La venta de una empresa pública deriva en batalla política en Colombia

La venta este miércoles de la empresa pública Isagén, la tercera compañía generadora de energía en Colombia, ha derivado en una crisis política contra el Gobierno de Juan Manuel Santos. Todos los sectores de la oposición, tanto la izquierda como el uribismo, incluso la guerrilla de las FARC, han criticado la venta por medio de una subasta en la que solo había un ofertante, el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management. El Estado recibirá 6,49 billones de pesos, cerca de 2.000 millones de dólares, por la operación.

La venta de Isagén despertó una cadena de recursos legales que hasta último momento intentaron detener que se vendiera el 57,61% de las acciones de esta empresa. Una transacción que dejará el 17% de la electricidad del país en manos del sector privado, en concreto, un fondo que maneja en torno a 225.000 millones de dólares en activos, especialmente en los sectores de infraestructura y energía.

La operación llega en medio de una caída de la economía colombiana, con una inflación del 6,7%, la más alta en siete años; con el dólar disparado, por encima de los 3.200 pesos y con el petróleo en sus niveles más bajos. El inminente acuerdo de paz con las FARC, además, acelera la necesidad de desarrollar las políticas acordadas para el posconflicto. De ahí que el Gobierno haya defendido la venta de la empresa pública con el argumento de que el dinero recibido se invertirá en 25 proyectos de infraestructura vial. Además, prevé que se generarán 200.000 empleos directos e indirectos. Los opositores a la venta critican que el Gobierno ha entregado un activo rentable, cuyo vacío en el Presupuesto General de la Nación no se podrá suplir.

La venta de Isagén ha derivado en una batalla política en Colombia. El debate ha puesto del mismo lado a sectores tradicionalmente opuestos: el uribismo –que durante el último mandato de Uribe también estudió la posible venta de Isagén-, el izquierdistas Polo Democrático, una parte del sector liberal e incluso la guerrilla de las FARC. También el procurador de la República, el conservador Alejandro Ordóñez, cuestionó la operación. En su opinión, esta afectará a las finanzas públicas, teniendo en cuenta el dinero de los dividendos que el país dejará de recibir anualmente y la falta de sustitución por activos productivos. Según Ordóñez la venta afectará el bolsillo de los colombianos porque se verían expuestos a más impuestos. Un portavoz del Partido Conservador, aliado de Santos, sí defendió la venta: “Es necesaria para tener recursos frescos”.

La polémica por la venta de la empresa energética empezó en 2013, cuando el Gobierno, a través de un decreto, anunció que se vendería un porcentaje de la compañía de generación eléctrica. Pese a que el Ejecutivo defendió que se vendería a través de una subasta, finalmente solo ha habido un ofertante, que ha comprado la empresa por el valor que tenía en el punto de partida, cerca de 2.000 millones dólares.

Sneyder Rivera, representante de la Red de Justicia Tributaria, que integra el comité que ha batallado con recursos jurídicos para evitar la venta, explica que la venta perjudicará a las tarifas de energía del país y recalca que afectará las finanzas colombianas. Isagén tiene siete centrales eléctricas distribuidas en los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander y Tolima. Por la importancia que tiene en el país, Rivera asegura que el hecho de que el fondo canadiense Brookfield haya sido el único postor en la compra es preocupante. “Eso no parece una subasta, es una entrega”.

El proceso para vender Isagén ha estado marcado por varias demandas. Algunas generaron medidas cautelares, que obligaron a que por varios meses estuviera congelada la transacción. Hasta la noche de este martes, el Consejo de Estado estuvo valorando un nuevo recurso jurídico interpuesto por el senador Antonio Navarro Wolf –aliado de Santos en el proceso de paz-, que pretendía frenar la venta al argumentar que en la puja solo participará un oferente. A final, el tribunal rechazó la pretensión y este miércoles se consumó la operación: el 17% de la energía de Colombia estará ahora en manos de un fondo de inversión canadiense.