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La derecha convierte la inseguridad en su principal caballo de batalla

El aumento de la criminalidad es el origen de la legalización de la marihuana y una de las principales preocupaciones del electorado

Un niño juega con el balón en Montevideo.
Un niño juega con el balón en Montevideo. AP

La inseguridad ciudadana es el particular vía crucis del gobernante Frente Amplio, que no ha logrado ni bajar claramente los registros de criminalidad ni desarrollar una política convincente al respecto. En la ultima legislatura la oposición explotó la continua progresión de los robos y atracos en este apacible país de 3,2 millones de habitantes. Y ha sido durante la campaña electoral su principal argumento para clamar por un cambio de Gobierno.

Las dos administraciones de la coalición de izquierdas realizaron masivas inversiones sociales, convencidos de que la disminución de la pobreza terminaría con un problema relativamente reciente en el país. Así, en nueve años la pobreza, que rondaba el 40% en el 2003, pasó en el 2013 a un 7,8%, según datos oficiales. Pero los resultados en términos de reducción de la criminalidad no se produjeron y muy al contrario, hubo una clara progresión de los delitos. Si en la década de los noventa los robos con violencia no llegaban a los 5.000 casos al año, en el 2013 alcanzaban los 15.000. Las primeras proyecciones de 2014 señalan una nueva subida.

El punto de quiebre fue la crisis económica del 2002, la peor de la historia del país. Hasta entonces muchos vecinos de la capital, Montevideo, vivían con al puerta de casa abierta, sin el más mínimo temor. Pero con la pobreza provocada por la crisis fue surgiendo una delincuencia juvenil cada vez más violenta. Muchas familias han sufrido en los últimos años repetidos robos en sus casas, así como atracos con o sin violencia en las calles. En ocasiones, los delincuentes aparecieron con armas de fuego y llegaron a retener a toda la familia. Los habitantes de las ciudades rodearon las casas de rejas, pusieron alarmas, compraron armas, ciudades como Montevideo cambiaron de fisionomía.

En un principio, la izquierda minimizó la situación atribuyéndola a una difusa “sensación se inseguridad” de los ciudadanos, confiados en los estudios internacionales que mantienen cada año a Uruguay como el país más seguro de América Latina. No captaron el pánico que había cundido en la población, alimentado por los informativos de los canales de televisión privados que dedican la mayor parte de su espacio a la crónica policial más sensacionalista.

Uno de los episodios de violencia que más impactó a la población, el asesinato de sangre fría del camarero de una pizzería, fue también el origen de una de las leyes que ha dirigido las miradas del mundo hacia Uruguay: la legalización de la marihuana. Tras el crimen, filmado por las cámaras de seguridad y repetido por las televisiones hasta la saciedad, el presidente José Mujica convocó en mayo del 2012 una reunión de los partidos para tomar medidas concertadas contra la inseguridad. Se acordaron varias medidas de corte represivo y una de las propuestas del Gobierno fue luchar contra las drogas ilegales, especialmente la pasta base, un derivado barato de la cocaína que se consume en los barrios pobres y hace estragos entre los jóvenes. Mujica pensó que legalizar la marihuana y ponerla bajo control del Estado sería un primer paso para quitarle mercados a los narcotraficantes.

Por su parte, el Partido Colorado sacó sus propias conclusiones y decidió lanzar una campaña de firmas para organizar un referéndum que permitiera bajar la edad penal a los 16 años. Sectores del Partido Nacional, entre ellos su candidato presidencial, Luis Lacalle Pou, se sumaron a la iniciativa que culminó con éxito ya que se logró convocar una consulta prevista el mismo día que la primera ronda de las elecciones este domingo 26 de octubre.

A pesar de que los sondeos anuncian el fracaso de la iniciativa, que debe ser aprobada por mayoría absoluta, la propuesta ha tenido un fuerte apoyo del electorado (alrededor del 45%) y ha sido un éxito para la oposición. De poco han servido las críticas de sectores de la Iglesia, UNICEF y ONG como Aldeas Infantiles. La estigmatización de los adolescentes pobres (ese chaval con gorra, y pantalones bajos que escucha cumbia) se ha convertido en una realidad en Uruguay.

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