gobernabilidad, de la estabilidad", dijo el martes a medianoche Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación. Salía de una reunión de cuatro horas con una treintena de profesores. El número uno de Interior, un negociador bien temperado, posible candidato presidencial en 2018, salió reforzado de la evaluación nocturna de la CNTE, que también se apunta una victoria al conseguir sentar al Gobierno a negociar.

"El inicio de la negociación deja atrás las preguntas sin respuesta. Es un triunfo de todos", expresó la CNTE en un comunicado que presenta la hoja de ruta como un logro "arrancado" al Gobierno y como vía de solución al conflicto derivado de la "imposición a sangre y fuego" de la Reforma Educativa.

Aunque la poderosa agrupación (más de 100.000 agremiados) afirma que no renuncia a su objetivo principal de que la reforma sea derogada, al acuerdo formal con el Gobierno para ponerse a negociar subyace una renuncia de fondo a la estrategia de máximos. El presidente Enrique Peña Nieto ha dicho tajantemente que una eventual abrogación de la ley no está sobre el tablero. La reina no estará, así que los maestros tendrán que intentar comerse otras piezas, y el Gobierno dejárselas comer.

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Se espera que se abra un debate sobre el modelo educativo. No es fácil divisar en qué pueda consistir un debate de ese calado que no ponga en cuestión la integridad misma de la reforma, pero tal vez sean más determinantes los acuerdos prácticos a los que se lleguen bajo la mampara del gran diálogo.

Uno de ellos podría ser retocar el método de evaluación docente. El despido de los que suspenden, novedad de la reforma, ha sido uno de los motivos de indignación de la CNTE, y quizás ahí el Gobierno y los maestros puedan idear salvedades que hagan el mecanismo menos traumático. También parece viable que se retiren sanciones a maestros disidentes, despedidos y hasta encarcelados durante la ya larga batalla por la reforma educativa. A la CNTE le tocará ordenar a sus bases que amainen los cortes de carretera y las manifestaciones, sus armas de presión en el sur y en la capital, la Ciudad de México.

Y en medio de todo, una incógnita: si Aurelio Nuño, secretario de Educación, o al menos un representante suyo, tendrá silla en alguna de las mesas de negociación. Los maestros lo consideran su enemigo y parecen más cómodos a solas con Osorio Chong, pero sería difícilmente asumible que el Gobierno de México dirimiese la salida al conflicto educativo sin un papel central de su titular de Educación, un joven delfín de Peña Nieto cuyo nombre suena también en el juego de tronos.

No encima, pero sí debajo de la mesa de negociación, estará la matanza de Nochixtlán, en la que nueve civiles murieron en un desalojo policial de un corte vial de maestros de la CNTE. La investigación corre por su cauce policial, pero el Gobierno deberá esclaracer lo ocurrido y castigar a los responsables para ennoblecer la negociación educativa y conjurar los espectros de nuevos estallidos sociales.

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