Nueva York se niega a detener inmigrantes sin orden judicial

Nueva York se niega a retener durante 48 horas a inmigrantes indocumentados detenidos en la prisión de Rikers Island, como hace ahora a petición del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), salvo que pese sobre ellos una orden de arresto de un juez federal, hayan sido condenados por un delito grave en los últimos cinco años o estén en una lista de presuntos terroristas. De esta manera, la ciudad se une a una lista creciente de Ayuntamientos y condados de EE UU que desafían la política migratoria nacional por considerarla inútil y una vulneración de los derechos civiles de muchas personas que residen en el país con sus familias y pagan sus impuestos desde hace años.

La reforma, que pondrá fin a años de estrecha colaboración entre la policía y la prisión de Nueva York con las autoridades federales encargadas de la deportación de indocumentados, fue presentada este martes para su tramitación por el Consejo Municipal (New York City Council) y cuenta con el apoyo del alcalde, el demócrata Bill de Blasio, lo que garantiza su éxito. Bajo la nueva legislación, el centro para extranjeros del ICE en la cárcel de Rikers Island será clausurado y sus funcionaros trasladados.

La puertorriqueña Melissa Mark-Viverito, presidenta del Consejo Municipal y promotora de la reforma, considera necesaria la nueva ley para que la ciudad deje de colaborar en un sistema “disfuncional” que condena a los inmigrantes a “dolorosos procesos de deportación que les apartan de sus familias sin haber cometido un delito grave”.

En la actualidad, la Secure Communities Act (Programa de Comunidades Seguras), redactada por el Departamento de Seguridad Nacional en 2008, ampara a alguaciles y policías de todo el país a retener a los inmigrantes indocumentados y ponerlos a disposición de las autoridades federales para su deportación. Cuando una persona es detenida en Nueva York, se le traslada a Rikers Island, se toman sus huellas dactilares y su información personal es introducida en una base de datos federal para ser compartida con diferentes organismos, entre ellos el ICE. Si las autoridades migratorias consideran que la persona está en el país de forma ilegal, emiten una solicitud para que sea retenida durante 48 horas más hasta hacerse cargo de ella.

Según datos del propio ICE, desde la puesta en marcha del programa en octubre de 2008 hasta el 31 de agosto de este año la agencia había tramitado 900.000 peticiones de retención para individuos detenidos en Nueva York. De ellos, más de 2.000 fueron expulsados del país. Según las asociaciones de derechos civiles, esta práctica ha permitido deportar a cientos de miles sin amparo judicial. “Con este cambio, muchas familias ya no serán innecesariamente destrozadas. Como hemos dicho en otras ocasiones, si el Congreso de Washington no actúa, lo haremos nosotros”, comentó Mark-Viverito.

Como denunció recientemente The New York Times en un editorial, el procedimiento actual “se ha mostrado muy efectivo para romper familias pero poco acorde con lo que debería ser una legislación sobre inmigración más humana y propia de un Estado de Derecho”. Muchos tribunales federales han denunciado que las 48 horas de retención adicional plantean serios problemas de constitucionalidad, ya que no responden a órdenes judiciales de arresto, sino a simples peticiones administrativas sobre personas que, en la mayoría de los casos, no representan un peligro para la sociedad.

“Esta legislación separa los asuntos migratorios de los criminales y nos permitirá vivir más seguros, ya que animará a las comunidades de inmigrantes a informar de los crímenes y a colaborar con las autoridades”, declaró Daniel Dromm, miembro del Consejo Municipal neoyorquino y promotor también de la iniciativa.

Además de Nueva York, ciudades como Filadelfia, San Diego, Chicago, Los Ángeles o Newark se están rebelando, con propuestas a favor de la integración de los inmigrantes como Welcoming America, ante la incapacidad de la Casa Blanca y del Congreso de Washington para abordar el problema de los 11 millones de indocumentados del país. Los Ayuntamientos han llegado a la conclusión de que las políticas federales son inútiles, caras, dañan la imagen de las policías locales y, sobre todo, plantean dudas legales, con el riesgo de afrontar costosos litigios de quienes ven vulnerados sus derechos. Un precio demasiado alto para no asumir el problema como algo propio y tomar medidas.

En el Estado de Nueva York, 40 condados han decidido también desafiar la doctrina del ICE. “Uno de los derechos fundacionales de este país es el derecho a un juicio justo. Ninguna persona de esta ciudad debe ser encarcelada a menos que exista una orden de detención o un juez haya examinado su caso”, afirmó Donna Liberman, directora de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York.

En opinión del alcalde de Nueva York, la reforma es una toma de posición para “proteger derechos individuales sin desatender la necesidad de seguridad”. El jefe de policía de la ciudad, William Bratton, también se mostró partidario de la misma. Jenny Alcaide, del programa de inmigración de la Cardozo School of Law, comentó a los medios: “La nueva normativa pone a Nueva York en la vanguardia de un movimiento nacional para poner el poder municipal al servicio de los derechos de los inmigrantes y la justicia racial”. Un funcionario del ICE dijo que la actitud del Ayuntamiento de Nueva York perjudica el objetivo principal de la Secure Communities Act, que es conseguir unas ciudades más seguras. “Muchos de los que sean liberados cometerán delitos graves”, advirtió.