Bruselas prevé activar un proceso contra las leyes autoritarias de Polonia

Bruselas prevé activar este miércoles el proceso que evaluará si Polonia cumple con las reglas del Estado de derecho. La Comisión Europea analiza la deriva autoritaria de la gran potencia del Este con la intención de arrancar la primera fase de ese procedimiento, consistente en pedir explicaciones a las autoridades polacas sobre sus nuevas políticas. Así lo atestiguan los borradores oficiales a los que ha tenido acceso este diario. Entretanto, Varsovia pasa a la ofensiva al acusar a Bruselas de “presionar al Parlamento democráticamente elegido y al Gobierno soberano”.

La intención del presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, es inaugurar con Polonia este instrumento de control democrático de los Estados, en vigor desde hace casi dos años. “La Comisión Europea considera los acontecimientos en Polonia bajo el mecanismo del Estado de derecho”, plantea el Ejecutivo comunitario, según el borrador de declaración que se prevé distribuir este miércoles a la prensa. No obstante, fuentes comunitarias insisten en que la decisión definitiva solo será firme tras el debate de esta mañana.

El llamado mecanismo de Estado de derecho es un procedimiento que escruta, en tres fases, los usos democráticos de un país. La primera consiste en un proceso de diálogo y consulta sobre los elementos que provocan inquietud en las autoridades europeas. Esa sería la etapa que quedaría este miércoles refrendada —el debate no incluye votaciones— si todo marcha según lo esperado. En una segunda fase, la Comisión lanzaría recomendaciones para corregir los incumplimientos. Si no se saldase el conflicto, la Comisión tendría en su mano aplicar sanciones, que en última instancia contemplan despojar al país de sus derechos de voto en la UE. Nunca se ha recurrido a esta opción.

Lejos aún de ese escenario, el presidente de la Comisión, Juncker, y sus 27 comisarios discuten este miércoles, a puerta cerrada, si los excesos mostrados por el Gobierno ultraconservador que ganó las elecciones en Polonia el pasado octubre justifican la utilización de este instrumento. Es la primera vez que Bruselas lo invoca (existe desde marzo de 2014) y algunos miembros del brazo ejecutivo de la UE temen que aplicarlo solo fortalezca a las nuevas autoridades polacas. Pero la Comisión cree que la aprobación de una ley que dificulta el bloqueo de normas gubernamentales por parte del Tribunal Constitucional y de otra que estrecha el control sobre los medios públicos justifican la alarma.

El Gobierno de Beata Szydlo —dirigido en la sombra por el ultranacionalista Jaroslaw Kaczynski— ya ha empezado a contraatacar. Varsovia envió la noche del lunes la segunda carta de respuesta a las objeciones que le había planteado Bruselas. Tras contestar duramente la semana pasada sobre la ley de medios, Polonia aun ha elevado el tono como respuesta al reproche sobre el Constitucional. El ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, deplora las “acusaciones injustificadas y conclusiones injustas” que le lanza el vicepresidente primero, Frans Timmermans, al que culpa de “intentar ejercer presión” sobre las autoridades nacionales, según la carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Varsovia contraataca

Al igual que la misiva enviada el pasado viernes, esta comunicación rebasa ampliamente los usos diplomáticos propios de estos intercambios. El ministro defiende que lo que su Gobierno hace es “asegurar el correcto funcionamiento del Constitucional” y advierte al número dos de la Comisión: “Polonia es un Estado soberano y democrático. Le pido que en el futuro ejerza mayor contención al instruir y alertar al Parlamento y al Gobierno de un Estado soberano y democrático”.

Polonia muestra así con nitidez su determinación de plantar cara a Europa y de jugar la carta de la soberanía para desdeñar cualquier injerencia de Bruselas. Consciente de este riesgo, Juncker ha aconsejado estos días abundar en el diálogo para evitar que el principal socio del Este —y primer receptor de fondos comunitarios— se aleje de la órbita de la UE.