El fiscal que prosigue la denuncia de Nisman acusa a Cristina Fernández

Gerardo Pollicita, el fiscal a cargo de la denuncia que efectuó su colega Alberto Nisman contra la presidenta de Argentina por encubrimiento de terroristas, ha decidido continuar el camino que abrió el fiscal fallecido. O, al menos, parte del camino. Pollicita no ha pedido —de momento— que se interrogue a Cristina Fernández, tal como solicitó Nisman en su denuncia del 14 de enero. Pero ha imputado este viernes a todos los que Nisman incriminó hace un mes: a la presidenta de Argentina, al ministro de Exteriores, Héctor Timerman; al diputado Andrés Larroque y al dirigente Luis D’Elía, entre otros. Todos ellos fueron acusados por Nisman de encubrir a los imputados iraníes en la causa AMIA, es decir, en el atentado terrorista que en 1994 acabó con la vida de 85 personas frente a la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Nisman acusó a Fernández y a los otros de "decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA" con el propósito de "liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán". Ahora Gerardo Pollicita recoge el guante y les acusa también de supuesto encubrimiento. Pollicita solicita en su escrito que se practiquen varias medidas de prueba para que se investiguen las acusaciones que apuntó Nisman. Finalmente, será el juez Daniel Rafecas el que decida si le da curso a las medidas solicitadas por el fiscal. Rafecas apura estas semanas los últimos días de sus vacaciones correspondientes al verano austral. El juez podría adelantar su regreso y hacerse cargo de la denuncia el próximo miércoles 18 de febrero. Esa jornada será el primer día hábil de la próxima semana.

Desde el Gobierno, el secretario de Presidencia, Aníbal Fernández, ha intentado restar importancia a la medida. “No tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia”, ha señalado. No obstante, Fernández ha asumido la gran repercusión que tiene la imputación sobre la opinión pública. “Es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática”, ha indicado. Minutos después, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ha hablado de “golpismo judicial activo”, y ha señalado que el fiscal Pollicita solo intenta generar “impacto político” y “estrépito social”.

En la Casa Rosada y en los medios afines al Gobierno se vienen usando estos días las palabras “golpismo” y “golpe suave”. Hacen referencia al supuesto intento de un sector de la justicia, en supuesta connivencia con la oposición y con los “medios hegemónicos”, es decir los diarios Clarín y La Nación, de “desestabilizar” un Gobierno al que solo restan diez meses de mandato. A los seis fiscales que convocaron una marcha silenciosa de homenaje a Nisman para el próximo miércoles 18 de febrero, cuando se cumplirá un mes de su muerte, se les ha tildado de golpistas desde la televisión pública.

Raúl Plée, uno de los fiscales que ha convocado la marcha del próximo miércoles, ha salido en defensa de su colega Gerardo Pollicita frente a las críticas del Gobierno. “No me parece que sea bueno o razonable que, por la actividad de un juez o un fiscal, se esté diciendo que existe golpismo. Se repite un poco la historia que advirtió Alberto Nisman”, ha señalado en declaraciones a Radio Mitre, perteneciente al grupo Clarín.Los altos cargos que salieron a criticar a Pollicita basan sus argumentos en que la denuncia de Nisman no contiene, en su opinión, ninguna prueba que avale su acusación de encubrimiento de terroristas. En ese sentido, el Gobierno presentó el jueves un escrito de 68 páginas y “carácter institucional” en el juzgado del juez Daniel Rafecas para defender la “falta de culpabilidad” de Cristina Fernández.

El documento, a cargo de los abogados de la Procuración del Tesoro Nacional, señala que Nisman no presentó prueba alguna, ni siquiera como indicio, para acreditar que la presidenta Cristina Fernández o cualquier otro miembro del Gobierno intentaron levantar las órdenes de búsqueda y captura de ciudadanos iraníes. El escrito indica que la denuncia “no aporta ninguna prueba objetiva, ni siquiera indiciaria, de la existencia del hipotético acuerdo secreto”, entre el Gobierno argentino y el iraní.

El constitucionalista argentino Daniel Sabsay ha indicado que la imputación de Pollicita confiere mayor entidad a la denuncia de Nisman, ya que otro fiscal ha decidido impulsar la denuncia. “En Argentina es solo el juez el encargado de procesar. El fiscal se limita a imputar o incriminar”, ha añadido Sabsay. “Pero la imputación conlleva la sospecha de que existe un delito. Por tanto, no es cierto que la imputación no tenga ninguna validez jurídica. Tiene mucha importancia”.