Cara y cruz del desastre a un año del huracán ‘Manuel’

México despertó este 15 de septiembre pendiente del cielo, con el huracán Odile y la Onda Tropical 30 amenazando a buena parte del país. En el sureño Estado de Guerrero las cadenas de radio emitían desde temprano un mensaje institucional con recomendaciones en caso de fuertes lluvias. En esta entidad, la segunda más pobre de México por detrás de Chiapas, el huracán Manuel [que afectó a la península al mismo tiempo que la tormenta tropical Íngrid] se llevó por delante la vida de 101 personas hace ahora un año. 72 de ellas murieron en La Pintada, un poblado de 600 habitantes enclavado en la sierra del municipio de Atoyac de Álvarez, donde tras cinco días de lluvia continua, un alud de tierra sepultó la comunidad. A un año del desastre, el lugar se ha convertido en un área residencial con piscina, canchas deportivas y casas prefabricadas pintadas en vivos colores, como si fueran de juguete. El Gobierno federal anunció el pasado noviembre una inversión en Guerrero de 30.000 millones de pesos. Sin embargo, la reconstrucción no ha seguido el mismo ritmo en todo el Estado. Desde la región de La Montaña, con 350.000 habitantes, denuncian que las ayudas aún no llegan; los censos oficiales invisibilizan a buena parte de la población afectada, que es indígena; y no existe un plan de acción integral.

Son las dos de la tarde en La Pintada. Una mujer reparte agua de sandía a las puertas de la nueva capilla del pueblo y cuando los lugareños salen del templo, beben y charlan animados. Un niño de dos años empuja una motocicleta de plástico y dos pequeñas juegan al escondite entre los coches aparcados. Adentro algunas mujeres todavía rezan. Bajo el altar han colocado las fotos de los familiares muertos hace un año, por quienes acaba de celebrarse una eucaristía. Para recordarlos, las autoridades levantaron también un monumento y diseñaron un parque en el que cada árbol representa un desaparecido.

“Ya se va a venir la lluvia”, comentan los vecinos. En septiembre de 2013 La Pintada quedó desierta. Tras el derrumbe del monte, los supervivientes tuvieron que esperar tres días para ser rescatados en helicóptero. La comunidad, situada a sesenta kilómetros de la cabecera municipal por una carretera llena de curvas, quedó incomunicada cuando los deslaves destruyeron el camino. Durante varios meses, los animales fueron los únicos habitantes del pueblo y la putrefacción de los cuerpos perdidos en el fango hizo de la zona un foco de enfermedades. Los pobladores ahora se sienten seguros. El Gobierno, que destinó 360 millones de pesos al pueblo, ha arreglado el monte (sujeto con una malla y recubierto de cemento, para evitar nuevos desprendimientos).

En general, los vecinos agradecen la labor institucional, que les ha proporcionado nueva vivienda. “De eso no nos podemos quejar”, comenta un hombre mientras regaña a su nieto.

“Ya no soy la misma”, balbucea Ángela, de cabello oscuro, 34 años, sentada en el último banco de la capilla. Casada y con seis hijos, perdió a sus tíos y primos en la tormenta. Al desplomarse el cerro, lo hizo con tanta fuerza, que arrastró la casa y sus cuerpos hasta el río. Nunca los encontraron.

Aunque La Pintada se convirtió hace un año en el epicentro de la catástrofe, hasta 309 municipios fueron declarados desastre y 212 en emergencia. En la región de La Montaña, al oeste del Estado, hubo 40 muertos, varias comunidades quedaron devastadas, y sus habitantes, aún hoy, se encuentran desplazados.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explica que hay 15.000 familias afectadas en la zona. “4.304 viviendas están dañadas y de esas el Gobierno solamente tiene registradas 1.200, porque las autoridades federales no hicieron los recorridos en todas las comunidades”. El Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña, constituido tras los huracanes, denuncia además que ninguna de las 35 escuelas derribadas o cubiertas por el río ha sido reubicada. “Eso hace que los niños tenga clases sobre cobertizos improvisados por la propia comunidad”. Lo mismo sucede con las casas de salud.

“Hace falta un plan integral, que haya una visión desde los derechos humanos para subsanar las deficiencias”, reclama Barrera. “Pero a las comunidades de la montaña no se las tiene en cuenta, deben movilizarse para aparecer en los presupuestos. Por ejemplo, las viviendas que la empresa constructora ha diseñado no son funcionales para las familias indígenas, con nueve miembros de media”. Al director del centro le preocupa la lentitud de la reconstrucción: “Tenemos la amarga experiencia de ver que no se avanza”, dice.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)  anunció hace meses que reconstruiría 8.300 viviendas afectadas por las lluvias. Hasta el 16 de septiembre la dependencia preveía tener concluidas 2.500.