Fisuras entre los jóvenes de Hong Kong por la presión para que desistan

El movimiento prodemocracia en Hong Kong siempre ha hecho gala de no tener líderes claros; de ser un movimiento nacido desde las bases, sin autoridades por encima. Y eso les pasó factura este domingo por la noche, cuando expiraba el ultimátum dado por el Gobierno local para que abandonaran las calles y pusieran fin a las manifestaciones que durante ocho días han paralizado el centro de la excolonia británica y puntos periféricos. Las primeras divisiones internas quedaron en evidencia.

Mientras el movimiento civil Occupy Central anunciaba la apertura de la calle que desemboca en la sede del Gobierno autónomo, y el levantamiento de la sentada en el barrio de Mong Kok, al otro lado de la bahía, otros grupos de manifestantes se negaban a marcharse. Y las principales organizaciones estudiantiles, la Federación de Estudiantes y Scholarism, negaban haber dado instrucciones a sus partidarios de que se replegaran hacia el principal núcleo de las manifestaciones.

En Mong Kok, que en 48 horas anteriores había sido escenario de enfrentamientos entre los manifestantes y grupos afines a las autoridades, varias decenas de estudiantes llegaron a abandonar el área de la sentada. Pero inmediatamente otros les sustituyeron. Argumentaban que no les representa nadie, solo ellos mismos. O que marcharse equivaldría a admitir una derrota.

En el centro de Hong Kong, miles de estudiantes se daban cita en torno al complejo gubernamental, el principal escenario de las manifestaciones, y aseguraban que permanecerían allí para hacer frente a posibles intentos de desalojo por la fuerza.

El jefe del gobierno local, Leung Chun-Ying, ha dado de plazo hasta este lunes a los manifestantes para levantar las barreras en las calles y permitir que el tráfico pueda circular y la ciudad recuperar la normalidad. Durante toda la semana pasada, parcialmente festiva por la fiesta nacional china, los centros educativos permanecieron cerrados y los funcionarios de la Administración local quedaron exentos de ir a trabajar.

Leung había advertido que tomaría “todas las medidas necesarias para restablecer el orden social”. Ante estas amenazas, las universidades hongkonesas recomendaron a sus alumnos que abandonaran las protestas. Hace ocho días, la policía autónoma cargó con gases lacrimógenos y gas pimienta contra las primeras protestas, lo que solo sirvió para que mucha gente se uniera a las protestas y expandir las concentraciones a otros puntos de la ciudad.

Una declaración de 80 académicos de los ocho centros de enseñanza superior de Hong Kong instó al Gobierno local a responder al llamamiento de los estudiantes para sentarse a negociar. “Nos oponemos al uso de la fuerza bruta contra nuestros ciudadanos, cuya única intención es buscar un diálogo con el Gobierno”, indica el comunicado, citado por el diario South China Morning Post. “Si finalmente las autoridades deciden ir por el camino de la represión por la fuerza, no solo continuará el actual punto muerto político, sino que también aumentará una escalada del conflicto en la comunidad”, advierten los profesores universitarios.

Los estudiantes se han declarado abiertos a un diálogo con la número dos del Ejecutivo autónomo, Carrie Lam, si el Gobierno toma medidas para proteger la seguridad de los manifestantes frente a grupos hostiles. Leung ha indicado que solo habrá conversaciones si los concentrados retiran las barricadas. Pero en un indicio alentador, la Federación de Estudiantes ha comenzado reuniones preliminares con funcionarios gubernamentales para preparar el cómo y cuándo de esa posible negociación.

La campaña de desobediencia civil exige la marcha de Leung y una reforma electoral para 2017 que garantice unas elecciones libres, desarrolladas bajo el principio del sufragio universal y en las que los ciudadanos puedan designar a los candidatos libremente.

La crisis actual comenzó el pasado agosto, cuando Pekín presentó su propuesta de reforma electoral para el territorio autónomo, que se rige bajo el principio de “un país, dos sistemas” tras su vuelta a la soberanía china en 1997. El Gobierno central chino se había comprometido a permitir el sufragio universal para 2017. Su fórmula recoge esta propuesta, pero estipula que el jefe del Ejecutivo autónomo tendrá que ser “un patriota”. También impone una serie de condiciones a los posibles aspirantes que, según los manifestantes, implican que los candidatos a esas elecciones tendrán necesariamente que contar con el visto bueno previo del régimen chino.