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Latigazos, descargas, abortos y prostitución en Líbano

Las fuerzas de seguridad desarticulan la mayor red de prostitución de la historia del país. Las 75 mujeres liberadas eran sirias

Líbano
Mujeres libanesas protestan contra la esclavitud sexual en Beirut. AFP

El señuelo era siempre un hombre y las víctimas jóvenes sirias con problemas familiares o económicos. “Fulano me hizo promesas de matrimonio” o “fulano me ofreció trabajar en un restaurante”, coinciden en sus testimonios las 75 sirias liberadas tras la desarticulación de la mayor red de tráfico de mujeres de la historia del Líbano. “Las chicas estaban en un estado lamentable y cubiertas por moratones o quemaduras”, relata Sandy Isa, periodista de investigación libanesa que entrevistó a ocho de ellas. Las Fuerzas Internas de Seguridad libanesas (ISF, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo dos redadas los pasados 27 y 29 de marzo arrestando a 18 mujeres y hombres implicados. Los dos cabecillas, el libanés Ali Hasan Zeaiter y el sirio Imad al-Rihawi, lograron darse a la fuga. Durante el interrogatorio, quien se hace llamar doctor Riad al Alam, admitió que había practicado hasta 200 abortos a las jóvenes, a los que algunas no sobrevivieron. Los inculpados se enfrentan a penas entre 5 y 15 años de cárcel.

Los testimonios de las víctimas recogidos por la ONG The Legal Agenda son espeluznantes. En los sótanos de los hoteles Chez Maurice y Silver Hotel, en la localidad costera cristiana de Yunie y a 20 kilómetros de la capital libanesa, las jóvenes vivieron un infierno en vida. Golpes, descargas eléctricas, 10 latigazos por olvidar pintarse las uñas o 50 por no recibir propinas de los clientes. La mayoría cruzaron legalmente de Siria a Líbano, algunas antes de la guerra, engatusadas por las promesas de un trabajo o de un marido. Una vez en los hoteles, eran retenidas contra su voluntad, apaleadas y forzadas a prostituirse desde “las tres de la tarde hasta las cinco de la mañana”. Con edades comprendidas entre los 18 y 29 años, además de una menor de 16 años, cada víctima expone motivos propios para abandonar Siria. Algunas llevaban un par de meses secuestradas, otras hasta nueve años trabajando como esclavas sexuales y sin recibir un solo céntimo.

Connivencia policial

El escándalo ha servido no solo para reavivar el debate sobre la laxitud de cara al tráfico sexual en Líbano, sino que ha puesto en evidencia la connivencia de las fuerzas del orden. Cuatro de las jóvenes aprovecharon un descuido de sus guardianes para escapar. En lugar de acudir a una comisaría, desconfiando de los agentes, se dirigieron a la milicia partido libanesa Hezbolá. Estos, remitieron el caso a las ISF. La red de tráfico de mujeres de Chez Maurice llevaba más de un década operando con ingresos que rozan el millón de euros mensuales.

Luces de neón anuncian los superclubs en los arcenes de la autopista de Yunie. Munir, nombre ficticio, es gerente de uno de ellos. En su interior están prohibidas las mujeres. “A veces venían mujeres en busca de sus maridos y montaban un escándalo”, se justifica. En su local trabajan principalmente jóvenes llegadas del este y algunas marroquíes. Pero cada día llegan más sirias acuciadas por la guerra y la pobreza y cada vez se ven más locales entre la clientela antaño monopolizada por los turistas llegados del Golfo. Munir admite que, en ocasiones, las jóvenes son golpeadas por los clientes y que es muy difícil incriminarlos. También asegura que ha de pagar sobornos mensuales a los agentes que en ocasiones cobran sus tarifas en “especias con las chicas”.

Tras el escándalo, las ISF se han apresurado a cerrar otros 13 conocidos cabarets y puticlubs de la costera región. La magnitud de la red también ha puesto en evidencia un sistema judicial incapaz de proteger a las víctimas. “La ley criminaliza a las víctimas”, dice en Beirut Maëva Bréau, coordinadora de la unidad de tráfico de mujeres de la ONG Kafa (Basta en árabe). La única ley sobre tráfico humano data de 2011 y Bréau puede contar con una sola mano los casos de proxenetas procesados. “Las víctimas tienen que demostrar que han sido forzadas, algo muy complicado según los casos”, añade.

La cadena de criminalización comienza con el propio agente a cargo de los arrestos. Kafa imparte hoy cursos en las comisarías para ayudarles a identificar cuándo las mujeres son forzadas o participan de su propio grado. A falta de refugios públicos, parte de las víctimas liberadas se recuperan hoy en un centro de acogida de esta ONG donde reciben tratamiento médico y apoyo psicológico. Bréau confía que este caso marque un antes y un después en la legislación libanesa: “Por primera vez un juez ha dictaminado sin titubeos que las 75 mujeres son víctimas”.