Una fundación colombiana alerta sobre la cirugía plástica

Todas lo hicieron por diferentes motivos, pero el resultado fue el mismo: daños en su salud. Las más de 30.000 mujeres en Colombia que, por fines estéticos o médicos, recibieron prótesis mamarias de la marca PIP, cuyo uso fue prohibido en el 2010 después de que estalló el escándalo mundial sobre sus consecuencias para la salud, se unieron para hacer una campaña. Quieren sensibilizar sobre los posibles efectos nocivos de las cirugías plásticas.

Lo hacen ahora aunque ya pasó el estallido mediático que obligó a que la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria suspendiera la comercialización de los implantes fabricados por la empresa Poly Implant Prothèse, porque siguen sufriendo las consecuencias. Lucero Mejía tiene 49 años y vive en Barcelona desde hace cinco. En dos días tendrá que volver a Colombia para una nueva cirugía. Desde el año 2010, cuando le diagnosticaron problemas con sus prótesis y le recomendaron extraerlas, esa ha sido la constante. Exámenes, cirugías, medicamentos. Tampoco pudo volver a trabajar. Perdió parte de la movilidad de uno de sus brazos.

“Me diagnosticaron necrosis (muerte de células y tejidos) en la areola izquierda y también se me afectó un una parte del brazo con una epicondilitis”, cuenta la mujer, que decidió unirse a otras y ser parte de la Fundación H20, que asesora jurídicamente y acompaña psicológicamente a mujeres que tuvieron implantes PIP y que aún sufren sus consecuencias.

“Muchas personas porque queremos vernos mejor o por cualquier otra razón confiamos en un médico. Es difícil creer que en sus manos terminamos peor”, cuenta Mejía, que está a la espera del resultado de una demanda contra el estado colombiano por los daños que tuvo en su organismo. “Es necesario reflexionar sobre los procedimientos estéticos. Es importante que se tome conciencia. No es un juego”, asegura.

Nancy Arcila es la directora de la Fundación H20. Ella también es parte de la lista de mujeres que tuvieron implantes con prótesis mamarias fraudulentas, hechas con silicona industrial que se comercializaron en varias partes del mundo.

“Empezamos a unirnos desde el año 2012, cuando se conoció que éramos muchas las afectadas y se armó todo el escándalo mundial. Hemos crecido y muchas voces se han unido a la petición de que antes de someterse a las cirugías plásticas se lo piense dos veces”, dice Arcila, que lideró una acción de grupo donde incluyó a miles de mujeres para demandar por falta de control y vigilancia al Ministerio de Salud, médicos y clínicas de Colombia.

Ella cuenta que aunque en el 2010 se prohibió el uso de ese tipo de prótesis, los casos continuaron y nadie ha respondido. “No hemos tenido una reparación, esperamos que pronto se defina una demanda que interpusimos. Pedimos una ayuda psicológica y económica por todos los costos que se han generado debido a los otros procedimientos que hemos tenido que buscar”, dice. La situación más complicada la viven las mujeres que están fuera de Colombia.

“Es difícil porque los sistemas de salud no se hacen cargo de las intervenciones médicas generadas por cirugías estéticas sobre todo si fueron hechas en otro país”, dice Arcila, que presentó a la Alcaldía de su ciudad, Cali, un proyecto para que en los colegios se hable sobre los riesgos de las cirugías plásticas y la importancia de la autoestima.

“Queremos generar conciencia en la juventud y mostrar que en algunos casos las cirugías estéticas puede acabar con una vida o dejando marcas que cuesta borrar”, dice. Por eso, varias mujeres de la fundación aceptaron mostrar su cuerpo en unas fotos que fueron publicadas en un diario nacional. “Somos víctimas de la estética y ahora luchamos para que no haya una más”, concluye Arcila.