La UE creará un centro antiterrorista para perseguir el yihadismo

Casi la mitad de los europeos consideran que el terrorismo es el principal problema de seguridad al que se enfrenta el continente, según un reciente Eurobarómetro. Con esa evidencia y la urgencia que impusieron los atentados de París y Copenhague, la Comisión Europea se propuso adoptar una nueva estrategia de seguridad en la UE. El resultado, presentado este martes, aporta dos novedades: la creación de un centro antiterrorista europeo y un cambio en la definición europea de terrorismo para que incluya también el entrenamiento pasivo.

El texto queda lejos de ofrecer una respuesta a un problema para el que las viejas herramientas ya no sirven. La comunicación aprobada ayer por el colegio de comisarios admite la magnitud del fenómeno de los combatientes extranjeros, pero aporta pocos instrumentos novedosos: “La escala y el flujo de combatientes que van a zonas de conflicto, en particular Siria, Irak y Libia, así como la conexión de estos conflictos no tiene precedentes”, señala el documento que sienta las bases antiterroristas hasta 2020.

La piedra en la que tropiezan una y otra vez los Estados es siempre la misma: la falta de intercambio de información entre fuerzas de seguridad, principalmente entre servicios de inteligencia. Para sortearla, Bruselas propone un centro europeo antiterrorista que dependerá de Europol –la agencia comunitaria que ayuda a los Estados en su lucha contra el terrorismo y contra delitos como el tráfico de drogas y de seres humanos– y garantizará “la mayor confidencialidad en sus comunicaciones”. El Ejecutivo comunitario insiste en este punto porque sabe que de ahí provienen los mayores recelos de las capitales europeas a la hora de compartir información sensible.

“Las amenazas de hoy superan las fronteras y los sectores. El intercambio de información es la esencia de nuestra estrategia”, ha expuesto el comisario de Interior, Dimitris Avramópoulos, en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Avramópoulos no ha querido, sin embargo, comprometer un marco temporal de creación de ese centro antiterrorista.

Otro ámbito en el que falta información compartida es el tráfico de armas, una actividad que escapa a los ojos de las autoridades en toda Europa con bastante facilidad. También se conectarán las unidades nacionales de inteligencia financiera con Europol de forma que se puedan detectar –y cortar– las fuentes de financiación del terrorismo.

Más allá de la actuación coordinada entre Estados, Bruselas ha decidido modificar la definición europea de terrorismo, que deberá incluir como acto terrorista el entrenamiento pasivo (por ejemplo, someterse a adiestramiento para preparar atentados). Hasta ahora la Comisión Europea había sido poco entusiasta sobre esta idea, defendida por el coordinador europeo para la lucha antiterrorista Gilles de Kerchove. Se trata, en cualquier caso, de una iniciativa promovida por Naciones Unidas y que algunos Estados miembros ya tienen incluida en sus legislaciones. Bruselas se compromete a tener lista esa novedad el año próximo.

La Comisión promete estrechar su colaboración con los gigantes de Internet para que detecten y retiren material que incluya apología del terrorismo

La Comisión intensificará además una estrategia que ya inició hace algunos meses: trabajar con los gigantes de Internet para que detecten y retiren de la circulación material que incluya apología del terrorismo y otros delitos. Este año se lanzará un foro con las grandes empresas tecnológicas para combatir esos mensajes en Internet y en las redes sociales en particular.

Estas medidas de cariz más represivo se combinan con otras que tratan de frenar la radicalización de los europeos, un elemento clave en la proliferación de jóvenes con pasaporte comunitario que deciden implicarse en los conflictos de Oriente Próximo. El Ejecutivo comunitario creará un centro de excelencia con expertos en construir mensajes alternativos que puedan actuar en las comunidades locales.

En ese ámbito de la prevención, Bruselas destinará cinco millones de euros a apoyar a las fuerzas judiciales nacionales que investiguen presuntos casos de combatientes extranjeros. Otros cinco millones irán dirigidos a países del Sahel y el Magreb, dos regiones africanas en las que se producen procesos de radicalización pero, al contrario que en la mayor parte de Oriente Próximo, cuenta con algunos Gobiernos que pueden actuar como interlocutores y ayudar a combatir este fenómeno. El dinero irá destinado a promover actividades educativas y culturales que neutralicen los mensajes violentos.