Bruselas intenta evitar el ‘Brexit’ con concesiones mínimas a Cameron

Las instituciones europeas exploran fórmulas para alejar uno de los escenarios más sombríos que acechan a la UE: la salida de Reino Unido. Pese a las reservas iniciales hacia el desafío británico, la cúpula de Bruselas ha cambiado de estrategia para permitir que el primer ministro británico, David Cameron, se proclame vencedor en el pulso a la UE y pida a sus ciudadanos que voten a favor de permanecer en Europa ante el referéndum previsto para 2017. Los responsables de la negociación en Bruselas buscan una fórmula legal para acotar la participación de Reino Unido sin recurrir a la delicada opción de cambiar los tratados. Cameron remitirá mañana mismo al Consejo Europeo su esperada lista de demandas concretas para cambiar Europa.

De ser una de las grandes amenazas a la unidad europea, David Cameron se ha convertido en un aliado necesario para los líderes comunitarios. Con el vivo recuerdo del riesgo que supuso en verano una eventual salida de Grecia de la zona euro (el llamado Grexit), la UE quiere evitar tensiones similares respecto al hipotético abandono de Reino Unido (Brexit). Para ello la Comisión Europea —el Ejecutivo comunitario— y el Consejo Europeo —representa a los Veintiocho y tendrá la última palabra ante cualquier pacto— perfilan soluciones imaginativas.

Aunque las exigencias británicas se conocerán por escrito mañana, la negociación entre Londres y las instituciones comenzó este verano, con reuniones periódicas en las que siempre surgía el mismo escollo: la falta de una lista de requerimientos con los que Cameron tratase de frenar el impacto del proyecto común en el pueblo británico, crecientemente escéptico hacia la UE.

Fuentes de la Comisión y del Consejo ligadas a este proceso admiten que primero hay que procurar una victoria a Cameron para después tener opciones de que venza el sí a Europa en el referéndum. “Nuestro objetivo es ganarlo. Pero Cameron tiene que ganar antes la negociación, está claro”, asegura un alto cargo comunitario. El sentimiento es compartido por todas las fuentes consultadas.

El antecedente más invocado en Bruselas es el acuerdo firmado con Dinamarca en 1992, que procuró a este país un encaje diferente en el proyecto comunitario. Tras el referéndum que rechazó el tratado de Maastricht por una ajustada mayoría del 50,7% de los daneses, los socios europeos —entonces 12— improvisaron una solución eficaz. Una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno consagró que Dinamarca tenía derecho a excluirse de las políticas de justicia, interior y defensa, así como a mantenerse al margen de la moneda única. También quedó claro que la ciudadanía europea nunca tendría el rango de la danesa.

Frenar la integración

Sin cambiar el tratado de Maastricht, Dinamarca logró que este documento tuviera rango de ley e incluso se registrara en la ONU. Un remedio similar podría arbitrarse ahora. Porque la negativa a cambiar los tratados, como ha exigido Cameron para acomodar las exigencias británicas, es rotunda. Abrir esa caja de Pandora, que requiere la ratificación de todos los países, puede llevar al voto contrario de muchos e incluso a la aparición de más reivindicaciones en un momento de grave caída del entusiasmo europeísta, argumentan en Bruselas.

Más allá de la fórmula para encajarla, de la carta de Cameron se esperan propuestas en cuatro capítulos. El más espinoso alude a la intención del Gobierno británico de privar del acceso a prestaciones sociales a los ciudadanos de la UE que lleven menos de cuatro años en Reino Unido. Aceptar esa premisa supondría conculcar uno de los pilares del proyecto comunitario: la libre movilidad, que establece una igualdad de derechos de los ciudadanos comunitarios respecto de los nacionales del país al que emigren.

Fuentes comunitarias sugieren que, si el Ejecutivo de Cameron considera demasiado generoso su sistema, lo restrinja, pero no a costa de discriminar. El asunto es particularmente sensible para los gobernantes del Este, en otros aspectos cercanos a Reino Unido pero aquí fieramente opuestos porque hay unos 900.000 trabajadores del Este en suelo británico.

Tampoco resultará fácil consagrar una exclusión para Reino Unido del deseo que reza en los tratados europeos de lograr “una unión cada vez más integrada”. Aunque se trata solo de una declaración de intenciones, Londres teme al poder expansivo de esa voluntad. El Ejecutivo de Cameron quiere también garantías de que la mayor integración de las economías del euro no perjudica a los intereses británicos.

El capítulo con mayores visos de entendimiento es el referido a la mayor competitividad de la UE, con una demanda muy particular: que no haya sobrerregulación y que, como gesto, la introducción de cada norma europea implique la retirada de otra. La actual Comisión comparte el fondo de la demanda, pero difícilmente aceptará el corsé de mantener inamovible el nivel regulatorio.