Mesa de tres patas

Muchos de los conflictos sociales durante el último lustro en los países latinoamericanos han tenido —como nunca antes en la historia— un componente medular en problemas de medio ambiente y, en general, sobre el entorno de los recursos naturales. Levantamientos, bloqueos de carreteras, tensiones, etc. ha sido el mapa conflictual ambientalista en más de una docena de países de la región.

Tres ingredientes han concurrido para que el medio ambiente se presente como foco de conflictos en una dinámica sin aparente solución: inversión en el sector extractivo al impulso de los buenos precios que prevalecían hasta hace poco; reacción de los pueblos —especialmente indígenas— en las llamadas zonas de influencia frente a esa inversión, y Estados sobrepasados por el curso de los acontecimientos, sin saber muy bien qué hacer ni cómo actuar.

Si no existe entendimiento con la población local cualquier proyecto de inversión serio se vuelve inviable

Este es un cóctel explosivo. Pero, en realidad, sólo en apariencia pues lo que puede parecer insoluble, en realidad tiene salida si se considera que para que una mesa esté parada firmemente se necesita que tenga al menos tres patas.

Pensadas —y hechas— bien las cosas, la inversión y la protección del medio ambiente —y de los derechos de las poblaciones en las zonas de influencia de esa inversión— no tendrían que conducir fatalmente a una contradicción antagónica. Todo depende de cómo se hagan las cosas y si existe —o no— una autoridad para marcar la cancha y procesar eficazmente las diferencias de percepciones y perspectivas entre empresas y poblaciones. La articulación entre empresas, población y Estado puede tener un curso fructífero o de colisión dependiendo de cómo se hagan las cosas y, especialmente, de lo que haga o no el Estado. Hay dos grupos de asuntos que deben ser afrontados para avanzar en esa dirección.

El primero es el de los estándares y reglas que deben ser cumplidos para hacer viable y sostenible la inversión en zonas sensibles, es decir en tierras y territorios en los que la inversión tenga impacto directo sobre pueblos y poblaciones, particularmente indígenas. Lo que hace algunas décadas bastaba —la licencia para exploración o explotación otorgada por el Estado— es ahora insuficiente. La licencia social es en los tiempos presentes un componente esencial. Si no existe entendimiento con la población local cualquier proyecto de inversión serio se vuelve inviable.

Las funciones públicas en esta materia no pueden estar repartidas entre varios ministerios

En esto pesa, por cierto, una historia de distancias y hasta de conflictos que deriva en un escenario en el que la desconfianza recíproca es un componente decisivo. Procesar esa contradicción requiere trabajar frente a prejuicios y visiones de larga data para lo cual los espacios de diálogo sostenido son absolutamente esenciales. Eso requiere seriedad y responsabilidad de unos y otros. Debe ser transparente y oportuna la información así como serios y duraderos los compromisos adoptados.

El segundo tema es el de la abdicación de responsabilidades del Estado. Un curso positivo de manejo de ese entorno de desconfianzas no es viable ni sostenible si no se cuenta con una maquinaria de Estado presente, eficiente y activa; en todas las etapas. He podido constatar que muchas veces el Estado se pone de perfil, esperando que sea la empresa concernida la que se las entienda con la gente, como ha ocurrido, por ejemplo, en muchas situaciones recientes en el Perú.

En esto la mayoría de aparatos estatales tienen que pasar por el gimnasio. Primero, asumiendo seriamente su función. Por ejemplo, conduciendo los procesos de consulta y no ser simples espectadores. El Estado debe garantizar que las consultas sean oportunas y adecuadas y que conduzcan a acuerdos legítimos y sostenibles que, sólo así, el Estado tendrá que hacer cumplir. Segundo, el Estado tiene que ser eficiente y organizarse bien. Las funciones públicas en esta materia no pueden estar repartidas entre varios ministerios o instituciones; usualmente, además, pobremente financiadas y estructuradas. Así como los Estados han aprendido, por ejemplo, a organizar con eficiencia razonable las elecciones nacionales o municipales, algo semejante se debería hacer en este terreno.