Sospechas de que Australia pagó para desviar barcos con migrantes

La política de inmigración de Australia ha dado un nuevo giro polémico. Después de poner en marcha un acuerdo firmado con Camboya para que este país reciba a cambio de dinero grupos de inmigrantes recluidos en centros especiales en territorio australiano, se ha conocido que la Marina ha pagado a la tripulación de al menos un barco que transportaba a indocumentados y que trababa de alcanzar las aguas territoriales australianas. La embarcación habría dado la vuelta y puesto rumbo a Indonesia, que investiga ahora el caso.

El capitán y la tripulación de la embarcación —traficantes de personas— recibieron hasta 30.000 dólares australianos (unos 20.600 euros), alrededor de 5.000 cada uno, por desviar su ruta, según varias informaciones publicadas en medios australianos. Unas revelaciones que el primer ministro, Tonny Abbot, ha evitado desmentir. Australia, ha declarado el mandatario este viernes, ha desarrollado enfoques “increíblemente creativos” para detener los barcos con solicitantes de asilo que llegan a sus costas.

“Lo que hacemos es parar las embarcaciones, por las buenas o por las malas; eso es lo que tenemos que hacer y lo que hacemos con éxito”, ha declarado el conservador Abbott a Radio 3AW de Melbourne. “No entramos en detalles sobre las medidas para luchar contra el crimen, no entramos en detalles sobre medidas de seguridad nacional y sin duda no entraré en detalles sobre cuestiones operacionales ahora”, ha dicho. Sin embargo, la titular de Exteriores, Julie Bishop, y el responsable de Inmigración, Peter Dutton, negaron que Australia pague a la tripulación de estos barcos para que alteren su rumbo y no lleguen a su territorio.

El barco redirigido transportaba a 65 personas de Bangladesh, Birmania y Sri Lanka y fue interceptado por los guardacostas australianos a kilómetros de la isla indonesia de Java. Allí, en medio del mar, habrían recibido el dinero y, tras el pago, variaron el rumbo hacia la isla indonesia de Rote, donde fueron detenidos.

Las autoridades de Indonesia se han mostrado muy preocupadas por la fórmula escogida por Australia e investigan ahora el caso, según ha asegurado este viernes un portavoz del Ministerio de Exteriores. "Esto supone poner vidas en peligro. Estaban en medio del mar y fueron rechazados”, ha declarado a los medios locales. Un oficial de policía de la isla de Rote ha denunciado también que hay indicios del pago. “Yo vi el dinero con mis propios ojos”, dijo a la agencia France Presse.

James Lynch, portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), declaró a la BBC que su organización entrevistó a los 65 pasajeros y todos afirmaron haber visto el pago. Lynch explicó que los migrantes fueron trasladados por las autoridades australianas a uno de sus barcos, donde pasaron cuatro días. Después, montaron en otras dos pequeñas embarcaciones y fueron devueltos hacia Indonesia, que les interceptó a finales de mayo.

Las fórmulas de Australia para afrontar la inmigración son muy controvertidas. La semana pasada, este país envió a Camboya el primer grupo —compuesto por cuatro personas— de refugiados, según un nuevo convenio firmado con las autoridades camboyanas, que implica el pago de un paquete de ayuda de 40 millones de dólares australianos (27,5 millones de euros) a cambio de acoger a personas que pretenden solicitar asilo en Australia. Una política que las organizaciones de defensa de los refugiados definieron como “moralmente repugnante”.

Los cuatro solicitantes de asilo —tres iraníes y un birmano de la etnia de mayoría musulmana rohingya— llegaron a Pnom Penh desde la república insular de Nauru, donde habían permanecido encerrados en un campo de refugiados durante meses mientras el departamento de Inmigración australiano procesaba sus solicitudes de asilo.

Australia retiene a los demandantes de asilo que llegan en barco en centros de detención fuera de su territorio. La llamada solución del Pacífico, que se puso en marcha en 2001 con centros de detención en las islas de Manus, en Papúa Nueva Guinea, y Nauru, ha sido duramente criticada por Naciones Unidas, que ha afirmado que viola la convención sobre la tortura y el trato degradante.

Al principio, quienes llegaban en barco permanecían encerrados de forma temporal en estos centros. Pero el Gobierno de Abbott ganó las elecciones con la promesa de evitar que los solicitantes de asilo que lleguen en barco pisen territorio australiano. Esta política prevé trasladar a los indocumentados a países como Camboya o Papúa Nueva Guinea una vez aceptadas sus solicitudes de asilo.

“Lo llaman un acuerdo, pero es una política extremadamente perversa”, denunció el director del Refugee Council of Australia, Paul Power. “Los cuatro refugiados se enfrentaban a una elección imposible: vivir en Nauru sin perspectivas de poder trabajar o ir a Camboya, donde su seguridad y su bienestar no está asegurado”, continuó, recordando que Camboya ha retornado refugiados degar y uigur a las autoridades de Vietnam y China en los últimos meses.

Power denunció que el Gobierno ha gastado 15,5 millones de dólares australianos (unos 10 millones de euros) para trasladar solo cuatro refugiados. La cifra se suma a los 1.200 millones de dólares (unos 800 millones de euros) que Australia gastó en solo un año para mantener los centros de detención en Manus, Nauru y la isla de Christmas, en territorio australiano.

La senadora de los Verdes, Sarah Hanson-Young, denunció que la factura aumenta de forma exponencial a medida que Australia endurece su política migratoria: “Si el Gobierno realmente quisiera ahorrar dinero debería cerrar esos gulags multimillonarios en Manus y Nauru”, reclamó.

Además, a lo largo de los últimos meses, varios informes han roto el muro de silencio que rodea los centros de retención. La Human Rights Commission de Australia, ACNUR y Human Rights Watch han denunciado las pésimas condiciones en que viven las 1.648 personas encerradas en Manus y Nauru. Los demandantes de asilo duermen en tiendas de campaña y comparten baños infestados de insectos. Alrededor del 30% de ellos sufre problemas psicológicos graves como resultado de los traumas sufridos en sus países de origen, o durante el encierro. Un informe de la Human Rights Commission desveló que los 222 niños retenidos allí tienen derecho a solo una semana de clase al año y denunció que el maltrato, el abuso sexual, la automutilación y los intentos de suicidio son habituales en los campos.

El Gobierno argumenta que la estricta política migratoria salva vidas porque disuade a quienes intentan llegar a Australia por mar. “Tras los flujos de demandantes de asilo están la guerra, la violencia y el abuso de los derechos humanos, no las políticas de los países de acogida”, refuta el portavoz de la Refugee Action Coalition, Ian Rintoul. El experto apunta que quienes llegan a Australia en barco representan menos del 1% del total de refugiados que el país acoge cada año.