Obama apela al Tribunal Supremo para que salve su plan migratorio

El Gobierno de Estados Unidos ha echado a rodar su última baza para salvar el paquete de medidas migratorias presentado por el presidente Barack Obama hace justo un año y que pretendía proteger de la deportación hasta a cinco millones de indocumentados. Los abogados del Ejecutivo presentaron este viernes ante el Tribunal Supremo una petición para que los máximos jueces del país reviertan la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans, que la semana pasada confirmó la suspensión de las medidas ejecutivas dictadas por Obama el 20 de noviembre de 2014.

En su argumentación, el abogado del Estado, Donald Verrilli, afirmó que de no revertir la sentencia de la corte de apelaciones se abrirá la veda para que los estados del país desafíen en el futuro las normas federales en materia de inmigración.

La decisión del tribunal de Nueva Orleans de mantener una “suspensión sin precedentes de una política federal migratoria de gran importancia nacional” supone una “violación de los límites establecidos del poder judicial”, sostiene el escrito de Verrilli. De ser mantenida, “permitirá que los estados frustren la capacidad del gobierno federal de aplicar las leyes migratorias del país”, agrega el abogado, que ha defendido ante el Tribunal Supremo algunas de las principales causas de Obama, desde su reforma migratoria al matrimonio homosexual.

Obama sorprendió hace ahora justo un año al anunciar un amplio paquete de medidas que cancelaban la deportación de casi cinco millones de indocumentados, a los que se les permitiría además obtener un permiso de residencia y de trabajo temporales. El programa, conocido por las siglas DAPA, suponía una ampliación del muy popular DACA, las medidas ejecutivas dictadas en junio de 2012 y que han beneficiado a algo más de medio millón de jóvenes indocumentados que llegaron de pequeños al país, los conocidos como “dreamers” o soñadores. La apelación de hasta 26 estados republicanos contra el paquete de medidas de Obama tiene en suspenso desde entonces los dos programas, para frustración de la comunidad inmigrante para la que estas acciones ejecutivas suponían un alivio ante la falta de acción legislativa para lograr una reforma migratoria.

El balón está ahora en manos de la Corte Suprema, que tiene que decidir, antes de que acabe el mes de enero, si acepta el caso o no. De aceptarlo, tendría que pronunciarse en plena campaña electoral ante las presidenciales de noviembre del año que viene, en las que el tema de los indocumentados ha sido una de las principales armas arrojadizas entre los candidatos republicanos y demócratas. Las incendiarias declaraciones de aspirantes presidenciales como Donald Trump, quien desde el comienzo de su campaña ha arremetido contra los inmigrantes, acusándolos de ser, entre otros, “criminales”, han provocado una fuerte reacción en la comunidad hispana, cuyo voto podría ser decisivo en muchos de los estados clave para decidir quién se queda con la Casa Blanca.

Grupos que buscan aumentar la participación electoral de la comunidad hispana en el país -hasta 27 millones de latinos podrían votar en noviembre de 2016- como Latino Victory Project no tardaron en recordar que la retórica antiinmigrante pesará en las urnas.

“Los latinos estamos escuchando. En 2016 habrá 1,5 millones de electores que son afectados por DAPA y que no olvidarán quiénes lucharon por deportar y separar a nuestra familias", afirmó el presidente de la organización, Cristóbal Alex, al saludar la apelación ante el Tribunal Supremo. La comunidad hispana “está lista para pedir cuentas y para luchar por el alivio de la deportación para nuestras familias”, agregó.

Gustavo Torres, líder de Casa Maryland, estaba hace un año ante la Casa Blanca celebrando el anuncio de Obama. Este viernes se plantó con dos centenares de manifestantes unos kilómetros más lejos, ante la sede del Tribunal Supremo, para alentar a los jueces a que acepten un caso crucial para millones de personas, recordó.

“La historia, las leyes y la razón están de nuestro lado. Se ha demorado un poco, pero ahora llegamos a la parte final. Estamos aquí invitando a la Corte Suprema a que tome la decisión. Los jueces son seres humanos y nos escuchan y yo creo que van a tomar una decisión a nuestro favor”, confió.