Selma y el voto latino

Este año se celebran 50 años de las marchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, siendo una de las más conocidas las marchas de Selma en el Estado de Alabama. La represión de las mismas se conoció como "Domingo Sangriento". Asimismo, se celebra la promulgación del la Ley de Derecho al Voto de 1965 (Voting Rights Act of 1965), que generó mecanismos para asegurar que grupos minoritarios pudieran registrarse y votar.

Hasta el movimiento civil estadounidense de mediados del Siglo XX, existían limitantes de jure que permitían que ciertos grupos de la población pobre o de minorías raciales fueron excluidas del proceso democrático. La base jurídica de estas leyes se encontraban en las conocidas Leyes de Jim Crow. Este tipo de leyes fueron la base de un sistema de segregación racial que permitió que millones de afroamericanos fueran discriminados en el voto, en el uso del transporte público, en los restaurantes y en el tipo de educación que podían recibir.

Aunque la Decimoquinta Enmienda a la Constitución estableció en 1870 que los Estados no podían impedir el acceso al voto basado en raza, color o condición anterior como esclavo, los gobiernos locales encontraron múltiples mecanismos para restringir dicho acceso. Un ejemplo de esto era el pago de impuestos que se exigían para obtener el derecho a registrarse y votar. Aunque cobrado a toda la población, dicho impuesto afectaba de manera desproporcionada a grupos de bajos ingresos, representando una carga para para afroamericanos, blancos pobres o jóvenes. Posteriormente, la Vigesimocuarta Enmienda a la Constitución, en 1964, prohibió a los Estados que se cobraran estos impuestos en elecciones federales.

Más de 1 millón de votantes están por debajo de la línea federal de pobreza y viven a más de 10 millas de la oficina más cercana de identificación

Sin embargo, antiguos mecanismos de exclusión política a las minorías que muchos creían muertos, ahora parecen revivir y buscan también excluir a miles de hispanos que forman parte del sistema político estadounidense. En la última década, un nuevo tipo de impuesto al voto parece estar apareciendo en el panorama legislativo de los Estados Unidos a través de las leyes de identificación del votante. Estas estrictas leyes electorales promulgadas por 10 Estados de la Unión exigen que el votante tenga en su poder un documento de identificación estatal no vencido y con una foto.

De acuerdo a quienes las promueven, la intención de esta legislación es disminuir los graves casos de fraude electoral que ponen en jaque la legitimidad electoral. Lo débil de este argumento es que un estudio del profesor Justin Levitt de la Escuela de Derecho de la Universidad de Loyola, quien investigó todos los casos de fraude reportados en los Estados Unidos desde el año 2000, encontró que solo hay 31 casos creíbles de fraude electoral por falsa identificación en el alrededor de 1.000 millones de votos en el mismo periodo.

El problema de dichas leyes, más allá de que intentan solucionar un problema casi inexistente, es que afectan a grupos minoritarios que de por sí ya votan poco. Aún más preocupante es que se impone un costo adicional para votar (un neo-impuesto al voto) a grupos con bajos ingresos económicos. De acuerdo con un estudio del 2012 del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, en los 10 Estados con las leyes de identificación más restrictivas, cerca de 1,2 millones de afroamericanos y alrededor de 500.000 hispanos elegibles para votar, viven a más de 10 millas de una oficina que esté abierta más de dos días a la semana y donde puedan obtener esta identificación.

Se impone un costo adicional para votar (un neo-impuesto al voto) a grupos con bajos ingresos económicos

Por otro lado, más de 1 millón de votantes en estos Estados están por debajo de la línea federal de pobreza y viven a más de 10 millas de la oficina más cercana de identificación. Solamente para la obtención de una copia de un certificado de nacimiento se debe pagar entre 8 y 25 dólares. Para ponerlo en perspectiva, los impuestos al voto de la época pre-movimiento civil eran alrededor de 10,64 dólares. Técnicamente, los costos actuales pueden ser potencialmente más altos que los de las Leyes de Jim Crow.

A pesar de que la Constitución estadounidense niega la posibilidad de excluir del voto o crear impuestos al mismo, la lucha no parece terminar. La forma excluyente de hacer política parece no ser una cosa del pasado y por el contrario para muchos legisladores, excluir a ciertos votante es más fácil que ganar su apoyo.

Lamentablemente, aunque mucho se ha avanzado desde las Leyes de Jim Crow, ahora los excluidos ya no son solamente los afroamericanos, sino también los latinos. Es tal vez la hora de que los latinos vean como propia la interminable lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos.

David Guzmán Fonseca es Master en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Twitter @davidguzfon