España y otros 11 países de la UE rechazan las cuotas de refugiados

La principal herramienta ideada por Europa para gestionar la creciente llegada de extranjeros a través del Mediterráneo afronta serias dificultades. España y otros 11 países rechazan la propuesta de Bruselas de distribuir a un cupo de demandantes de asilo entre Estados porque tiene carácter obligatorio. Otros ocho Estados, encabezados por Alemania y Francia, aceptan el esquema, pero piden redefinir los criterios de reparto. La oposición española —y en menor medida la de Portugal— puede acabar echando por tierra la propuesta de la Comisión Europea.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE mostraron gran agilidad para convocar en abril una cumbre de emergencia ante la marea de naufragios en el Mediterráneo, pero los remedios concretos se retrasan. La iniciativa estrella del presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, para aliviar a Italia y Grecia de la presión que viven en sus costas ha sufrido un serio revés en el Consejo Europeo, que representa a los Estados miembros. Casi la mitad de los países con derecho a voto (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no participan porque pueden desvincularse de las políticas europeas de interior y justicia) reclaman que el mecanismo de reparto de los demandantes de asilo sea voluntario, según relata un documento interno de la Comisión Europea y confirman a EL PAÍS distintas fuentes europeas. Ese grupo ha conseguido bloquear la propuesta al menos hasta después de verano. Hasta 12 socios de la Unión persiguen que cada país decida voluntariamente si acoge a los potenciales refugiados que lleguen a Italia y Grecia. El razonamiento es que la política migratoria depende de cada Estado miembro y la Comisión no puede imponer nada.

Ese bloque lo integran casi todos los países del Este (Polonia, Estonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Hungría y República Checa, entre otros), con dos sonoras excepciones. España y Portugal, dos países tradicionalmente más alineados con el eje francoalemán, se sitúan en este grupo más crítico con los postulados que defiende la Comisión Europea. Los negociadores españoles subrayan, además, que este tipo de soluciones consistentes en compartir la presión migratoria generan efecto llamada: más extranjeros en el mar por la expectativa de que Europa acogerá a los que lleguen. Con el criterio fijado por la Comisión, España tendría que acoger en torno a un 10% de los solicitantes de asilo: 4.288 de un cupo de 40.000.

El encaje de España en ese grupo tan atípico puede decantar la votación en contra de la propuesta de Juncker. La mayoría del Consejo requiere reunir el 55% de los países, con representación del 65% de la población, lo que otorga un peso mayor a los Estados grandes. Tras varias reuniones de embajadores y expertos, que han permitido fijar estas posiciones, los ministros de Interior debatirán la propuesta el próximo martes en Luxemburgo, pero finalmente no se votará por las enormes diferencias que han surgido. Esto retrasará un mecanismo concebido para aplicarlo con urgencia —a raíz de la crisis de los naufragios— al menos hasta otoño.

Abiertamente a favor del plan de la Comisión Europea solo se han mostrado Italia y Grecia, los grandes beneficiados por el plan de reubicar en otros países europeos a los potenciales refugiados que arriben a sus costas en el plazo de dos años. Para asegurar que no se trata de inmigrantes económicos, sino de personas con derecho a asilo, Bruselas ha puesto como condición para distribuirlos que sean sirios y eritreos, pero eso no ha vencido las resistencias de los socios más críticos. Varios países critican, además, que la propuesta de la Comisión Juncker pone demasiado énfasis en el Mediterráneo (a pesar de que las cifras y los continuos naufragios dan la razón al brazo Ejecutivo de la Unión). Y un grupo de socios, entre ellos España, achaca a Bruselas que no ponga sobre la mesa más medidas para facilitar la devolución de refugiados a sus países de origen.

París y Berlín, claves

Hay un tercer grupo de países clave en la suerte final del proyecto. Se trata del que encabezan Francia y Alemania, junto a Bélgica, Suecia, Austria, Holanda, Malta y Chipre. Esos ocho Estados miembros están dispuestos a aceptar las cuotas obligatorias, pero discrepan del diseño esbozado por Bruselas. Si se afinasen los criterios de reparto —PIB, población, paro y refugiados acogidos anteriormente—, podrían votar a favor y arrastrar a otros indecisos, incluso del grupo que en este momento rechazan de plano la propuesta. Solo Hungría y República Checa se muestran inamovibles en su posición de bloqueo, según explican fuentes comunitarias. “España está en contra de imponer cuotas por obligación; es un elemento distorsionador”, apuntan fuentes diplomáticas. Madrid pretende que, en todo caso, “pese más el desempleo y que se tenga en cuenta el esfuerzo de contención en sus fronteras”, según las mismas fuentes.