El viacrucis de encontrar un techo asequible en la Tierra Prometida

 “Para muchos israelíes, la auténtica amenaza a su existencia es el elevado coste de las casas”, advertía recientemente el escritor Ari Shavit en su columna del diario Haaretz, en alusión a la amenaza nuclear iraní esgrimida por Benjamín Netanyahu en su viaje a EE UU. El informe del interventor del Estado, que en Israel también tiene funciones de defensor del pueblo, sobre la carestía de la vivienda que acababa de hacerse público en plena campaña ha puesto en entredicho el modelo social de un país de economía avanzada y que acoge a miles de inmigrantes judíos cada año. La rendición de cuentas del Ombudsman revela que el precio de compra de los alojamientos se ha incrementado un 55% entre 2008 (un año antes de la llegada al poder del líder del Likud) y 2013, y que los alquileres ha subido un 30% en el mismo periodo.

El principal rival de Netanyahu en las urnas, el laborista Isaac Herzog, se ha apresurado a censurar la política del Gobierno saliente por favorecer la construcción de asentamientos en zonas diseminadas de Cisjordania y descuidar los planes de urbanización consolidada. El candidato de la denominada Unión Sionista –que se presenta en coalición con la centrista Tzipi Livni— acusa a Netanyahu de “haber gastado miles de millones de shekels [en las colonias judías] de los que no se han beneficiado las parejas jóvenes”.

Tras las acampadas de protesta que movilizaron a miles de jóvenes israelíes en 2011 contra la falta de viviendas asequibles, la respuesta de la Administración parece haber sido insuficiente. Decenas de jóvenes se han concentrado desde el pasado fin de semana en el centro de Tel Aviv con tiendas de campaña para exigir que se cumplan las recomendaciones del interventor estatal. “Es una protesta de corte político en plena campaña”, analiza el diplomático israelí Yigal Palmor, “que no tiene el profundo sentido social del movimiento de hace cuatro años”.

El Ombudsman, por ejemplo, recomienda aligerar la carga burocrática y poner remedio a la descoordinación que han hecho fracasar las políticas urbanísticas en Israel. Desde que se toma la primera decisión administrativa para poder edificar hasta la entrega de llaves de un piso pueden transcurrir hasta 12 años, según su demoledor informe. La planificación del Estado también fracasó en 2005, cuando pretendió repartir a la población a lo largo de todo el territorio sin contar con los ciudadanos, que se empeñan en asentarse en la zona central del país, donde se concentran la actividad económica y el empleo.