Arabia Saudí iguala en lo que va de año el número de ejecuciones de 2014

La ejecución este jueves en Riad de un paquistaní acusado de tráfico de drogas ha hecho que Arabia Saudí iguale los 90 ajusticiamientos que, según Amnistía Internacional, efectuó en todo el año pasado. Eso lo convierte en el tercer país que más recurre a la pena capital, tras China e Irán, pero además la lleva a cabo de forma especialmente cruel: la mayoría de las veces mediante decapitación por espada y en la plaza pública. Más grave aún, las organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de garantías procesales.

Algunos expertos señalan que el número de ajusticiados se ha disparado de forma drástica desde la llegada al trono del rey Salmán el pasado enero. Resulta una coincidencia morbosa que, a mediados de este mes, el Ministerio de Administraciones Públicas difundiera una oferta de empleo para ocho verdugos; no se pedía experiencia.

“Los primeros meses de su reinado han estado marcados por una ola de ejecuciones sin precedentes, un claro signo de que el uso de la pena de muerte está aumentando en el reino”, aseguraba Philip Luther, el director del Programa de Oriente Próximo de Amnistía, al cumplirse los cien días de reinado de Salmán.

Sin embargo, Adam Coogle, de Human Rights Watch, traza ese incremento a mediados del año pasado: de enero a finales de julio se contabilizaron 15 ejecuciones, mientras que al concluir 2014 sumaban 88, según sus datos. Son cifras aproximadas, ya que los activistas sólo pueden llevar el recuento de los casos que se hacen públicos.

De todas formas, el problema principal es la falta de garantías para los acusados. Amnistía recordaba en su último informe que “los procedimientos judiciales quedan lejos de las normas internacionales de justicia”; a menudo los casos susceptibles de la pena capital se juzgan en secreto, y sólo muy raramente se permite a los acusados contar con asistencia letrada, lo que lleva a que muchos sean condenados sobre la base de confesiones.

De acuerdo con la estricta versión saudí de la ley islámica, o sharía, se castigan con la muerte el asesinato, la violación, el tráfico de drogas, la apostasía y el robo a mano armada. La legislación internacional sólo permite la máxima pena para “los delitos más graves”. Sin embargo, la mitad de las ejecuciones anunciadas en Arabia Saudí no entran en esa categoría y en su mayoría están relacionadas con las drogas.

Especial preocupación despiertan las condenas a personas con problemas de salud mental, como Siti Zainab, una empleada doméstica indonesia ejecutada el pasado 14 de abril; o de menores, como Ali al Nimr, en mayo de 2014. Casi la mitad de quienes acaban en el cadalso son extranjeros, que constituyen un tercio de la población del país.

Aunque las autoridades saudíes defienden el uso de la pena capital y aseguran que sólo se aplica de acuerdo con la sharía y tras un juicio con las más estrictas garantías, el propio Tribunal Supremo ha admitido su discrecionalidad. En un comunicado difundido el 17 de febrero, confirmó que las sentencias, incluidas las que llevan aparejada la muerte, dependen de la discreción del juez y pueden pronunciarse incluso si no se prueba más allá de la duda razonable la culpabilidad del sospechoso.