Amnistías sin punto final

Se suelen presentar dos visiones contrapuestas sobre las amnistías en el marco del dilema paz o justicia. La primera sostiene que estas son un mal necesario y parte lamentable de una negociación desagradable para lograr una paz pragmática y se enfocan en la necesidad de mantener a las partes en la mesa de negociación. La segunda considera que son un afrenta a la justicia y al sentido de responsabilidad y que terminan debilitando la paz al negarle justicia a aquellos que la merecen.

Pero hemos evolucionado mucho más de lo que creemos. La política oficial de Naciones Unidas, por ejemplo, es “que las amnistías son inadmisibles” si impiden el enjuiciamiento de los individuos que cometieron “crímenes contra la humanidad”, o si “interfieren en el derecho de las víctimas a un reparación efectiva” o “restringen el derecho de las víctimas y las sociedades a conocer la verdad”. Como dijo claramente el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, en su visita a Colombia en febrero de este año: “Es falso el dilema o paz o justicia, porque una sin la otra no pueden sostenerse. Ambas son necesarias y se refuerzan mutuamente”.

En realidad, son muy raros los acuerdos en los que se aprueban leyes de amnistía que impiden la persecución de vulneraciones de los derechos humanos. Ha sucedido en casos como los de Mozambique (1992) y Papúa Nueva Guinea (2001), pero son la excepción. En la mayoría de los procesos donde ha habido amnistías, como en Burundi (2000), Bosnia (1995), Guatemala (1996) y muchos otros, las leyes de perdón fueron limitadas, excluían los crímenes de guerra, y facilitaron una robusta participación de excombatientes en los procesos de desmovilización y una paz sostenible.

La evidencia que resulta de los casos demuestra que las amnistías pueden promover la paz y al mismo tiempo ser compatibles con las normas internacionales sobre responsabilidades por violaciones de los derechos humanos. Amnistías limitadas y cualificadas que autorizan la persecución de crímenes de guerra pueden facilitar los procesos de desmovilización y limitar el riesgo de recurrencia del enfrentamiento armado interno. Y, como sucedió en el caso de Sudáfrica (1993), las amnistías pueden ser una parte de un proceso mayor de integración, reconciliación y conocimiento de la verdad, lo que en muchos sentidos es visto como una forma de justicia.

La interrupción de los procesos de paz habitualmente se asocia con amnistías cuya forma de aplicación se considera insatisfactoria. En el caso de Irlanda del Norte, el Sinn Féin se negó a continuar la desmovilización hasta que los prisioneros de IRA fueran perdonados y liberados.

Hay evidencia que asocia las amnistías con procesos electorales más sólidos tras el conflicto

También hay evidencia que asocia las amnistías con procesos electorales más sólidos durante la etapa posterior al conflicto. En un estudio sobre la aplicación de 34 acuerdos de paz encontramos que, cuando hubo una amnistía antes de las primeras elecciones realizadas tras el fin de la guerra civil, el riesgo de violencia poselectoral disminuyó considerablemente. Al contrario, el regreso a las armas resultó mucho más frecuente en aquellos casos en los que las elecciones no estuvieron precedidas por una amnistía. Por otro lado, casi siempre una amnistía antecede y promueve procesos de conocimiento de la verdad. Según los datos que maneja el Instituto para la Paz sobre Comisiones de la Verdad de EE UU, solo en un 10% de los casos hubo primero comisiones de la verdad y luego amnistías (por ejemplo, en El Salvador, Sri Lanka, Honduras y Zimbabue). En la mayoría de los casos las amnistías estaban ya en vigencia y facilitaron el proceso de conocimiento de la verdad impulsado por las comisiones.

La observación de los casos en general apoya la visión de que las amnistías pueden promover el proceso de paz y no necesitan encubrir abusos de los derechos humanos o crímenes de guerra para ser efectivas. Y que también pueden facilitar procesos de justicia relacionados con la reparación de las víctimas y el conocimiento de la verdad.

Francisco Díez, Jason Michael Quinn y Madhav Joshi son miembros del Proyecto Matriz de Acuerdos de Paz, del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame en EE UU.