Cameron endurece las medidas contra inmigrantes de la UE y sin papeles

El primer ministro británico, David Cameron, ha presentado este martes nuevas “medidas severas” contra la inmigración, tanto la que procede legalmente de la Unión Europea como la que se instala ilegalmente en Reino Unido procedente de países terceros.

Los analistas creen que es un mensaje dirigido a votantes del populista UKIP

Aunque Cameron rodeó la presentación de gran retórica, primero con un extenso artículo en el diario proconservador The Daily Telegraph y luego con un discurso en una oficina de funcionarios de inmigración, en realidad se trata solo del desarrollo de una serie de medidas complementarias a las que ya se anunciaron meses atrás, que entraron en vigor en su mayoría a principios de año. Los analistas creen que es sobre todo un mensaje dirigido a potenciales votantes del UKIP, el partido populista que encabezó las pasadas elecciones europeas.

Las nuevas medidas significan la reducción de los actuales seis meses a tres meses del tiempo por el que los inmigrantes comunitarios pueden percibir el seguro de paro y otras ayudas sociales. Ya en enero se introdujo una medida que obligaba a un periodo de espera de tres meses antes de poder percibir subsidios y la limitación de las ayudas a seis meses salvo que el afectado tenga perspectivas claras de encontrar empleo. Otra de las medidas es privar a las instituciones educativas del título de “patrocinadores altamente fiables” en el caso de que las autoridades nieguen el 10% de los permisos de inmigración que soliciten los candidatos a estudiar en ellas procedentes de terceros países, en lugar del 20% que rige actualmente. El Gobierno cree que un alto número de visados de estudiante acaban sirviendo para permitir la entrada en el país de inmigrantes ilegales.

El Gobierno va a lanzar también una consulta para ver si puede prohibir la publicación de ofertas de trabajo solo en el extranjero. Se confirma de nuevo la varias veces anunciada restricción del derecho de los sin papeles a apelar a la Convención Europea de Derechos Humanos para evitar su deportación. Y se aprueban nuevos poderes para anular los permisos de conducir de los inmigrantes ilegales.

Bruselas investigará la legalidad de los cambios cuando sean oficiales

Tanto Cameron como la ministra del Interior, Theresa May, vista cada vez más como su posible sustituta al frente del partido si los conservadores no logran formar Gobierno tras las próximas elecciones de mayo de 2015, han subrayado que el objetivo de las medidas es impedir la llegada de inmigrantes que quieren abusar del sistema. Un abuso que la Comisión Europea considera que los británicos nunca han probado con cifras. Las dudas de Bruselas parecen más bien confirmarse ahora: según Downing Street, la batería de medidas contra esos supuestos abusos puestas en marcha desde enero “se espera que ahorren a los contribuyentes británicos 500 millones de libras en los próximos cinco años”. Es decir, unos 125 millones de euros al año. Según estimaciones de la BBC, el número de inmigrantes comunitarios que disfrutan de ayudas públicas es inferior a 10.000, frente a más de un millón de personas que reciben ayudas sociales.

Un portavoz de la Comisión Europea declaró en Bruselas que el organismo comunitario investigará la legalidad de las nuevas medidas en cuanto sean presentadas de forma oficial. Funcionarios comunitarios declararon al diario The Telegraph: “Las leyes de la UE contienen fuertes salvaguardias para evitar los abusos. La inmensa mayoría de los emigrantes de la UE que van a otros Estados miembros van allí a trabajar y son contribuyentes netos”.

El Gobierno va a lanzar también una consulta para ver si puede prohibir la publicación de ofertas de trabajo solo en el extranjero

La modestia de las cifras en las que se apoya Londres para justificar sus medidas contra los inmigrantes comunitarios contrasta con la grandilocuencia del lenguaje empleado por los dirigentes conservadores al presentar las nuevas medidas. “Nuestro objetivo es claro: un sistema de inmigración que tenga en cuenta primero a Gran Bretaña”, declaró Cameron. “Estamos levantando un sistema de inmigración que sea justo para los ciudadanos británicos y los migrantes legítimos pero duro con quienes abusan del sistema o de los fallos de la ley”, dijo Theresa May.