“¡Renuncie, presidente!”

Así gritaba la gente. El pasado sábado decenas de miles de guatemaltecos se reunieron en la Plaza Central para pedir la renuncia del Presidente Otto Pérez Molina. Las razones de este masivo descontento las resumió el abogado Alfonso Carrillo Marroquín en una declaración publicada en algunos de los periódicos más importantes del país, la cual señala al Presidente como el responsable de los altísimos niveles de corrupción.

La crisis estalló el 16 de Abril cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunció el desmantelamiento de una red aduanera y emitió la captura y órdenes de arresto contra importantes funcionarios, como el Secretario Privado de la Vicepresidencia de la República, el ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria y otros 19 involucrados.

La investigación, que duró más de un año, llego a demostrar la existencia de una mafia de operadores aduaneros, dirigida por el Secretario Privado de la Vicepresidencia, a través de la cual se facilitaba el ingreso de productos al país evadiendo el pago de impuestos. Entre mayo de 2014 y Febrero de 2015, los investigadores detectaron el ingreso de por lo menos 500 contenedores a través de esta estructura ilegal.

A partir de allí, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores comenzaron a exigir la renuncia de la vicepresidente, Roxana Baldetti, por su supuesta participación directa en esta red de corrupción. Esta renuncia se materializó el pasado 8 de Mayo.

Organizaciones de la sociedad civil exigieron la renuncia de la vicepresidente por su supuesta participación en esta red de corrupción

El descontento contra Baldetti era notorio desde antes. Meses atrás, la entonces vicepresidente había expresado su negativa a extender el mandato de la CICIG en el país, alegando que ya no hay necesidad de contar con la Comisión Internacional contra la Impunidad y que era hora de "dejar que las instituciones nacionales se encargaran de luchar contra la impunidad". Esas declaraciones ya habían causado descontento y preocupación en amplios sectores de la sociedad.

La CICIG es un órgano independiente que surge de un acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala a fines de 2006. Constituye un modelo innovador y sin precedentes para promover efectivamente la lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde su creación a la fecha, dicho órgano ha brindado asistencia en más de 15 procesos penales, entre los cuales se encuentra la condena al ex Presidente Alfonso Portillo.

La red de corrupción aduanera desmantelada por la CICIG no es el único caso. A finales del 2014 el Ministerio de la Gobernación de Guatemala otorgó una licitación de mas de 100 millones de dólares para la implementación de un sistema de control migratorio biométrico a una empresa llamada Security Assistance Group S.A (SAG), creada en Guatemala en febrero de 2013 y en la cual figuran como directores un empresario argentino-suizo y una mujer guatemalteca. El proceso de adjudicación estuvo plagado de irregularidades, los pliegos se abrieron únicamente a un pequeño grupo de empresas y fuentes cercanas al caso dicen que el sobreprecio fue de más del 900%, si se considera que el Gobierno de Honduras instaló un sistema similar por cerca de 10 millones de dólares.

Fuentes consultadas en Estados Unidos con conocimiento del caso, mencionan a un funcionario político de la Cancillería Guatemalteca, basado en Washington DC, como uno de los principales operadores detrás de dicha contratación. Dicha persona habría ofrecido a empresas norteamericanas participar en la licitación de manera irregular, obviando las estrictas leyes que en Estados Unidos existen contra la corrupción en el extranjero, ante lo cual recibió negativas rotundas.

La red de corrupción desmantelada por la CICIG no es el único caso

De igual manera, los medios de comunicación en Guatemala han venido denunciando los negocios opacos de la administración de Pérez Molina, de los cuales han surgido investigaciones. Esta misma semana, por ejemplo, el Ministerio Público y la CICIG realizaron allanamientos para capturar a los directivos del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (GSS), por contratos fraudulentos con empresas privadas, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones. Una de las órdenes de captura es contra el Presidente de la Institución, Juan de Dios Rodríguez, quién es además uno de los colaboradores más cercanos al Presidente.

Otros casos investigados incluyen el caso de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca el Lago de Amatitlán, por un monto de 17 millones de dólares, y las negociaciones entre la Superintendencia de Administración Tributaria con la empresa argentina Kolector, la cual buscaba obtener una comisión del 30% del monto recaudado.

Tras las protestas del pasado sábado, Pérez Molina ha declarado no tener intención de terminar su mandato antes de tiempo. Independientemente del desenlace de esta crisis, su gestión ha constituido una total decepción. Una encuesta reciente del periódico Prensa Libre señala que, al mes de Abril, solo un 32% de los guatemaltecos aprueba la gestión del gobierno, y solo 1 de cada 10 personas cree en lo que el Presidente dice o hace.

Al no combatir la corrupción, la impunidad y el narcotráfico, el país se encuentra sumergido en una profunda crisis política. El descontento de la gente ya se hizo sentir.

Ezequiel Vázquez-Ger es director del Centro de Investigación Periodística en las Américas. Twitter: @Ezequielvazquez