El Gobierno palestino pide investigar a los extranjeros que sirven en el Ejército israelí

El Gobierno palestino ha hecho un llamamiento a todos los países miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas para que investiguen y, si procede, procesen a sus nacionales que prestan servicio en el Ejército de Israel. Argumenta que los Estados están obligados a vigilar si se cometen crímenes de guerra, contra la humanidad o genocidio en el marco de su jurisdicción, en la que entrarían los ciudadanos con doble pasaporte —el de cada nación y el israelí— o los voluntarios no israelíes que acuden al Tsahal, el Ejército israelí.

El ministro de Exteriores palestino, Riyad al Malki, envió ayer una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la que le pide que difunda su petición en la Asamblea. El documento, al que ha tenido acceso este diario, explica que actualmente son “miles” los extranjeros en las filas del Ejército de Israel —unos 4.600 según datos oficiales del Gobierno, de los que un tercio aproximadamente serían norteamericanos—, a los que se suman los integrantes en los programas no obligatorios, como el Mahal y el Sar El.

El primero permite a judíos no israelíes o judíos con permiso para emigrar a Israel prestar servicio durante un plazo de 14 a 18 meses, con acceso a las unidades regulares —salvo las de élite—, mientras que el segundo se compone de cursos de tres semanas en los que se proporciona ayuda logística a la tropa, desde embalaje de alimentos a limpieza de vehículos. En este caso pueden acudir también voluntarios no judíos.

Los palestinos denuncian que en la Operación Margen Protector que Israel acomete contra Gaza, “como en el pasado”, el Ejército de Israel está ejecutando “ataques indiscriminados y desproporcionados”, “provocando deliberadamente el sufrimiento de la población civil” y golpeando además “instalaciones claramente señalizadas” como las seis escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Son casos, explica el documento, susceptibles de entenderse como violaciones del derecho internacional humanitario y de guerra y los Estados están en la “obligación” de adoptar “todas las medidas necesarias” para evitarlos, detectarlos y sancionarlos si sus nacionales están implicados. Para ello el texto recuerda el artículo 49 de la I Convención de Ginebra, el 50 de la II, el 129 de la III y el 149 de la IV, todas en vigor desde 1949. Cita cinco tratados internacionales más —entre ellos el de Roma, por el que nació la Corte Penal Internacional— que abundan en este compromiso de detener a quien haya sido responsable de delitos de esta magnitud.

En virtud de todo ello, la Administración palestina pide a las naciones que identifiquen a sus nacionales, notifiquen a esas personas su posible responsabilidad criminal y persigan e investiguen cada supuesto.

En el caso de los españoles, tienen vetado enrolarse en otro Ejército que no sea el propio. Tras años de confusión, Israel ahora va a permitir que estos dobles nacionales eviten el reclutamiento para que no pierdan la ciudadanía española o se arriesguen a una sanción, informa el diario Haaretz.