Arturo Zaldívar, el ministro a contracorriente

A inicios de este año una histórica elección para presidente de la Suprema Corte de Justicia de México se llevó a cabo. Los jueces Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar estuvieron empatados por cuatro horas tras 29 rondas de votación. El primero representaba la visión tradicional de los jueces de carrera. El segundo a los externos, que han llegado al tribunal con ayuda del poder político y que suelen inclinarse en favor de reformar el sistema de justicia desde dentro. Aguilar derrotó a Zaldívar cuando uno de los diez ministros cambió su voto para desatascar el proceso. Sin embargo, Zaldívar no ha necesitado la presidencia del Poder Judicial para que su nombre sea popular. Este miércoles, el juez presentó un proyecto a la Primera Sala del tribunal que abrió el camino a la legalización de la marihuana en México.

Fernando Gómez Mont, el secretario de Gobernación (Interior), propuso en 2009 al presidente Felipe Calderón (2006-2012) que Zaldívar ocupara la vacante de Genaro Góngora en la Corte. Al mandatario le gustó la sugerencia. Zaldívar, originario del Estado de Querétaro, era un viejo conocido. Había estudiado en la Escuela Libre de Derecho, donde fue compañero de otros integrantes de su gabinete y del propio Gómez Mont. Calderón pensó que la designación, que debía ser respaldada por el Senado, le daría influencia en el tribunal. El tiempo le mostraría que estaba equivocado.

Zaldívar, un experto constitucionalista con doctorado, arribó a la Corte en diciembre de 2009 para cumplir un periodo de 15 años. En ese entonces la toga no pudo ocultar que llegaba apoyado por el conservador Partido Acción Nacional (PAN). Vicente Fox, el primer presidente emanado de ese partido (2000-2006), lo nombró miembro de la Comisión de Reforma del Estado. En su experiencia como litigante defendió a los bancos frente aquellos que querían levantar el secreto bancario para investigar el rescate de la banca de 1998, conocido como Fobaproa.

El vínculo de Zaldívar con el partido de derechas duró siete meses. En julio de 2010, el ministro presentó ante sus compañeros una ponencia que pretendía atribuir responsabilidades a funcionarios del Gobierno en la muerte de 49 niños en el incendio del ABC de Hermosillo, Sonora (norte del país), una guardería que la Seguridad Social había subrogado a particulares. Días antes de la votación, Fernando Gómez Mont visitó a Zaldívar en su oficina. Le llevaba las palabras del presidente. “Que no se te olvide quién te postuló”, dijo el secretario de Gobernación al juez. Zaldívar no se echó para atrás, aunque su propuesta naufragó en el pleno, donde fue rechazada por una mayoría dando a la tragedia un sello de impunidad que sigue vigente.

En 2012 Zaldívar volvió a convertirse en un dolor de cabeza para el Gobierno de Felipe Calderón. Propuso a sus cuatro compañeros de la primera sala otorgar un amparo y liberar a Florence Cassez, una francesa sentenciada a 60 años de prisión por secuestro, al considerar que varias irregularidades viciaron el proceso legal. Su propuesta no prosperó. Solo él y Olga Sánchez Cordero, otra ministra progresista, votaron por la libertad. La jueza volvió a presentar el proyecto con algunos cambios en 2013, cuando Calderón ya había dejado la presidencia. Esa vez consiguió excarcelar a la reclusa, uno de los hitos más importantes de la justicia en México en los últimos años.

Este miércoles, Zaldívar volvió a presentar un proyecto que no contaba con el respaldo de la sociedad, el Gibierno ni la mayoría de la Suprema Corte. Su propuesta, aprobada por la Primera Sala, declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud y otorgó un amparo a los clubes de cannabis que buscan cultivar la droga para consumo personal. “Pertenece a la autonomía individual… la posibilidad de decidir responsablemente si desea experimentar los efectos de la sustancia”, dice el documento del ministro.

La histórica decisión se logró con cuatro votos en favor y uno en contra. Sánchez Cordero, que finaliza su mandato en la Corte a finales de este mes, apoyó el proyecto. Así lo hicieron también los ministros José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Jorge Mario Rebolledo, de perfil conservador, fue el único ministro en la sala que se opuso.