No insistir en lo que no funciona

La London School of Economics (LSE), una de las más prestigiosas y respetadas instituciones académicas del mundo, adelantó la semana pasada en Bogotá algunas de las conclusiones del importante estudio sobre el panorama mundial de las drogas ilícitas que presentará oficialmente este lunes 15 en la capital británica. Se anuncia que el mismo contiene no sólo crudos diagnósticos sino sugerentes propuestas de políticas públicas sobre este tema muy diferentes a las prevalecientes.

El grupo de expertos en Política de Drogas de la LSE fue invitado por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, de Colombia, para hacer recomendaciones sobre cómo enfrentar el futuro de la lucha con el narcotráfico en el país. Lo que este equipo ha trabajado, sin embargo, se proyecta más allá del caso colombiano, tanto en el diagnóstico como en las recomendaciones para la postguerra contra las drogas.

La esencia del análisis está en reenfocar la respuesta al problema de las drogas ilícitas

La esencia del análisis está en reenfocar la respuesta al problema de las drogas ilícitas; ya no en torno a respuestas esencialmente represivas o a programas locales aislados de “desarrollo alternativo”, sino en el desarrollo sostenible como eje. En el análisis y recomendaciones generales que han trascendido destacan tres aspectos.

En primer lugar, superar las políticas prohibicionistas para enfocarse en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tal como los conceptualiza la ONU. Eso supone apuntar más allá de las clásicas políticas punitivas.

Asimismo, superar los clásicos programas de “desarrollo alternativo”, que tocan sólo el fragmento de los sembríos, uno solo de los eslabones de la larga cadena de producción-distribución-consumo. Como ha pasado en el Perú, en donde el éxito en la zona del Huallaga se ha traducido en desplazar la producción de hoja de coca a otras zonas aumentando, incluso, los volúmenes totales de producción al multiplicarse la productividad por hectárea.

En segundo lugar, insertar las políticas públicas sobre drogas ilícitas dentro del marco de la globalización y del derecho internacional. Ello supone tener en cuenta que los tres grandes tratados sobre drogas ilícitas tengan que ser leídos e interpretados dentro del contexto de otras obligaciones mayores. Corresponde, en ello, un espacio prioritario para los derechos humanos (uno de los objetivos explícitos esenciales de la ONU). Es obligación imperativa que los tratados sobre drogas y las políticas públicas al respecto se enmarquen dentro del respeto a las obligaciones internacionales en esa materia.

En ese orden de ideas, por ejemplo, tendrían que ser revisadas las políticas de sobre-criminalización y lo que podríamos llamar el ultra-punitivismo en el combate a las drogas ilícitas. Así, severas penas de prisión para consumidores o micro comercializadores o políticas penales focalizadas, por ejemplo, en mulas o burriers (principalmente mujeres), tendrían que sustituirse por políticas penales que prioricen los eslabones delictivos más graves como el homicidio, la corrupción y, en general, el crimen organizado.

En tercer lugar, políticas de salud pública guiadas por el principio de “reducción de daños” en los mercados ilícitos. En este orden de ideas, la LSE enfatizaría la urgencia de aumentar las prevenciones y respuestas globales —preventivas y de tratamiento—, en el ámbito de la salud pública, a veces marginalizado. En un sentido amplio se podría entender que ello incluye políticas serias en el ámbito social para la juventud.

Estos tres componentes adquieren sentido en la medida en que se inserten dentro de procesos socioeconómicos insertados dentro del concepto de “desarrollo sostenible”. Que este informe de la LSE, en el que se plantea una estrategia medularmente económica, esté siendo avalado por cuatro premios Nobel de Economía, entre otros intelectuales y líderes políticos distinguidos, le da un valor singular. Esperaremos con interés la presentación del próximo lunes en Londres.