Obreros y capital, mismos derechos

La cruzada antiinmigración relanzada por David Cameron es injusta, ineficaz, perjudicial, ilegal (casi seguro) y antieuropea.

Son propuestas injustas, porque cargan sobre la espalda de los más débiles (los no nacionales) la responsabilidad del impacto de la crisis en los servicios sociales (dificultándoles el acceso a la vivienda). El señorito quiere echar al obrero que no encuentre empleo en breve plazo (seis meses), como si esa mala suerte fuera culpa suya.

Combatir la inmigración de rumanos, búlgaros y otros europeos es también ineficaz. Primero porque el principal origen de la inmigración no es comunitario, sino de terceros países. El flujo neto de estos, 168.000 personas en los 12 meses que acabaron en junio, fue un 18% superior al de los europeos continentales, como recordaba este viernes Martin Wolf en el FT. Segundo, porque en muchos casos buscan empleos que los británicos rechazan y quedarían vacantes. Tercero, porque esta cruzada fracasará: “No impedirá que muchos vengan, porque en su inmensa mayoría emigran para trabajar, no para buscar otros beneficios”, razona John Springford en un estudio del Centre for European Reform.

Y debe fracasar, sobre todo, porque se trata de una política perjudicial para el propio Reino Unido, pues atenta contra su economía. Es ya muy nutrida la literatura científica demostrativa de que los países de acogida salen ganando con la inmigración. La clave es que el saldo presupuestario neto entre los beneficios que aportan los nuevos habitantes (en general jóvenes, dinámicos y sanos) en forma de impuestos y tasas, son superiores a los costes de dispensarles beneficios sociales (educación, sanidad y otros): son contribuyentes netos. Así, arrasar con esa mano de obra no haría sino disminuir —no olviden: lo contrario de aumentar— el nivel de vida de los locales. (Encontrarán reseña cuantificada de los estudios en “Mercancías, sí; emigrantes, no”, EL PAÍS, 10 de abril).

Las propuestas serán ilegales en cuanto atenten contra el principio de no discriminación por razón de nacionalidad consagrado en el Tratado de la UE y bien desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo (su reciente sentencia Dano no autoriza cualquier limitación de derechos). Para legalizarlas habría que, como ya sugiere Londres, cambiar el Tratado (tarea titánica) o ciertas directivas (lo que exige consenso en la Comisión, el Consejo y el Parlamento), vías por fortuna cegadas para propósitos electoralistas tan viles.

Al contrario: la Comisión debe tomar la iniciativa. Para recordar que la libre circulación de personas es, con la de capitales, mercancías y servicios, pilar de la Unión. En plata: los obreros deben tener al menos los mismos derechos que el capital (desde 1988/90). Para convencer a Cameron, sugiéranle que puede ser excluido del inminente mercado único financiero (hay maneras), el gran interés británico actual. Contra amenazas, al menos advertencias.