Las enmiendas constitucionales en Ecuador

En el año 2007, los ecuatorianos planteamos al nuevo gobierno del Econ. Rafael Correa, la convocatoria a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución de la Republica. En la consulta popular, del 15 de abril del 2007, el pueblo ecuatoriano con el voto afirmativo del 81,72% aprobó la instalación de la Asamblea Constituyente de plenos poderes. Un año después, el 28 de septiembre del 2008, el pueblo ecuatoriano en referéndum aprobó con el 63,93% la nueva Constitución de la República del Ecuador.

La Constitución ecuatoriana del 2008 constituye entonces la más alta expresión democrática y voluntad política del pueblo ecuatoriano, ya que no fue iniciativa del gobierno de Rafael Correa, sino más bien constituyó una demanda de la mayoría de los ecuatorianos, a tal punto que el propio presidente de la Republica, como una forma de congraciarse con el pueblo del Ecuador, sentencio que la nueva constitución durara trecientos años.

El fervor de la nueva constitución nos motivó a identificar novedades propias del neo-contitucionalismo, pero al estilo ecuatoriano, porque todo quedó en el papel: Estado constitucional de derechos y justicia, democrático y soberano, intercultural y plurinacional; un excesivo catálogo normativo de principios, derechos y garantías para el ejercicio ciudadano de los derechos constitucionales; creación de la Corte Constitucional, como una instancia máxima de interpretación constitucional "ajeno a los intereses y actores políticos", y, un órgano de Control Social y Transparencia como un espacio de participación directa de la ciudadanía simbolizando el hecho de que la soberanía radicada en el pueblo; derechos de la naturaleza, un nuevo modelo económico y desarrollo fundamentado en el sumak kawsay – buen vivir, entre otros.

Esta novedosa Constitución tiene tan solo siete años de vida, y paradójicamente el paradigma de los trescientos años de vida que se proyectaba llega a su fin, tan solo debido al interés político particular del Presidente Rafael Correa, quien en mayo del 2014, confirma su intención de ir a un tercer periodo de gobierno, y prácticamente ordena que la Asamblea Nacional realice la reforma constitucional para eliminar el limite constitucional de dos periodos y lograr el objetivo.

Este pedido, al ser planteado por el Presidente de la Republica, se convierte en un mandato de inmediato cumplimiento para una Función Legislativa, que hoy por hoy no es más que una institución sumisa al ejecutivo, por lo que, en el mes de junio del 2014, los legisladores del partido de gobierno envían a la Corte Constitucional, la propuesta de reforma a la Constitución, pero no como reforma, sino como "enmiendas constitucionales", precisamente para evitar procedimientos constitucionales como la consulta popular o la asamblea constituyente.

En este contexto, en la actualidad el pueblo ecuatoriano se ha movilizado para rechazar la aprobación de las enmiendas constitucionales. Pues, si bien uno de los puntos más críticos dentro de las 16 "enmiendas", ha sido el de la reelección indefinida del Presidente Rafael Correa, para los ecuatorianos este punto no es el único problema. Los cuestionamientos y las movilizaciones en contra de dichas enmiendas reclaman el proceso, pues las "enmiendas" que se proponen constituyen cambios profundos que afectan a los derechos y garantías de todos los ecuatorianos, y como tal, no deben ser aprobados por el ente legislativo, sino que deberían hacerse a través de una Consulta Popular.

Este proceso de las enmiendas que lleva adelante la Asamblea Nacional esta concluyendo con un debilitamiento tal, que obligó al Presidente de la Republica a "intentar" dar un pie atrás en la posibilidad de lanzarse como candidato a la reelección en el año 2017.

Si tan solo la reelección fuera el problema entonces el pueblo ecuatoriano hubiera considerado suspender las movilizaciones y las protestas, pero no se trata de permitir o no la reelección de un personaje que se cree el indispensable en la política ecuatoriana; se trata de no permitir la des-constitucionalización de la Constitución de Montecristi y de honrar la voluntad política del pueblo que mediante referéndum aprobó dicha Constitución.

En definitiva, esta reforma vía enmienda no tiene una justificación empírica, jurídica ni política, sino tan solo una justificación egocentrista de un caudillo que busca mayor concentración de poderes en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos como es la participación y la democracia. La salida política y constitucional es el archivo de las enmiendas y la convocatoria a consulta popular.

Lourdes Tiban es Asambleísta de la Provincia de Cotopaxi por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik y una de las líderes nacionales del movimiento indígena.