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Primera ley china contra la violencia conyugal

El 25% de las casadas ha sido agredida por su marido, según un estudio oficial

Una protesta en 2012 en la provincia de Hubei. Ampliar foto
Una protesta en 2012 en la provincia de Hubei. REUTERS

China ha presentado su primer proyecto de ley contra la violencia conyugal. La propuesta tendrá que ser aprobada por la Asamblea Nacional Popular (ANP) a finales de diciembre después de haberse sometido a los comentarios del público. Un estudio oficial de 2011 indica que el problema afecta al 25% de las casadas, aunque según algunos expertos la cifra podría ser mayor.

La ley sólo trata la violencia dentro del matrimonio y no de aquellas parejas que convivan o a las mujeres divorciadas

El proyecto define por primera vez lo que es violencia conyugal e incluye medidas para luchar contra ella. Aunque vaga, muchos activistas le han dado la bienvenida a esta iniciativa como un primer paso, especialmente, para la concienciación ciudadana sobre el problema. Ayudará también en los tribunales, donde ha sido difícil enjuiciar los casos ante la falta de una definición legal.

No obstante, otros matizan que lo importante será ver hasta qué punto se aplica. También consideran que la ley cuenta con importantes limitaciones, ya que sólo afecta a la violencia dentro del matrimonio y no a aquellas parejas que convivan o a las mujeres divorciadas. Asimismo, considera violencia conyugal la física o la mental, pero no prevé otros supuestos, como la presión contra la mujer por la vía económica.

Se podrán imponer órdenes de alejamiento y los tribunales tendrán dos días para decidir si las aplican

Hasta ahora, en China la violencia conyugal estaba considerada una cuestión privada. Muchas de las afectadas, según reconocía la Federación de Mujeres de China, no informan sobre el maltrato que sufren, ya que consideran el abuso verbal, las palizas y las humillaciones por parte de sus cónyuges como parte de sus quehaceres diarios. Un comunicado de esta organización establecía que “la violencia conyugal no es una disputa familiar, sino una agresión contra los derechos públicos y debe resolverse con medidas legales”.

La nueva ley prevé que la policía tendrá que responder a las denuncias de violencia conyugal. Se podrán imponer también órdenes de alejamiento y los tribunales tendrán un máximo de dos días para decidir si las aplican. No tendrá que ser únicamente la víctima quien denuncie el abuso, sino que también lo podrán hacer otras personas. Las autoridades gubernamentales y judiciales tendrán que proveer tratamiento médico y asistencia jurídica a quienes se sospeche que hayan padecido esta violencia.