¿Se puede comprar un presidente?

Se dice que puede haber capitalismo sin democracia pero que nunca ha existido un sistema político democrático en una sociedad sin mercado. En un sistema democrático, por tanto, convive la igualdad de derechos con la desigualdad material. Los pobres tienen derecho a votar, pero los ricos influyen en el voto con sus fortunas. Llevado al extremo, el dinero sin límites puede determinar un proceso político. O, lo que es lo mismo, ¿se puede comprar un presidente?

El anuncio esta semana de que la poderosa red de donantes ultraconservadora liderada por los magnates Charles y David Koch planea gastar cerca de mil millones de dólares (885 millones de euros) en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos parece querer responder afirmativamente a la anterior cuestión. La suma desde luego es histórica —aunque cada ciclo electoral arroja un nuevo hito—, pero sobre todo sitúa la influencia de los hermanos Koch al nivel de los dos grandes partidos políticos.

Expertos en financiación de campañas dicen que los fondos con los que los Koch han puesto precio a la campaña de 2016 le permitirán a su red asumir el papel de un partido político de facto.

Esta fabulosa cifra desafía el statu quo político al igualar tanto los que demócratas como republicano esperan gastar en la campaña de 2016. En las elecciones de 2012, el Comité Nacional Republicano (RNC) gastó 404 millones de dólares y su homólogo demócrata, casi 320.

De momento, la red tejida por los multimillonarios de Kansas está todavía debatiendo si empleará parte de ese dinero en las primarias del Partido Republicano, lo que sin duda tendría un fuerte impacto en el campo de los aspirantes a candidatos. Las principales figuras del partido se quejan de la continua fuga de poder y de dinero que sufren los candidatos por parte de donantes multimillonarios tras las sentencias del Tribunal Supremo que relajaban las restricciones a la financiación de las campañas.

Mucho ha cambiado el escenario legal de la financiación política desde que el Congreso decidiera intervenir y regular las campañas federales tras el escándalo del Watergate. En 1974 se creó la FEC (Comisión Electoral Federal).

En 2002 se impusieron restricciones a las contribuciones indirectas: los fondos donados a organizaciones que se dedican a promover una candidatura (como los PAC, Comités de Acción Política).

El Tribunal Supremo impuso una reforma que propició que las donaciones a partidos políticos y candidatos hayan sido protagonistas en las últimas convocatorias electorales. En 2010 se abrió la puerta al gasto ilimitado por parte de grupos políticos y empresas a favor de un candidato, creando básicamente la figura de un intermediario, ya que las aportaciones directas a las campañas siguen siendo limitadas. Ya en 2014, se modificó la cantidad límite que puede donar una persona a un partido o comité electoral.

Preguntado por su opinión sobre la cifra que los Koch aportarán a 2016, el director de comunicación del Comité Nacional Demócrata (DNC), Mo Elleithee, respondió a la página web informativa Politico de manera sarcástica: “¿Quiere decir que un puñado de multimillonarios se va a gastar 1.000 millones de dólares que llevan como cambio en sus bolsillos para intentar comprar a un presidente y amañar el sistema a su favor para ser los únicos que no paguen impuestos? ¡Estoy estupefacto!”.

Lloyd Hitoshi Mayer, profesor de Derecho en la Universidad de Notre Dame, contesta con un rotundo “no” cuando se le pregunta si con suficiente dinero se podría comprar al próximo presidente de Estados Unidos. Mayer advierte de que los candidatos tienen que conquistar votos, y no solo dólares: “Históricamente, los candidatos republicanos han logrado más apoyo financiero, pero a menudo son los demócratas los que ganan”.