EE UU aprueba ampliar las sanciones contra altos cargos de Venezuela

La ampliación de las sanciones contra altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro gana terreno tanto en el Congreso de EE UU como en la Casa Blanca. Después de 10 meses de discusiones, la nueva mayoría republicana en el Senado estadounidense aprobó el lunes un proyecto de ley que prohíbe la entrada al país y bloquea los activos de medio centenar de altos cargos venezolanos señalados como responsables de la represión en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que estallaron en Venezuela el pasado febrero y en las que murieron al menos 43 personas.

Para que el proyecto entre en vigor solo resta el visto bueno de la Cámara de Representantes —que ya aprobó una iniciativa similar en mayo— y que el presidente Barack Obama promulgue la ley. El mandatario se ha mostrado dispuesto a endurecer las medidas adoptadas por su Administración en julio, cuando restringió los visados a un grupo indeterminado de dirigentes chavistas.

La votación en el Senado se llevó a cabo 48 horas después de que la principal opositora al proyecto, la senadora demócrata Mary Landrieu, perdiera su escaño en la segunda vuelta electoral del sábado en el Estado de Louisiana. Landrieu objetó las sanciones en agosto, alegando que la medida podría provocar despidos masivos en la planta de refinamiento que posee que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la ciudad de Lakes Charles.

Sin embargo, tanto la bancada demócrata como el Departamento de Estado ya habían dado muestras de su voluntad de extender las medidas contra Venezuela. A finales de noviembre, uno de los principales asesores en política exterior del presidente Obama y candidato a subsecretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró durante una audiencia en el Senado que el Ejecutivo estaba dispuesto a trabajar con ambas cámaras en la ampliación de las sanciones.

Washington había optado hasta ahora por esperar los resultados del diálogo entre el Gobierno y la oposición promovido por Unasur; también por evitar medidas que pudieran resultar contraproducentes a largo plazo. Esto implicaría un nuevo golpe de timón en su estrategia hacia Caracas, justo cuando el presidente Maduro ha anunciado una nueva revisión de sus relaciones con EE UU por otro supuesto caso de injerencia.

“Este es un paso largamente esperado, pero importante para demostrar el compromiso de EE UU con los derechos humanos y las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, en palabras y acciones”, sostuvo Marco Rubio, senador republicano por Florida, quien desde marzo pasado ha impulsado este proyecto en el Senado junto con los demócratas Bob Menéndez (Nueva Jersey) y Bill Nelson (Florida).

En junio, Rubio hizo públicos los nombres de 23 altos cargos venezolanos que serían susceptibles de sanciones. Entre ellos figuran el exjefe de la antigua Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Carvajal; el actual director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Iván Hernández Dala; el excanciller y actual ministro de Comunas, Elías Jaua; el exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres; los gobernadores de los estados Bolívar, Táchira, Mérida y Trujillo, Francisco Rangel Gómez, José Vielma Mora, Alexis Ramírez y Henry Rangel Silva, respectivamente; y la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

El pasado 29 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley similar para prohibir la entrada al país y bloquear los activos de quienes “han perpetrado o son responsables” de vulnerar los derechos humanos de los manifestantes venezolanos. El 30 de julio, el Departamento de Estado anunció la revocación o denegación de visados contra los venezolanos involucrados en “detenciones arbitrarias”, “uso excesivo de la fuerza” o en los “esfuerzos por reprimir la expresión legítima del disenso”, sin especificar quienes serían afectados.