El consejo presidencial de Libia llama a transferir los poderes

El Consejo Presidencial de Libia, un órgano de nueve miembros impulsado por la ONU desde el 17 diciembre, difundió el sábado por la noche un comunicado en el que llamaba a la transmisión de poderes de forma “pacífica y ordenada” hacia un Gobierno de unidad nacional. Probablemente, ni el más optimista de los miembros del Consejo y de los representantes de la ONU deben pensar que esa transmisión será “pacífica y ordenada”. Pero esa es la única salida que el Consejo y la ONU parecen encontrar ahora, después de que fracasase su intento de conseguir el respaldo de los dos Gobiernos y los dos Parlamentos enfrentados de Libia.

Este Consejo presidencial ha apelado a la comunidad internacional a que cesen “toda relación con las autoridades ejecutivas que no deriven del Gobierno de Unidad”. El problema es que el propio Consejo tiene su sede en un hotel de Túnez. Su poder real, hoy por hoy, es nulo. Cualquier extranjero que pretenda viajar a Libia tiene que ponerse en contacto con las autoridades no reconocidas de Trípoli para que le otorguen un visado.

La mayor parte del país está controlado por el Gobierno de Trípoli, producto de alianzas entre milicias y partidos políticos en gran parte de confesión islamista y no reconocidos por la comunidad internacional. Más de mil kilómetros al este de la capital se encuentra la ciudad de Tobruk, sede del otro Parlamento que hasta el día de hoy venía siendo reconocido por la comunidad internacional. El Parlamento de Tobruk debía haber aprobado el Gobierno de unidad que propuso el Consejo Presidencial. Pero ese Gobierno fue rechazado el 25 de enero. En febrero se produjo otro segundo intento, pero la votación no llegó a celebrarse debido a las presiones de un grupo de diputados contrarios a la formación de este Gobierno de unidad. Para aprobar ese Ejecutivo de unidad se requerían 93 votos sobre 175. Ante la imposibilidad de celebrar la votación, 101 diputados firmaron un documento de apoyo al Gobierno de Unidad. Es en ese documento en el que se basa el Consejo Presidencial para solicitar la transferencia de poderes.

Lo que realmente parece impedir el apoyo a un Gobierno de unidad en Libia no son las razones ideológicas o religiosas, sino los nombres propios. En Tobruk ejerce una gran influencia el general Jalifa Hafter, al mando de lo que él proclamó en 2014 como Ejército Nacional Libio. Para el Gobierno de Trípoli Hafter es un criminal de guerra. Para sus defensores, Hafter es el hombre que los libró de la expansión de los “yihadistas” de Trípoli. El Consejo Presidencial debe nombrar un ministro de Defensa y Hafter no quiere perder sus poderes. Tampoco están dispuestas a perder sus negocios y poderes algunas de las milicias que controlan Trípoli. Y en ese terreno pantanoso es donde debería abrirse paso un nuevo Gobierno de unidad.

Para describir el panorama de Libia basta con leer el documento de casi 300 páginas que seis expertos contratados por la ONU presentaron esta semana. He aquí algunas líneas: “En Trípoli ha sido casi semanal la frecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados, especialmente durante el segundo semestre de 2015”. “El Estado Islámico en el Irak y el Levante (EIIL, hoy conocido como ISIS) ha seguido explotando el vacío político y de seguridad para hacerse con el control de un territorio mucho más amplio”. “Los responsables de violaciones de los derechos humanos y otros delitos siguen actuando con total impunidad, especialmente a falta de un sector oficial de la seguridad y ante la renuencia internacional a la intervención (…) En la práctica, diversos agentes armados ocupan parte del vacío, lo cual es fuente de detenciones arbitrarias y malos tratos graves en cárceles de toda Libia”.

Los expertos señalan que el embargo de armas decretado a Libia se burla de forma sistemática, lo que contribuye a que nadie parezca interesado a firmar la paz. “Es posible”, indica el documento “que, de estar mejor equipados, los agentes armados sean menos proclives a acordar ningún alto el fuego ni a aceptar la autoridad del futuro Gobierno de Consenso Nacional y sus disposiciones en materia de seguridad”.

En cuanto a los grupos armados que reinan en Libia, los expertos señalan: “Siguen pagándose salarios públicos a combatientes alistados, al margen de su historial de respeto de los derechos humanos o de sus vínculos con elementos perturbadores o grupos terroristas. Los grupos armados y las redes delictivas han seguido diversificando sus fuentes de financiación, en particular recurriendo a secuestros y al tráfico ilícito de migrantes, derivados del petróleo y bienes subvencionados y percibiendo beneficios generados por sistemas de cambio de divisas”.

Respecto a las finanzas del país, el grupo de expertos indica: “El actual estado del sistema financiero ya no resulta sostenible y necesita con urgencia la supervisión y la protección del Gobierno de Consenso Nacional”. “Sigue sin congelarse un gran volumen de activos ocultos y la prohibición de viajar se ha infringido varias veces, lo cual es indicio de que algunos Estados Miembros [de la ONU] y personas incluidas en la Lista siguen haciendo caso omiso de la medida”. Ese es el territorio que deberá conquista de forma “pacífica y ordenada” el nuevo Gobierno de Unidad.