Colombia intensifica la lucha contra el tráfico de migrantes

Navegaban en una embarcación artesanal, sin chalecos salvavidas. Iban uno casi encima del otro. Los 49 migrantes irregulares que fueron rescatados por la Armada de Colombia el pasado febrero se movían por las aguas del Golfo de Urabá, en el noreste del país, sin las mínimas condiciones de seguridad. Habían llegado desde Cuba, Bangladesh y Nepal en la arriesgada travesía que tenía como destino final Estados Unidos. Un mes antes, 15 migrantes africanos habían desaparecido en ese lugar, intentando hacer el mismo recorrido. La escena parece haberse vuelto parte de la cotidianidad de esa región. Pequeñas barcas repletas de gente, la mayoría sin saber una palabra en español y todos corriendo el riesgo de perderse en esa zona, la frontera entre Colombia y Panamá, el punto de unión entre Centroamérica y Sudamérica.

Solo en los dos primeros meses de este año, las autoridades colombianas han deportado a 991 víctimas de tráfico de migrantes (424 más que en el mismo periodo de 2015). La cifra podría ser mayor porque muchos han podido terminar muertos o desaparecidos. Otros lograron llegar al final de su camino. El año pasado, las autoridades rescataron a más de 200 e identificaron a 8.855 víctimas de estas redes, según datos de Migración Colombia.

La promesa de moverlos por el país puede costar 2.500 dólares en pequeños trayectos y varias semanas de viaje. El costo de todo el recorrido, según testimonios, varía de acuerdo con el origen. Mientras un ciudadano cubano debe pagar en promedio 10.000 dólares, un ciudadano chino o africano debe entregar hasta 40.000. Al país también le cuesta. En los dos últimos años Colombia destinó más de 300.000 dólares en la deportación de extranjeros que entraron al país de forma ilegal. “Lo más preocupante es que los migrantes irregulares son tildados en la mayoría de casos como delincuentes”, dice Claudia Quintero, directora de la Corporación Anne Frank, que atiende a víctimas de trata y tráfico de personas.

Las cifras demuestran que en Colombia la migración ilegal ha aumentado. Mientras en el año 2010, se detectaron 823 casos, en el 2015 la cifra creció a más de 8.000. “Es necesario precisar que el número de detenciones ha crecido en los últimos años, gracias a que hemos intensificado los controles y al trabajo que venimos haciendo, de forma coordinada, entre autoridades”, señala Christian Krüger, director de Migración.

Desde 2014, cuando empezó a funcionar el Grupo de investigación de antitrata y tráfico de personas en Colombia, se han hecho 49 capturas de miembros de esas redes. También, algunos integrantes de la misma institución han estado involucrados, como cómplices, en estos casos. Migración señala que “se han identificado redes que delinquen en varios países y otras que operan a escala local. A mayor complejidad de la operación existe una mayor especialización y tecnificación en el desempeño de los roles delictivos”. Por eso, señala la entidad, es difícil determinar la responsabilidad individual de cada miembro de esas organizaciones, que algunas veces llegan a “subcontratar” personas para desempeñar un papel puntual en el peligroso trayecto. “El recorrido de estas personas puede llegar a durar entre seis y ocho meses. Sin embargo, hemos detectado casos de extranjeros a los que les toma más de dos años esta travesía”.

La mayoría de migrantes proviene de Cuba, Nepal y Somalia. Y es poco lo que se sabe sobre sus vidas. Casi todos son deportados a las pocas horas de haber sido encontrados y no se vuelve a saber nada de ellos. Desde la Corporación Anne Frank han intervenido en varios casos para evitar deportaciones por cuestiones humanitarias. “Pero la respuesta del Gobierno ha sido que no existe en el catálogo de visas en Colombia, ‘la visa humanitaria'”, cuenta Quintero.

Los casos siguen. El fin de semana pasado fue detenido un ciudadano cubano que intentaba “mover” a 15 personas desde el Amazonas, en Colombia, hacia Panamá. Las autoridades lograron establecer que seis de ellos portaban documentos de identidad falsos, por los que las redes de tráfico cobran 500 dólares. "Los migrantes quieren pasar, no quedarse. Han invertido todo para llegar a un sueño, que se acaba cuando los regresan a sus países sin saber si allí corren peligro", cuestiona Quintero. Las autoridades insisten en decir que se brinda la atención humanitaria que necesitan, pero reconocen que se les pierde la pista apenas dejan Colombia.