Francisco desdice a Benedicto XVI

Aunque a veces tarde siglos, el Vaticano suele acabar entrando en razón civil. "Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre", dice el libro sagrado del catolicismo. Es el principio de la indisolubilidad. Ninguna causa, excepto la muerte, puede provocar la disolución de un matrimonio rato (válidamente celebrado) y consumado (la pareja ha hecho lo necesario para generar prole). El problema surge cuando decenas de miles de matrimonios católicos se rompen cada año mediante un divorcio legal (civil) y presionan a sus párrocos para volver a casarse y, además, seguir recibiendo la comunión. Varios sínodos romanos han debatido sobre esa cuestión en las dos últimas décadas, cerrando de momento el acceso de divorciados al sacramento eucarístico. Con su decisión de agilizar y abaratar los procesos de nulidad, Francisco sugiere que tampoco abrirá la mano en el sínodo convocado para el próximo octubre.

La solución es agilizar y abaratar (incluso, ofrecer gratis) los procesos de nulidad, parece decir el Papa. Es un empeño nada fácil. La nulidad no anula un matrimonio válido. Sólo proclama que tal matrimonio no lo fue nunca. El problema es demostrarlo. Ahora cuesta años de papeleos y declaraciones, además de 800 euros en primera instancia y 600 en la segunda, más abogados y procuradores. Se trata además de trámites muchas veces muy desagradables, cuando la nulidad no se pide de mutuo acuerdo: las parejas se acusan de impotencia, de esterilidad, de violencia, de haber acudido al matrimonio por miedo, por ignorancia, forzados por los padres o por el ambiente social…

Eso explica que el exclusivo Tribunal de la Rota español (los demás países no tienen y han de acudir todos al Tribunal de la Rota romano), solo emitiese el año pasado 488 sentencias de nulidad. En cambio, los tribunales civiles tramitaron 7.041 separaciones (2. 239 contenciosas y 4.802 consensuadas 239) y 126.400 divorcios (50.605 contenciosos y 75.795 de mutuo acuerdo). En resumen, 133.441 parejas decidieron terminar su vida en común en 2014. Si, como presumen los obispos, el 74% de los españoles se confiesan católicos, muchos de esos divorcios son de matrimonios eclesiásticos.

Hay otro problema. Muchos de los enfrentamientos entre el Estado y la Iglesia han tenido al matrimonio por testigo, con la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo como último incidente, en 2005. Los obispos reaccionaron entonces con la misma virulencia que en 1870, cuando se introdujo en España, por primera vez, el derecho a casarse solo por lo civil. Entonces, los periódicos católicos publicaron la noticia de la votación en las Cortes en páginas de bordes negros y los obispos ordenaron la celebración de oficios expiatorios en todas las iglesias porque, dijeron, se acababa de legalizar "el concubinato público universal".

También protestaron los obispos cuando el Gobierno Zapatero reformó en 2005 el Código Civil para agilizar y abaratar los trámites del divorcio. “El divorcio exprés”, calificaron la reforma en la Conferencia Episcopal, cuyo portavoz, entonces eljesuita Juan AntonioMartínez Camino, ironizó afirmando que sería más fácil romper un matrimonio que un contrato de telefonía móvil.

El Vaticano creyó que debía batallar contra esa deriva, que podía contagiarse a otros países, y lo hizo en la dirección contraria que ahora toma Francisco, es decir, endureciendo los procesos de nulidad. “Basta ya de anulaciones a cualquier precio”, clamó el papa Benedicto XVI en febrero de 2011 ante los magistrados del Tribunal de la Rota, reunidos en pleno con motivo de la inauguración del año judicial.

"No es verdad que, para ser más pastoral, el derecho deba hacerse menos jurídico", les dijo. La idea fuerza era que el matrimonio cristiano sigue siendo indisoluble y no se debe ceder "a peticiones sugestivas que hagan que la declaración de nulidad termine teniendo un coste". Benedicto XVI hizo la misma petición a los abogados que ejercen ante los tribunales eclesiásticos. En caso de duda, les dice, el matrimonio debe entenderse como válido hasta que no se consigan pruebas irrefutables. También advertía contra el ambiente social y, una vez más, contra el relativismo que se ha apoderado, según él, de las sociedades modernas.

Sobre la polémica de si un divorciado sin sentencia de nulidad puede acceder al sacramento de la comunión, el emérito Papa alemán fue tajante. "Sería un bien ficticio, y una grave falta de justicia y de amor, allanarles el camino hacia la recepción de los sacramentos, con el peligro de hacerles vivir en contraste con la verdad de su propia condición personal".