Los referendos se cobran su factura

La vía escocesa del referendo, que tanta envidia, “sana envidia”, despierta en los nacionalismos catalán y vasco, concluye colocando a Escocia en la casilla de salida de un proceso autonómico, a la espera de negociar con Londres las competencias que, particularmente en materia fiscal, pueden homologarlo a las autonomías españolas. Escocia parece llamada a inaugurar la transformación del Reino Unido en un Estado federal, el estadio que el Gobierno británico trató siempre de eludir y que lo llevó a rechazar la negociación de nuevas competencias y a plantear el órdago referendario del sí o no a la independencia.

El rechazo escocés a la escisión ha tenido impactos diferentes en los nacionalismos catalán y vasco, como diferentes han sido sus respectivas apuestas por el sí a la separación de Escocia. Mientras el Gobierno catalán puso toda la carne en el asador hasta el punto de hacer coincidir la aprobación de su ley de consultas con el día después de Escocia, el Ejecutivo vasco y el PNV han actuado a lo largo de proceso con un perfil deliberadamente bajo. Desde que los catalanes tomaron el testigo en la vía del soberanismo emprendida por el anterior lehendakari, Ibarretxe, el PNV ha acentuado su instinto de conservación del poder. Sabe que la compañía de un Bildu dirigido por los que hasta hace poco abonaron el asesinato de sus oponentes políticos no es la mejor tarjeta de presentación en los foros internacionales y teme que entregarse al entusiasmo soberanista diese armas a la izquierda abertzale y, como ha ocurrido en Cataluña, activara el desbordamiento institucional a cargo de los movimientos sociales independentistas. Tampoco descarta que, como salida al conflicto, se otorgue finalmente a Cataluña un régimen similar al del Concierto Económico vasco y Convenio navarro, lo que, en la práctica, conlleva el riesgo de que se revisen las cláusulas de solidaridad y se ponga fin al privilegio foral.

Más allá de los gestos dirigidos a mantener la figura y la posición, el nacionalismo catalán acusará previsiblemente el golpe escocés, aunque no dejará de reclamar el referendo y de contraponer la actitud de Madrid con la del Gobierno británico, obviando, por ejemplo, que Londres suspendió por cuatro veces la autonomía norirlandesa. Si, como dice Pep Guardiola en el vídeo con que promociona la consulta catalana anunciada para el 9 de noviembre, el referendo es “la máxima expresión de la democracia”, habrá que convenir que el último ejercicio de esa suprema manifestación democrática ha tenido en vilo a los europeos y ha hecho temblar los cimientos del edificio Proyecto Europa. Ahora que la onda del diapasón referendario-soberanista vuelve a cabalgar por parámetros más controlados y las tensiones se rebajan, cabría preguntar a los escoceses si les han merecido la pena estos largos meses de discusiones, divisiones e incertidumbres, por mucho que hayan dado un ejemplo de civismo colectivo difícilmente reproducible en nuestras latitudes. Los amigos de las emociones fuertes dirán inmediatamente que sí, y también los irresponsables que obvian por sistema las consecuencias de sus actos, pero, visto el resultado, puede que muchos ciudadanos se pregunten estos días si el referendo era la única salida a las aspiraciones escocesas y si los debates, algunos fructíferos y aleccionadores, no habrían podido tener otro formato.

Cabría preguntárselo, sobre todo, fuera de micrófonos y en un momento de confidencias y franqueza, a los políticos que los condujeron a la ramplona opción binaria del sí o no y colocándolos ante el panorama de la fractura interna y la ruptura con sus convecinos. Por algo Alex Salmond había anunciado que no volvería a convocar más referendos. Tras superar dos consultas soberanistas que pusieron a prueba su cohesión política y social y sus afectos y estabilidad identitarios, muchos quebequeses han acabado por aborrecer ese recurso independentista altamente desestabilizador. Eso ocurre con nacionalismos presentables, tolerantes y respetuosos, que no infunden miedo, que no se permiten reacciones sectarias ni agresivas, que no pretenden homogeneizar cultural y políticamente a los ciudadanos, ni se sienten superiores a sus vecinos. El referendo, la “más bella” expresión de la democracia, a decir de algunos, se cobra su precio social, político y económico, además de aportar una sobredosis de excitación identitaria que puede resultar indigesta.

Quebec y el Tribunal Supremo de Canadá marcaron la pauta para otras consultas

No es el caso de nuestros nacionalistas catalanes y vascos. Tras décadas de democracia y de un proceso autonómico continuado y no correspondido con lealtad estatal, los independentistas periféricos españoles ansían más que nunca establecer la consulta plebiscitaria soberanista. Da igual que hayan votado ya más de medio centenar de veces desde la instauración de la democracia y que las leyes aprobadas también con el concurso catalán no permitan los referendos independentistas. Es como si hicieran tabla rasa, como si no hubieran votado en su vida ni decidido el curso de la historia de su comunidad y de España. Pero si cientos de miles de catalanes, entre ellos personas como el jugador de fútbol Xavi Hernández que habían mostrado con naturalidad su doble condición de catalán y español, se manifiestan en la calle convencidos de que se les “prohíbe votar y decidir el futuro”, es que España y Cataluña tienen un serio problema. ¿La democracia española no resulta humillada con esos juicios?

El referendo escocés, autorizado por Londres en la creencia engañosa de que el rechazo a la independencia sería abrumador, ha vuelto a romper el principio de que la autodeterminación solo puede aplicarse a las situaciones coloniales y que los estados democráticos son indivisibles. De nuevo Quebec y el Tribunal Supremo de Canadá marcan la pauta del qué hacer en el caso de que la mayoría de un territorio manifieste una voluntad inequívoca de separarse. Puede que el resultado escocés rebaje el soufflé catalán y reduzca la ingente masa de energía política dedicada a la causa de la separación y recalentada abusivamente desde las instancias y medios públicos autonómicos. Puede que haya llegado el momento de clarificar las cosas, situar a los ciudadanos ante sus responsabilidades reales y darles y tomarles la palabra con todas sus consecuencias. Puede que haya llegado el momento de, con reforma constitucional o sin ella, habilitar una solución integradora con garantías para todas las opciones y voces. Todo, antes de que la frustración catalana se haga crónica y la burbuja de la frivolidad y el victimismo nacionalista siga campeando porque “no les dejan votar” y lleve al país a un callejón sin salida.