El maltrato y la extorsión habitan en las cárceles de mujeres en México

Ser mujer en una prisión mexicana significa vivir en medio de discriminación, maltrato y extorsión. Esta es la conclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras revisar las condiciones de 77 de los 102 centros penitenciarios para mujeres en México. En un informe, el organismo desvela desde la insuficiencia de recursos humanos y materiales en las instalaciones de las cárceles hasta el cobro de cuotas, abuso sexual y prostitución, así como extralimitación de las funciones de las autoridades que administran los centros.

El Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, publicado este lunes, apunta que las prisiones para mujeres en México “contravienen normas nacionales e internacionales y violan los derechos humanos relacionados con el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas”. La CNDH lleva pidiendo al Gobierno mexicano que trabaje para mejorar las condiciones de las cárceles desde 2013, cuando presentó un reporte con resultados similares, sin que hasta ahora existan avances.

La CNDH acudió a las prisiones de mujeres entre febrero y marzo de 2014 y encontró que los centros con el mayor número de irregularidades se encuentran en el Estado de Guerrero, al suroeste de México, en las cárceles de Chilpancingo y Acapulco. Aunque la capacidad de los penales no está superada —de los 11.259 espacios, están ocupados 11.107— los observadores de la Comisión encontraron hacinamiento y distribución desproporcionada de reclusas. Algunas de las mujeres duermen en el suelo, mientras que otras ocupan espacios privilegiados. Otras viven en áreas para hombres, porque los centros carecen de una zona habitacional para mujeres.

El autogobierno como forma de organización en el interior de las prisiones ha llamado la atención de los observadores. Algunas reclusas se encargan de la venta de espacios y servicios —que en teoría son gratuitos— y los administran como si fueran mafias, que en algunos casos son supervisadas por hombres desde la cárcel varonil. La CNDH encontró también que algunas mujeres cuentan con privilegios como teléfonos móviles, hornos de microondas, frigoríficos y aparatos de televisión, con el consentimiento de las autoridades de los centros.

El informe señala que los responsables de los centros han incurrido en “golpes, amenazas, humillaciones y trato discriminatorio” contra las internas. Dentro de las prisiones hay importantes deficiencias: la mayoría de las reclusas dice que recibe solo dos comidas al día y que la alimentación no es balanceada. Además, siempre según la información incluida en el reporte, la falta de higiene ha generado plagas de insectos y roedores. La atención médica dentro de las cárceles es escasa y no existe atención adecuada para la detección de padecimientos como el cáncer de mama, el cervicouterino o el VIH. Tampoco son tratadas las adicciones de las presas. “El personal médico no integra adecuadamente los expedientes clínicos, se abstiene de practicar certificaciones de integridad física a las internas sancionadas y acudir a las áreas donde son alojadas para verificar su estado de salud o bien, no supervisa la preparación de los alimentos”, se lee en el informe.

No existe atención adecuada para la detección de padecimientos como el cáncer de mama, el cervicouterino o el VIH

Casi la mitad de las mujeres en prisión en México —el 46,33%— tiene entre 18 y 30 años. Algunas reclusas han pedido que sus hijos vivan con ellas en los centros. La CNDH señala, sin embrago, que en algunos de los casos las prisiones no lo permiten y que otras cárceles solo dejan que los menores estén con las madres en sus primeros tres años. Los observadores señalan que tampoco existe atención médica, educación ni una alimentación adecuada para los niños que viven con sus madres en las cárceles.

La Comisión concluye que, ante las numerosas deficiencias, es difícil lograr que las presas en cárceles mexicanas consigan una recuperación y reintegración óptima en la sociedad tras cumplir con sus sentencias. “El Estado mexicano, al no dar atención adecuada a esa población penitenciaria, incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas”, apunta la CNDH.