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La izquierda en México pide permiso para importar semillas de marihuana

El PRD inicia el trámite ante la autoridad sanitaria mientras el Senado abre el debate sobre la regulación de la droga

Legalización marihuana en México
Los jóvenes perredistas muestran su solicitud sellada por Cofepris.

La decisión del Supremo mexicano de permitir a cuatro ciudadanos sembrar marihuana para su propio consumo desató un efecto dominó para conseguir más permisos. En menos de un mes, 55 personas han solicitado esta autorización. A la ola de solicitudes se ha sumado esta mañana el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), con una nueva ofensiva contra la prohibición: presentó 32 solicitudes -una por cada entidad del país- no sólo para consumir y sembrar, sino para importar la semilla de la hierba desde ciudades en las que su venta sea legal.

Sergio Leyva, titular del área juvenil del PRD, acudió ante la autoridad sanitaria (Cofepris) para presentar su solicitud por el Distrito Federal, mientras que otros 31 perredistas las presentaron la semana pasada a nombre de cada Estado del país. Con estas peticiones suman 57 contabilizadas por Cofepris, entre las que se han pedido todo tipo de permisos: para consumo, siembra, transportación, preparación, posesión y ahora importación de la semilla de marihuana, explicó Patricio Caso, asesor y vocero de dicha instancia, quien recibió las solicitudes del PRD.

"Ese es el salto cualitativo de esta solicitud, es integral porque incluye el principio de la cadena, que tiene que ver con la comercialización de la semilla", explicó Abraham Rojas, diputado suplente de Fernando Rubio, quien recientemente propuso la legalización de la planta con fines medicinales.

La intención de los ciudadanos que han solicitado esta autorización es lograr la jurisprudencia necesaria para que el Congreso diseñe una nueva legislación para la droga. Para que esto ocurra, es necesario que el Supremo haya emitido cinco sentencias iguales y consecutivas en las que apruebe esas actividades. El trámite iniciado por el PRD, sin embargo, no puede sumarse a la sentencia que favoreció a los cuatro ciudadanos que ya cuentan con ese permiso porque las solicitudes no son idénticas.

El Senado arranca el debate

El Gobierno federal ha insistido en que la aprobación de la Corte para que los cuatro ciudadanos que lo pidieron puedan consumir y sembrar marihuana no significa su legalización, pero el precedente que sentó la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart) ya logró un primer efecto en el Congreso: la creación de un Consejo Técnico conformado por legisladores, académicos y funcionarios para analizar las alternativas de regulación en México.

Este lunes tuvo lugar la primera sesión del Consejo, en la que el presidente del Senado, Roberto Gil, advirtió que el sistema mexicano debe prepararse para el “alud de precedentes” que están llegando a las instituciones sin que haya condiciones para procesarlas. El senador argumentó también que si Estados Unidos está ensayando modalidades de legalización, México debe estar preparado para las implicaciones. “México no puede seguir poniendo los muertos mientras que Estados Unidos sigue poniendo los consumidores”, dijo.

Gil Zuarth, del conservador partido Acción Nacional (PAN), presentó en marzo de 2014 una iniciativa en la Cámara alta para excarcelar a personas que hayan sido sentenciadas por venta al menudeo de la hierba, y al instalar este lunes el Consejo para la discusión sobre el tema, recordó la urgencia de revisar el lado humano del prohibicionismo: “tenemos que replantearnos si el Estado va a seguir sosteniendo como prioridad la criminalización de los consumidores. Si el daño que estamos previniendo realmente existe y, sobre todo, si es racional tratar diferenciadamente decisiones de consumo y problemas de adicción”.

Los temas que discutirá el Consejo son: los efectos de la planta en la salud; regulación del consumo en relación con la seguridad pública; control sanitario; responsabilidad de daños frente a terceros; sistema penitenciario, contexto internacional, política criminal y tratamiento de adicciones. Durante el primer trimestre de 2016 redactará un reporte final que entregará a ambas cámaras legislativas.

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