Expropiaciones, la otra deuda pendiente en Cuba

¿Cuánto puede costar la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos? Las 5.913 empresas estadounidenses que mantienen una demanda oficial contra las expropiaciones tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959 manejan una cifra: más de 7.000 millones de dólares (5.800 millones de euros). Es lo que calculan —con intereses— que les ha costado hasta la fecha las incautaciones. Fue precisamente la nacionalización sin compensación de bienes de empresas estadounidenses lo que detonó el embargo norteamericano a Cuba. Una sanción que dura ya más de 50 años y que el proceso de normalización de relaciones anunciado por el presidente Barack Obama no elimina por completo. Al haber sido transformada en ley en 1996 —el Acta Libertad o Ley Helms-Burton—, ese paso depende sólo del Congreso.

Pero Cuba replica con otra cifra más aplastante: la de los más de 100.000 millones de dólares que afirma que le ha costado el “bloqueo”, como lo denomina La Habana. Entre las dudas por resolver tras el anuncio del restablecimiento de relaciones con la isla, la reclamación de propiedades es uno de los temas que podrían causar más quebraderos de cabeza.

“No está claro todavía qué efecto van a tener estos cambios (de la política de EE UU hacia Cuba) en el estatus de las reclamaciones”, reconoce la Comisión para la Certificación de Demandas en el Extranjero del Departamento de Justicia norteamericano, que es la que avala el reclamo de las casi 6.000 entidades estadounidenses.

El bufete de abogados especializado en este tema Poblete Tamargo emitió una “alerta a clientes” la semana pasada indicando que este asunto podría empezar a ser discutido en las conversaciones migratorias en La Habana a finales de enero, que será el primer contacto bilateral de alto nivel desde el anuncio del deshielo.

Una portavoz del Departamento de Estado dijo que, aunque esta cuestión “sigue siendo una prioridad para el Gobierno” estadounidense, por el momento no se puede delinear un “calendario específico” sobre cuándo empezará a ser debatido.

Tampoco es un tema tan urgente, según varios expertos. “No es inmediato, no creo que sea ni remotamente una precondición ni una piedra en el camino”, afirma el abogado estadounidense de origen cubano Pedro Freyre, especializado en inversiones en América Latina y en el embargo a Cuba. Otra cosa será cuando se empiece a analizar seriamente cómo desmontar el embargo a la isla. Y ahí sí podría convertirse este tema en un arma política, reconoce Freyre. Porque la Ley Helms-Burton establece como “condición esencial” para la “completa” reanudación de las relaciones diplomáticas y económicas entre EE UU y Cuba que se logre una “solución satisfactoria” de este asunto.

Con todo, a Freyre no le inquieta esta negociación pendiente. “Cuando Cuba empezó a hablar con EE UU seguro que todo el mundo tenía entendido que en algún momento habrá que sentarse a conversar el tema”, apunta. Muestra de ello es el estudio que el Gobierno de EE UU encargó en 2005, cuando aún gobernaba el republicano George W. Bush, a la Universidad Creighton de Nebraska para buscar un “mecanismo” que permita resolver las reclamaciones de propiedades bilaterales.

La universidad propuso la creación mediante tratado u orden presidencial de un “tribunal bilateral” que actúe como árbitro y resuelva formas diversas de compensación, desde la vía monetaria para las demandas más bajas a, en el caso de reclamaciones más altas y difíciles de asumir por Cuba, “alternativas” como garantizar beneficios fiscales u otros incentivos de inversión.

Es lo que Freyre denomina “soluciones creativas” y que, en el caso de Cuba, ve como la alternativa más plausible. De un lado porque, según recuerda, “Cuba no es Kuwait”: no tiene una gran reserva de dinero que le permita asumir una compensación multimillonaria. “Si de un dólar te llevas cinco centavos te podrás considerar afortunado”, advierte.

Por otro lado, quizás lo más crucial para buena parte de las grandes compañías con reclamos —como Coca-Cola, Colgate-Palmolive o las petroleras Exxon y Texaco—, podría resultarles mucho más ventajoso en el futuro negociar un arreglo que les permita invertir de nuevo en el mercado cubano, en el que muchos ven grandes posibilidades. Por eso el consejo de Robert Muse, otro abogado que asesora a este tipo de empresas, es mostrar “flexibilidad” a la hora de negociar con La Habana, porque este tipo de acuerdo podría ser una “muy buena manera de arrancar de nuevo las inversiones” en una isla donde empresas de otros países les llevan décadas de ventaja a las norteamericanas.

“El análisis de una empresa norteamericana que perdió propiedades en Cuba ha cambiado por completo el 17 de diciembre de 2014”, dice Freyre. “De ser una elucubración en un futuro lejano, que puede que pase o no, el Gobierno ahora ha anunciado que está cambiando de política. El juego es diferente”.