Peña Nieto ordena investigar los escándalos de su propio Gobierno

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se revolvió este martes contra los escándalos inmobiliarios que han enlodado sus últimos meses de mandato y anunció por sorpresa una amplia batería de medidas anticorrupción. En una demostración de que aún no ha perdido la cintura política que le permitió asombrar al mundo hace dos años, Peña Nieto ordenó no sólo una paquete legislativo para evitar los conflictos de interés que tanto le han dañado, sino que se puso él mismo en el ojo del huracán y ordenó que los casos en los que él, su esposa y el secretario de Hacienda se han visto envueltos sean objeto de una investigación pública y supervisada por un panel de expertos nacionales e internacionales aun por definir. Este golpe de efecto lo completó con el nombramiento de un zar anticorrupción, Virgilio Andrade, un alto funcionario vinculado a la esfera económica al que dio rango de secretario (ministro), cartera (Función Pública) un objetivo (investigar al propio presidente y acabar con la corrupción) y a cuya toma de posesión procedió ante las cámaras al finalizar su intervención.

El discurso de Peña Nieto, breve y directo, llegó sin previo aviso sobre su contenido. En un país que acaba de proceder a un inmenso recorte del gasto público (9.000 millones de dólares) y que está siendo sometido al escrutinio de la ONU por el agujero negro de las desapariciones forzadas, pocos esperaban que el presidente diera un puñetazo sobre la mesa por la corrupción. Pero el mandatario apostó por fijar su propia agenda y lo hizo en un tono poco dado a eufemismos.

Arrancó recordando que México no había avanzado en las dos últimas décadas en la lucha contra la corrupción por lo que “no había excusa para no tomar acciones”. En esta línea, insistió en que el fortalecimiento de la legalidad serviría para acabar con las sospechas que han golpeado su Gobierno. Fue entonces cuando hizo un repaso de su propia situación. Tanto él como su esposa, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se han visto salpicados por la compra de inmuebles a empresarios que luego han recibido contratos millonarios de la Administración. En el caso de Rivera y de Videgaray, ambos adquirieron en 2012 viviendas, con su correspondiente financiación, a firmas controladas por Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del poderoso Grupo Higa y con estrechas relaciones personales con el presidente y su entorno.

El presidente destacó que ni su operación (una adquisición en 2005, al iniciar su mandato como gobernador del Estado de México) ni en la de su mujer afectaron a al desempeño imparcial de sus funciones, entre otros motivos, porque “el presidente ni otorga contratos, ni obras ni licencias, ni participa en los comités que lo hacen”. Pese a esta defensa, admitió que los señalamientos han generado “la percepción de que ocurrió algo que nunca ocurrió”, es decir, un conflicto de interés aparente.

Fue entonces cuando desplegó el arsenal que tenía reservado. Primero nombró al nuevo zar anticorrupción y le dio el puesto de secretario de la función Pública, con la encomienda de reforzar el control y la auditoría del Estado así como la vigilancia de los servidores públicos. Luego pasó a enumerar una batería de ocho medidas, entre las que destacan la obligación de los funcionarios de entregar una declaración de posibles conflictos de interés, que se actualizará anualmente y que contendrá, entre otros, actividad profesional, participación en empresas y deudas propias o del cónyuge o familiares dependientes. El modelo será elaborado por la OCDE.