La fiscalía mexicana investiga a la policía por la muerte de 16 civiles

La fiscalía mexicana ha abierto una investigación por la posible responsabilidad de la policía en la muerte de 16 civiles en Apatzingán, Michoacán, según informó este lunes la secretaría de Gobernación. La versión oficial de lo que ocurrió el pasado 6 de enero era que la mayoría de las muertes se habían producido por un tiroteo entre policías rurales y federales y el fuego cruzado entre pistoleros, pero una investigación periodística sostiene, mediante testimonios y vídeos, que los agentes ejecutaron a hombres desarmados, a sangre fría.

La revelación (“mátenlos como perros”, inicia el reportaje que firma la periodista independiente Laura Castellanos) pone en duda la intervención del Gobierno mexicano en Michoacán. La Administración del presidente Enrique Peña Nieto nombró a un zar para esa zona, en enero de 2014, para detener el enfrentamiento entre las autodefensas, civiles armados, y los carteles de la droga que se habían apoderado del territorio y cada vez más actuaban como una mafia que chantajeaba a agricultores y empresarios.

Esta matanza que está siendo ahora investigada se produjo después de que el Gobierno anunciara el desmantelamiento de las fuerzas comunitarias. Expolicías rurales, en señal de protesta, tomaron la alcaldía de Apatzingán y las refriegas se produjeron durante el desalojo en el que participaron los policías federales y el ejército. Hubo dos enfrentamientos distintos en los que involucraban a autoridades, autodefensas y un grupo armado-cartel surgido en la maraña confusa de Michoacán conocido como Los Viagra.

Ya entonces, periódicos como Reforma o programas de televisión como Punto de Partida, pusieron en duda la versión del Gobierno: sonaba poco creíble que las víctimas murieran a manos de sus compañeros, a causa del fuego cruzado, o a las cuitas internas entre ellos. Incluso que hubiera tantas víctimas por parte de los civiles y ninguna de la policía, pese a que era un tiroteo directo.

El asunto había quedado en el aire hasta este sábado. Un día antes de que el reportaje que ha desencadenado la investigación fuera publicado por Proceso, Aristegui Noticias y Univisión, la Comisión Nacional de Seguridad informó en una nota que había recibido un paquete anónimo con un vídeo del cual se desprendía que hubo “un uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Federal”. El Gobierno pretendía adelantarse al impacto que pudieran tener las revelaciones que se iban a producir al día siguiente.

“Podría ser un caso tremendo de violaciones de derechos humanos y de impunidad y falta de respeto al estado de derecho, al debido proceso”, dijo a AFP Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El estudioso compara este caso con el de Tlatlaya. En esa localidad del Estado de México, el ejército dijo haber acabado con la vida de 22 narcos en una bodega después de un intenso tiroteo entre los supuestos criminales y los militares. Una testigo reveló la verdad: los civiles se habían rendido pero aún así fueron ejecutados. Los rastros de sangre quedaron salpicados en las paredes de la bodega.

Alfredo Castillo, la persona de confianza a quien Peña Nieto eligió para controlar Michoacán, ahora titular de una comisión gubernamental de Deportes, sigue sosteniendo que fue fuego cruzado y no una matanza de los policías que estaban bajo su mando. Dice que existieron los dos enfrentamientos, el primero en la alcaldía y el segundo, horas después, cuando los policías rurales intentaron recuperar los vehículos que les habían decomisado. Y rebaja la cifra a nueve, mientras que la investigación habla de 16. “Con las trayectorias, con el calibre de las balas y con la huella de balística también se logró acreditar perfectamente el fuego cruzado, de acuerdo a las trayectorias e impactos que tienen los vehículos”, explicó Castillo al periódico Milenio.