“Firma, tenemos que estar bien con los nuestros”

Desde hace un mes Venezuela ha dejado en ascuas todos sus planes para atajar la crisis económica. Toda la administración pública está comprometida en alcanzar el objetivo propuesto por el presidente Nicolás Maduro: diez millones de firmas para pedirle al Gobierno de Estados Unidos que derogue el decreto que impone sanciones en este país contra siete altos funcionarios del régimen chavista. Nadie ha descansado. Hasta en Semana Santa se buscaron los nombres. En las empresas compradas por capitales chavistas también están colaborando para llegar a la meta.

En inglés, en español, con tono nacionalista exaltado o más calmado. Es frecuente ver en la televisión local a Maduro y sus más cercanos colaboradores exigiendo el fin de las sanciones. La grey chavista ha aprendido de memoria y en ambos idiomas las frases clave de la campaña No somos amenaza, somos esperanza, que utiliza como una oración —“Obama, deroga el decreto ya”— como etiqueta en las redes sociales.

Esa parece ser de momento la única preocupación del chavismo. Se ha solapado la preocupación por generar más ingresos a partir de la propuesta de incrementar la gasolina, que en este país se regala, formulada por el propio Maduro cuando anunció en febrero sus medidas económicas. El Gobierno había prometido presentar en marzo ante la Asamblea Nacional una propuesta para incrementar el costo del litro. El mes finalizó sin anuncios.

Maduro se ha encomendado a la estrategia de declararse víctima de la agresión imperial para intentar remontar el adverso resultado que pronostican los diferentes estudios de opinión en las elecciones parlamentarias, que aún no tienen fecha. Los diez millones de firmas recuerdan estrategias similares seguidas en el pasado no solo por su antecesor Hugo Chávez, sino por la Revolución Cubana, el abrevadero del gobierno venezolano, cuando intentó sin éxito cosechar diez millones de toneladas de azúcar en la zafra de 1970.

El Gobierno asegura que hasta ahora 9.182.432 personas han firmado la petición contra Estados Unidos. Pero a la par del júbilo que demuestran las autoridades por aproximarse a la meta, también comienzan a conocerse denuncias que indican que las rúbricas no siempre se obtienen de forma voluntaria. La organización Transparencia Venezuela ha documentado tres casos. Y este diario conoció que en el grupo Últimas Noticias, un conglomerado de medios impresos adquirido hace un par de año con dinero relacionado con el Gobierno, los empleados del ala administrativa han sido conminados a apoyar la iniciativa chavista. El vicepresidente de Finanzas de la empresa, Rafael Díaz, le dijo a un empleado: "Firma, tenemos que estar bien con los nuestros". Y toda la oficina, temerosa de perder sus empleos o de sufrir el acoso en venganza, colocó su nombre.