Operativos sorpresa para ‘cazar’ a los coches contaminantes en la Ciudad de México

Los habitantes de la Ciudad de México y los municipios que la rodean viven con un ojo pegado a los puntos IMECA, que miden la calidad del aire. No porque los altos niveles de contaminación les quiten el sueño a la mayoría, sino porque si se dispara la alerta ambiental, las rutinas para ir al trabajo o recoger a sus hijos de la escuela cambian. En los últimos dos meses se han decretado seis y las restricciones vehiculares son hasta ahora la principal medida gubernamental para reducir la contaminación. No obstante, el Centro de Estudios del Premio Nobel de Química mexicano, Mario Molina, ha publicado una lista urgente de propuestas para enfrentar la crisis. La más polémica: operativos similares a los alcoholímetros para cazar a los coches más sucios con el medio ambiente.

Molina, y el organismo que dirige, se han comprometido desde que en marzo se desatara la mayor crisis ambiental del Valle de México en 14 años—que agrupa a la capital y a diferentes municipios del Estado de México— a colaborar con las autoridades en la propuesta de soluciones. Este martes, en una comparecencia en el Congreso, el Nobel mexicano ha hecho algunas sugerencias: "Nosotros proponemos que haya medidas como el alcoholímetro, sea quien sea, a quien pesque el alcoholímetro, se lo lleva. ¿Por qué no hacer una cosa parecida con los vehículos contaminantes?". Y ha añadido otras como un impuesto a los combustibles que recaudaría suficientes fondos como para mejorar el transporte público. Medidas impopulares, ha reconocido, pero "necesarias".

En un informe de mayo de este año elaborado por el Centro de Estudios se muestra un paquete de opciones para la capital. A la espera de una nueva alerta por contaminación, que es casi el pan de cada día para los capitalinos, el organismo ve en la reducción de la flota vehicular el paso clave para avanzar hacia una ciudad más limpia.

Estas son las principales propuestas del informe:

Adiós a los microbuses y al desigual reparto del transporte público

El organismo destaca que el actual sistema público de transporte es "deficiente" además de altamente contaminante, puesto que la mayoría (un 60%) se desplaza en unos vehículos con más de 20 años de antigüedad. Los servicios de metro y metrobús no llegan a las zonas conurbadas, donde vive el 55% de la población. Por eso piden que se extienda la red de transporte masivo de pasajeros 40 kilómetros al año y que se unifiquen los sistemas de la capital con los del Estado de México en un modo de pago único. Para los microbuses y vagonetas propone un programa de "chatarrización".

"El costo estimado de sustituir todas las unidades en circulación en el Valle de México, después de haber hecho más eficiente el sistema, sería del orden de 20 mil millones de pesos", señala el estudio.

Fuera coches. La Ciudad de México no es capital para peatones

El centro critica que las autoridades privilegian el uso del transporte privado con subsidios. Una de las manifestaciones más clara, que señalan, es la gran inversión en la ampliación de carreteras en detrimento de espacios públicos, áreas peatonales o carriles bici.

En el Valle de México hay una flota de cinco millones de coches, además de 300.000 camiones y autobuses con placas federales (exentos de las políticas ambientales de la zona, de momento). Además, se observa el "casi nulo cumplimiento de la normatividad de verificación vehicular" por corrupción de las autoridades competentes. El organismo señala que los vehículos privados son la principal fuente de contaminantes y por eso plantea un impuesto a los combustibles, que refleje los impactos ambientales y el costo para la sociedad. Algo similar a lo que se ha hecho en Tokio o Singapur.

Al sobreprecio de la gasolina le añaden otros desincentivos como la reducción de estacionamiento en las zonas céntricas de la ciudad y el aumento del precio, como han hecho en Londres, Milán o Nueva York. Todo lo recaudado debe ir para la mejora del transporte público.

Regular el transporte de carga

La media de edad de los vehículos pesados es de 17 años, con tecnologías obsoletas que contaminan sin control. Es necesario que se renueven todos estos vehículos, que se sometan a pruebas eficientes de verificación y que, además, se limite su paso por la capital a unos horarios. "Aunque se han definido ciertos corredores a los que el transporte de carga no debe acceder, conforme a sus características, dimensiones y pesos, estos lineamientos no han sido respetados, lo que ha agravado significativamente la congestión en el Valle de México", critica el centro.

Cambios en la verificación vehicular, un sistema corrupto

La verificación vehicular no está funcionando. "El sistema está rebasado por prácticas de corrupción inaceptables. Esto explica que se haya observado un incremento sustancial en el número de vehículos circulando diariamente que en muchos casos, además, generan altos niveles de emisiones", señala tajante el organismo.

El centro se plantea si habría que prescindir de este sistema y hacer más responsable al ciudadano de garantizar él mismo si su vehículo es contaminante o no. Para ello, proponen los sistemas de control callejeros, similares a los alcoholímetros, para sacar de circulación a aquellos altamente contaminantes.

Contener el crecimiento de la ciudad, que crece más que sus habitantes

Hay que acercar el transporte público a los hogares y a los empleos. Actualmente sólo un 40% de las casas de la Ciudad de México se encuentran próximas a una estación de metro o de autobús, según señala el informe. Pero en el Estado de México y la zona conurbada, donde vive la mayoría de la población, el porcentaje se reduce a un 15%.

Actualmente, una fracción muy importante de las viviendas se encuentra en zonas con manzanas demasiado grandes, que no fomentan la peatonalidad en el barrio, ya que limitan el número de intersecciones viales. "Una escala adecuada puede llegar a fomentar usos de transporte distintos al automóvil,sustituyéndolos, por ejemplo,por traslados a pie o en bicicleta", apunta.

Además, el centro propone desincentivar el crecimiento de la ciudad con el aumento del precio del suelo para frenar la especulación urbanística.