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La Comisión que estudia el caso Petrobras exculpa a Dilma y a Lula

El órgano está controlado por los partidos citados en la trama de corrupción de la petrolera

El presidente de la Cámara baja brasileña, Eduardo Cunha. Ampliar foto
El presidente de la Cámara baja brasileña, Eduardo Cunha. AFP

La Comisión Parlamentaria creada en la Cámara baja de Brasil para investigar el escándalo de la petrolera estatal Petrobras tenía su guión definido desde el principio: conservar intactos a los 49 políticos acosados por la fiscalía brasileña en el caso. La comisión, un instrumento del Legislativo, está controlada justamente por los partidos citados en la trama de corrupción. Ese lunes ha cumplido su destino: ha publicado su informe final donde ni la presidenta Dilma Rousseff ni su predecesor, Lula da Silva, ni los expresidentes de Petrobras Graça Foster y José Sergio Gabrielli, han sido implicados. En realidad, ninguno de los parlamentarios citados por el Ministerio Público y ya bajo investigación de la Justicia fueron citados.

"La tesis de que se institucionalizó la corrupción en Petrobras es cuestionable. Esta hipótesis es injusta cuando hay miles de empleados", ha defendido el diputado del gobernante Partido de los Trabajadores Luiz Sergio, autor del informe.

Hace algunos meses, un confiado Eduardo Cunha, el polémico presidente de la Cámara baja y hombre clave en la crisis política (por prerrogativas de su cargo es el encargado de abrir el proceso de destitución contra Rousseff), decidió comparecer ante la comisión para realizar una declaración espontánea a sus pares. En ella, aseguró que no poseía cuentas bancarias en el exterior. Sin embargo, la Fiscalía brasileña ha hecho públicas varias cuentas suizas, abiertas por él a nombre de su mujer y su hija, en las que se han movido, aproximadamente, más de 24 millones de reales (casi cuatro millones de euros). Ese dinero, según la Fiscalía, proviene de sobornos de empresas que consiguieron contratos jugosos con Petrobras.

Fue con base en esa mentira que 50 diputados presentaron la semana pasada la solicitud de apertura de un proceso de pérdida del mandato del presidente de la Cámara. Mentir en una declaración pública, según las reglas del Poder Legislativo brasileño, se considera una violación del decoro parlamentario.

El próximo jueves será votado el informe de la comisión, pero todas las miradas siguen puestas en Cunha. Ese lunes, el desafiante diputado reiteró que no va a renunciar y que sigue teniendo la potestad de abrir el proceso de destitución parlamentaria (impeachment) de Rousseff. La oposición no ha perdido las esperanzas que lo haga.

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