Normalistas, la piedra en el zapato de los gobiernos mexicanos

“Alerta en estos momentos en Ayotzinapa... se sabe de alumnos heridos en un enfrentamiento con la policía... confirmaremos enseguida”. Este escueto mensaje, como llamada de auxilio, fue emitido en redes sociales la noche del 26 de septiembre desde el grupo de Facebook de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, uno de los canales que los alumnos de magisterio utilizan para dar voz a sus reivindicaciones desde 2011.

El centro educativo, que recibe estudiantes de las zonas más desfavorecidas de varios Estados del país y que opera en régimen de internado, se describe como una institución “formadora de hombres libres, íntegros, dignos representantes de la carrera magisterial”. A los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, se les considera un colectivo bien articulado, de corte socialista y asambleario. Su capacidad organizativa les permite realizar protestas, bloquear calles o secuestrar autobuses de líneas comerciales con relativa frecuencia. Como en el Estado aledaño de Oaxaca, es común verlos apostados en los peajes de las autopistas, con el rostro cubierto, pidiendo una contribución a los automovilistas. De este modo financian sus actividades como los desplazamientos y la comida de los alumnos que acuden a comunidades alejadas a realizar prácticas. La desaparición de 43 estudiantes hace apenas 10 días en la ciudad de Iguala y el hallazgo posterior de varias fosas con 28 cuerpos ha vuelto a poner el foco sobre un colectivo de origen revolucionario que se ha convertido, con el paso de las décadas, en un dolor de cabeza crónico para los sucesivos gobiernos del país.

Las escuelas normales, como se llama en México a los centros educativos que imparten la licenciatura de Magisterio, nacieron con la Revolución Mexicana (1910), cuando el país era una sociedad fundamentalmente campesina. José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ministro de Educación entre 1921 y 1924, emprendió una cruzada por la educación basada en los maestros rurales, figura elegida para expandir el espíritu de la revolución. “Se pretendía dar a los mexicanos sentido de país. El maestro enseñaba lo mismo a leer y a escribir que a hacer jabón o carpintería”, relata el historiador y académico Lorenzo Meyer. “Fue un periodo difícil, en los años veinte los maestros lo pasaron mal, los cristeros no los aceptaban y acabaron matando o mutilando a muchos”, añade.

Estas escuelas tenían una visión de izquierdas, radical, así que quisieron cerrarlas Lorenzo Meyer, historiador

El problema llegó cuando México dejó de ser rural y el Gobierno revolucionario. “Estas escuelas tenían una visión de izquierdas, radical, así que quisieron cerrarlas, pero no era una tarea sencilla, porque también representaban una oportunidad para la gente del campo”. De la normal Raúl Isidro Burgos emergieron dos grandes líderes guerrilleros de los años sesenta y setenta del siglo pasado: Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, a quienes aún hoy los alumnos veneran. Este último, que siendo maestro organizaba y asesoraba a los campesinos acerca de sus derechos, fundó el grupo armado Partido de los Pobres. El Estado de Guerrero fue víctima de la represión militar y política durante la llamada Guerra Sucia (décadas de los sesenta y setenta) y hoy en día, en la sierra, se encuentran algunos de los municipios con menos recursos de todo el país.

En 2013, la aprobación de la reforma educativa propuesta por el Gobierno de Peña Nieto, que entre otras medidas introducía un sistema periódico de evaluación para los maestros, provocó la furia del gremio (estudiantes y docentes), que con especial virulencia en Guerrero, se echó a la calle en varios Estados del sur de la República. En septiembre de ese año, a dos días de la fiesta de la Independencia y después de varios meses de constantes bloqueos en la capital, la Policía Federal entró en el Zócalo de la Ciudad de México para desalojar a miles de maestros atrincherados. Debilitado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el mayor de América Latina, tras la captura de su líder, Elba Esther Gordillo, la protesta fue dirigida por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La reforma se aprobó y el Ejecutivo del PRI le ganó el pulso al magisterio.

Históricamente, un normalista que entraba en una escuela pública después de cursar la secundaria [hoy es necesario acceder después del bachillerato o equivalente], al terminar su formación de cuatro años obtenía un puesto de trabajo de forma automática. Ahora las plazas salen a concurso y ya no es posible heredarlas. “La ausencia de garantías para la transparencia en los procesos de adjudicación en Estados como Guerrero o Oaxaca era uno de los principales reclamos de los normalistas en las movilizaciones de 2013”, explica la maestra del Instituto Politécnico Nacional María Eugenia Flores.

Este miércoles el colectivo ha vuelto a poner a prueba su capacidad de convocatoria con nuevas manifestaciones en todo el país, para exigir responsabilidades por la desaparición de 43 alumnos.