El primer ministro israelí se queda solo en su deriva hacia la ultraderecha

Solo el ala más extremista del Gobierno israelí apoya ya a Benjamín Netanyahu. Mientras el primer ministro continúa enrocándose en la derecha, aumentan sus detractores, especialmente tras la aprobación de un proyecto de ley que definiría Israel como un “Estado nación judío” y que supondría la discriminación de cualquier ciudadano no judío, no solo de los árabes sino también, por ejemplo, de los drusos —como lo son dos policías muertos en atentados en el último mes—. Ni el fiscal general ni los socios moderados de su coalición le apoyan. Tampoco la comunidad internacional, con un número creciente de voces en la Unión Europea y en Estados Unidos que tildan la norma de antidemocrática y racista. El último peso pesado en sumarse a las críticas ha sido el presidente israelí, Reuven Rivlin —procedente del Likud, el partido de Netanyahu— que considera que la ley va contra “la Declaración de Independencia” del Estado de Israel.

“Los padres de la Declaración de Independencia, con mucha sabiduría, insistieron en que las comunidades árabes en Israel, así como otros grupos, no deberían sentirse como los judíos se sintieron durante el exilio”, afirmó Rivlin en un discurso pronunciado el martes por la noche, en el que subrayó que la “comunidad árabe no es una minoría”. “Casi una cuarta parte de los niños en primaria son árabes”, señaló el presidente israelí —un cargo representativo— comparando el porcentaje con el de estudiantes ultraortodoxos de la misma edad, “una quinta parte”. De implantarse, la norma que promueve Netanyahu afectaría a 1,9 millones de habitantes, casi un 25% de la población israelí (8,2 millones), de la que el 20% es árabe.

El proyecto de ley, aprobado el pasado domingo por el Consejo de Ministros con 14 votos a favor y seis en contra, “es una respuesta” al clima de tensión en Jerusalén para contentar a la ultraderecha tras los ataques perpetrados por palestinos en paradas del tranvía de la ciudad y en una sinagoga, sostiene Yohanan Plesner, presidente del Instituto de Israel para la Democracia y antiguo diputado de la Knesset. Y no es una medida aislada. La reimplantación de la demolición de casas de familiares de terroristas palestinos, que no se practicaba desde 2005, o las ampliaciones de las colonias en territorio ocupado se enmarcan en el mismo contexto. “Los políticos a veces solo consideran los logros temporales y no tienen en cuenta el bien común”, añade Plesner.

El jefe del espionaje desmintió al primer ministro: “Abbas no incita al terrorismo”

La polémica norma, sin embargo, amenaza con romper la coalición que sostiene su Gobierno. La ministra de Justicia, Tzipi Livni, ya ha anunciado que luchará con todas sus fuerzas para que no se apruebe la ley. Y ante la eventualidad de un adelanto electoral, Netanyahu insiste en erigirse en defensor de los judíos. “La ley pretende establecer que el Estado de Israel es el Estado nación de los judíos, pero esa característica ya está establecida en la Declaración de Independencia”, explica Plesner. Por eso, continúa, es “absurdo” que los políticos se obcequen en leyes tan “dañinas” cuando hay “problemas reales que afectan a la vida diaria de los ciudadanos”, como la reforma del sistema socioeconómico en respuesta a las protestas del movimiento de los indignados.

El intento de Netanyahu de congraciarse con la ultraderecha israelí le ha abierto un nuevo frente. Los responsables de las fuerzas de seguridad israelíes se han visto obligados a enmendar al primer ministro. El jefe del servicio de espionaje interior Shin Bet, Yoram Cohen, tuvo que corregir la semana pasada las declaraciones de Netanyahu, que acusó al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, de instigar actos terroristas. “Abbas no incita al terrorismo”, precisó Cohen.

Además, el martes, el jefe de la policía, Yohanan Danino, pidió a los políticos que llamen “a la calma para restaurar la seguridad”. “Hagamos todo lo necesario para evitar que la situación se deteriore”, animó el jefe de policía, tras criticar la visita que el diputado Moshé Feiglin, del Likud, hizo “al Monte del Templo” —la Explanada de las mezquitas para los musulmanes— el 2 de noviembre.

Pero el fuego sigue cayendo. Otro diputado del Likud, Yariv Levin, presentó este miércoles un plan de ocho medidas para combatir el terrorismo —que le había encargado Netanyahu y sobre el que todavía no se ha pronunciado— que incluye la demolición inmediata de las casas de palestinos que cometan actos terroristas y la retirada de la ciudadanía, incluida la de sus familiares si celebran el atentado, así como su deportación a Gaza.