“Yo no era ni ñoqui ni militante ni kirchnerista”

Andrés Cappa, economista de 31 años, es uno de los 7.000 contratados del Estado argentino que han perdido el trabajo en los últimos dos meses desde que Mauricio Macri inició su Gobierno, después de 12 años de kirchnerismo. Había trabajado en el Ministerio de Economía y en la Seguridad Social hasta que en 2014 se enteró que la empresa estatal Fabricaciones Militares buscaba empleados y pasó las pruebas técnicas que le imponían para ingresar. Allí se desempeñaba en el área de planeamiento y control de gestión, que fue eliminada por el nuevo Ejecutivo, al igual que otras de la compañía.

El pasado 28 de enero llegó a la oficina por la mañana y se encontró con policías en la puerta. Adentro del edificio de Fabricaciones Militares unos agentes de seguridad privada controlaban que no entraran 140 de los 340 empleados de la firma en Buenos Aires. “A los delegados sindicales les dijeron que el nuevo Gobierno tiene la idea de que la empresa sea más chica, que solo fabrique balas y chalecos, y no más productos metalmecánicos, vagones de tren, jeeps, tubos para minería o radares. Como se va a achicar, dicen que no necesitan tanta gente. Así que en este caso no hubo persecución política, ni el argumento era que no trabajáramos. Nosotros estamos de acuerdo con echar a los ‘ñoquis’ (como se les llama en Argentina a los empleados públicos que cobran el salario pese a que no trabajan), pero no los había en Fabricaciones Militares. Yo no era ñoqui ni militante ni kirchnerista. Y la mayoría de los despedidos no era ni militante ni kirchnerista”, lamenta Cappa, que da clases en la Universidad de Lomas de Zamora, pero está buscando un empleo adicional “en un mercado que enfrentará una recesión importante”, según su pronóstico.

Pablo Waisberg, periodista de 42 años, padre de dos hijas, había trabajado como tal desde los 24 en dos agencias de noticias, dos portales de Internet y un periódico hasta que en 2014 fue contratado por Infojus Noticias, un sitio web del Ministerio de Justicia. El 25 de enero pasado, en pleno verano austral, estaba de vacaciones cuando un compañero de trabajo le contó que a varios de ellos se les había bloqueado el ingreso a sus ordenadores. Así se enteraron Waisberg y otros nueve periodistas de Infojus que estaban despedidos. La nueva directora de la agencia les dijo que habían sido echados porque no habían entrado por oposiciones. “Yo creo que borraron a quienes hacíamos notas que molestaban políticamente, sobre el lavado de dinero, la trata de personas, los derechos humanos, los delitos económicos en la (última) dictadura (militar, 1976-1983), para achicar la planta y meter miedo. Ñoquis no éramos ni tampoco de La Cámpora (colectivo juvenil kirchnerista que colocó a militantes en múltiples cargos), yo publicaba cosas que generaban discusiones dentro del Ministerio de Justicia. Además, el planteo de si somos militantes o no es falso porque en democracia es lícito tener ideas políticas, los contratados que trae Macri también las tienen”, opina Waisberg, que ha vuelto a las colaboraciones con diversos medios mientras termina de escribir su cuarto libro.

Juan Ignacio Iribarne, abogado de 33 años, padre de dos hijos, perdió esta semana su trabajo en la Unidad de Información Financiera (UIF, que lucha contra el lavado de dinero). “Yo no milito (en política) ni soy la grasa que sobraba en el Estado. Yo tenía compañeros de trabajo que eran militantes, pero hay que juzgarlos por si trabajaban o no”, opina Iribarne, que asistía a los juzgados que requerían información sobre blanqueo de activos. Era empleado fijo de la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires cuando en 2013 se enteró de que el ente contra el lavado buscaba personal y lo sometieron a tres entrevistas laborales con funcionarios de entonces. Al llegar este lunes a las 7.45 a su oficina se encontró con que la Policía le impidió entrar. Unos 60 contratados fueron despedidos, sobre un total de 240 personas que trabajaban allí. “La única explicación que me dieron es que mi despido era parte de la reestructuración del organismo y que requerían mi puesto. Ahora dicen que quieren luchar contra el narcotráfico, pero yo creo que quieren dejar de investigar a empresas y bancos por lavado de activos provenientes de la evasión impositiva. Las actuales autoridades de la unidad eran abogados que defendían a bancos acusados por lavado, como HSBC. En cambio, echaron a una abogada que llevaba 13 años, desde antes del kirchnerismo, defendiendo las multas contra los bancos”, argumenta Iribarne. Claro que la unidad contra el lavado también ha sido denunciada en los últimos años por la presunta falta de investigación contra empresarios kirchneristas y famosos narcotraficantes. Iribarne responde ante esa acusación: “Es complicado defenderse de eso sin que me hagan causas por revelar datos confidenciales. Pero en 2010 había solo una querella de la UIF contra lavadores y en 2015 había 70”. Ahora este abogado volverá a su puesto en la agencia tributaria bonaerense.