Toda una lección para no jugar con fuego
No afrontar los problemas a tiempo es situarse al borde del abismo
La comisión presidida por Lord Smith of Kelvin, sobre la ampliación de poderes para Escocia, ha emitido su informe. Es destacable que lo haya hecho dentro del corto plazo establecido —dos meses—, tras una amplia consulta política y social en Escocia y con el acuerdo de todos los partidos, incluidos los independentistas SNP (Partido Nacional Escocés) y los Verdes Escoceses. El primer ministro británico, David Cameron, ha afirmado que asume todas las propuestas de la comisión y que las tramitará en el Parlamento de Westminster durante el mes de enero.
El informe establece —tal y como se le pedía— los principios de acuerdo sobre los que deberá reformarse la autonomía escocesa. Aunque garantizar “el carácter permanente del Parlamento escocés” o incorporar al cuerpo legal la Sewel Convention —que compromete al Parlamento británico a no legislar en materias de la competencia de Escocia sin el acuerdo de su Parlamento— puedan parecer nimias en España suponen una reforma constitucional en Reino Unido, en el camino de superar los peores efectos del principio de soberanía parlamentaria, tan profundamente incrustados en la mentalidad política británica. Trascienden a Reino Unido la necesidad de reforzamiento de las estructuras de relación intergubernamental, la implicación de los representantes de Escocia en la política británica en la Unión Europea o la participación consultiva en distintas políticas (transportes, energía, telecomunicaciones, etcétera).
Pero, por encima de todo, la reforma se dirige a dar satisfacción a las reclamaciones más profundamente respaldadas por la ciudadanía escocesa: atribuir poderes que permitan a Escocia desarrollar su economía y su sistema de bienestar (pilar II) y, muy especialmente, ampliar las competencias en materia fiscal (pilar III). Se atribuyen amplias competencias en la determinación del tipo en el impuesto de la renta —eliminando los límites al tipo—, y recibiendo Escocia el total de lo recaudado en su territorio, así como el rendimiento de los primeros diez puntos del IVA, deduciéndolo de la cuantía de la financiación (block grant) garantizada por Reino Unido (Barnett Formula). Siguen siendo, sin embargo, impuestos compartidos con Reino Unido y seguirán siendo gestionados por la Hacienda británica.
La mayoría de los demás impuestos de importancia seguirán siendo de la plena competencia del Parlamento británico. Muy lejos del Concierto —o Convenio— económico del País Vasco y Navarra.
¿Será Reino Unido capaz de poner fin a la crisis independentista de Escocia tan rápidamente y con un acuerdo generalizado?
Los principios de acuerdo deben ser desarrollados en detalle. Y ahí es donde se esconde el diablo. Ese diablo puede ser el Partido Conservador si insiste en aprovechar la ocasión para noquear a los laboristas con su propuesta EVEL —English Votes for English Laws, votos ingleses para las leyes inglesas—, excluyendo a los diputados escoceses del voto de las leyes en materias de la competencia de Escocia. Unos laboristas que han sido determinantes en salvar el referéndum.
En cualquier caso, el paso dado es toda una lección. Para España y para el propio Reino Unido. No afrontar los problemas a tiempo —como ocurrió con la reforma del Estatuto de Escocia (Scotland Act)— es jugar con fuego y situarse al borde del abismo. Pero cuando se afrontan los problemas, en democracia debe ser posible encontrar una solución. O deslegitimar a quien no la facilita.
