La violencia mexicana llega al Congreso

La carrera política del doctor Gabriel Gómez Michel, de 49 años, apenas estaba tomando vuelo. El alcalde de un pueblo tropical en el que se había hecho muy popular entre los vecinos por atender una consulta de pediatría gratuita para los más pobres había llegado esta legislatura a ocupar un escaño en el Congreso mexicano. Metódico y puntual, se jactaba de no faltar a una sola de las sesiones, algo que puede parecer una obligación evidente pero que no lo es tanto cuando se ve a algunos de sus compañeros durmiendo o jugando con el Ipad en la bancada. El lunes, a plena luz del día, unos hombres armados se llevaron a la fuerza al diputado del PRI, el partido gobernante, y horas después apareció calcinado. “Está siendo difícil para la policía seguir una línea de investigación. No tenemos muy claro quién lo quería mal”, cuentan sus allegados.

El secuestro se produjo a media tarde del lunes. Las cámaras de videovigilancia de Tlaquepaque, una ciudad del Estado de Jalisco, muestran como en mitad de una carretera un comando compuesto por unos seis vehículos rodearon la camioneta Suburban en la que viajaban Gómez Michel y uno de sus ayudantes camino del aeropuerto de Guadalajara. A continuación, unos hombres armados se bajan de un coche blanco y amenazan al diputado mostrando sus pistolas a través de la ventanilla. La emboscada tiene el sello del crimen organizado.

Los conductores que circulaban en ese momento por esa transitada carretera avisaron a la policía municipal de lo que estaba ocurriendo, según la fiscalía del Estado que investiga el caso. Los agentes dicen que tras las llamadas de auxilio patrullaron la zona pero al no encontrar nada se desentendieron del problema. Lo que queda claro es que durante las primeras horas, las más importantes tras un rapto, nadie buscó a las víctimas. No fue hasta la noche cuando la mujer del diputado denunció su desaparición y se puso en marcha un dispositivo policial.

De madrugada, en un pueblo a 150 kilómetros de donde habían sido secuestrados, la policía encontró los cuerpos del diputado y su colaborador. Sus restos estaban calcinados en el interior de la camioneta en la que se los habían llevado. A esas horas las autoridades daban por hecho de que se trataban de los desaparecidos pero faltaban las pruebas de ADN. Los forenses confirmaron la identidad de los fallecidos el miércoles por la mañana. Por el momento no se ha producido ninguna detención ni se ha dado a conocer ninguna línea de investigación que dé pistas sobre quiénes pudieron ser los autores de los asesinatos.

Médico especializado en pediatría, el diputado fue dos veces alcalde de El Grullo, un pueblo serrano de 200.000 habitantes que se dedica a la siembra y cosecha de la caña de azúcar. Llegó a la Cámara de Diputados en 2012 de la mano del Partido Verde, una formación pseudo ecologista vinculada al PRI. En la primera sesión se cambió a la banca del partido del presidente Enrique Peña Nieto. En este tiempo de legislatura había presentado cinco iniciativas pero ninguna de ellas prosperó. Descrito por sí mismo en redes sociales como un hombre moderado y católico, formaba parte de cuatro comisiones parlamentarias: derechos humanos, ganadería, medio ambiente y marina. El presidente Peña Nieto no se ha pronunciado hasta el momento sobre el asesinato de uno de los suyos.

La bancada del PRI ha pedido que sea la fiscalía nacional, la PGR, la que se ocupe de la investigación que por ahora está en manos estatales. A las fuerzas federales se le presupone una mayor capacidad de investigación y resolución. Es el tercer asesinato de un alto cargo en Jalisco en los dos últimos años. El secretario de Turismo del Estado, Jesús Gallegos Álvarez, fue tiroteado en marzo de 2013 por un grupo de sicarios. El asesino confeso de este crimen fue detenido y declaró que había recibido la orden de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. En abril de este año, el alcalde de otra ciudad, Ayutla, fue asesinado en su rancho. La fiscalía cree que en ese caso también está involucrado el crimen organizado.

Médico especializado en pediatría, Gómez fue dos veces alcalde de El Grullo

Gómez Michel había hecho carrera vinculado a quien hoy es el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. “Estos hechos no quedarán impunes, estamos tras los responsables”, dijo el gobernador. Y añadió: “Vamos a ir a fondo, a tener elementos, y que, en su momento, se castigue con todo el peso de la ley a los responsables”. Pese a sus palabras, los datos de impunidad no son nada prometedores. El 95% de los delitos no se aclaran, según un estudio de la ONU publicado en 2012. De los 500.000 detenidos que hubo en ese año, 450.000 fueron liberados por falta de pruebas. Las investigaciones policiales y judiciales muy a menudo no tienen el más mínimo rigor.

Los políticos de alto rango no están exentos de la violencia que sufre el resto del país. A los pocos meses de que asumiera la presidencia Peña Nieto, el Cisen, el servicio de inteligencia mexicano, desbarató un complot para asesinar a Ricardo Monreal, un diputado de Movimiento Ciudadano y coordinador de la campaña presidencial del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, el líder más emblemático de la izquierda mexicana. Los sicarios fueron detenidos en un hotel del centro de la Ciudad de México en el que esperaban el momento más oportuno para actuar. A principios de este mes, un hermano del diputado Joel Miranda Salgado fue decapitado.