La polarización desangra a Nicaragua

Las cámaras de la televisión de Nicaragua mostraron a todo el país los rostros de tres campesinos acusados por la Fiscalía de haber “conspirado” en la ejecución de un ataque contra unas caravanas de simpatizantes del gobernante Frente Sandinista, que el pasado 19 de julio dejó cinco muertos. Con la presentación pública de Erick Salgado y Juan y Gregorio Torres las autoridades nicaragüenses pretendían demostrar un avance en las investigaciones del crimen, pero han logrado avivar la confusión de todo un país: no sólo porque los tres detenidos se han declarado abiertamente sandinistas, sino porque ellos no fueron quienes dispararon. Más de una semana de los hechos, las autoridades desconocen a los que perpetuaron la masacre, ni los motivos. Mientras tanto, la polarización política ha ido en aumento, causando un nuevo muerto: Carlos García, exmiembro de la llamada contra —grupo armado financiado por Estado Unidos que pretendía derrocar por las armas al Gobierno sandinista de los ochenta— y líder opositor del norte de Nicaragua, quien fue asesinado de un balazo en el pecho.

¿Quiénes mataron a los sandinistas? Es la pregunta que los nicaragüenses se repiten a diario, consternados por un crimen que demuestra hasta dónde ha llegado la división y la intolerancia política en este país centroamericano de apenas seis millones de habitantes, pero con una larga historia de polarización y violencia patrocinada desde el poder. De hecho, la masacre del 19 de julio —día en que se celebra el aniversario de la Revolución Popular Sandinista contra la dinastía somocista— se une a otros dos episodios sangrientos acontecidos en el país en los últimos tres años, con la salvedad de que los muertos en esos hechos eran considerados “opositores” al Gobierno de Ortega.

El primero ocurrió en la pequeñísima y pobre comunidad de El Carrizo, habitada en su mayoría por indígenas y campesinos, que no tiene energía eléctrica y se localiza en una zona del norte del país que fue escenario de la cruenta guerra de los ochenta, entre la contra y el Ejército Sandinista. A las ocho y media de la noche del 8 de noviembre de 2011, dos días después de las elecciones generales en las que triunfó Daniel Ortega pero que fueron catalogadas como “opacas” por observadores internacionales, un grupo de simpatizantes del Frente Sandinista entraron a la casa de Irene Mejía Cruz y atacaron a balazos a su marido, José Mercedes Pérez, de 67 años, y a sus cuatro hijos, simpatizantes todos del opositor Partido Liberal Independiente.

La familia estaba indefensa. En el ataque murieron el esposo de Irene y dos de sus hijos. Los otros dos resultaron gravemente heridos. Las autoridades acusaron a cuatro personas por la tragedia, a quienes impusieron penas de poco más de tres años. Entre los condenados está Jesús Herrera Zepeda, ex secretario político del Frente Sandinista, Eusebio Cruz Montenegro, exfuncionario del Tribunal Electoral de Nicaragua, y, lo más alarmante, dos expolicías: Elvin López y Mauro Díaz. Durante el proceso judicial, el juez a cargo del caso estableció que la matanza se produjo, en parte, “bajo arrebato” causado por el licor, un atenuante que permitió establecer una pena menor a la esperada por los familiares de la víctima. “Esto da asco”, afirmó en esa ocasión Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh).

Las autoridades acusaron a cuatro personas por la tragedia, a quienes impusieron penas de poco más de tres años

El otro hecho violento ocurrió el 5 de noviembre de 2012 en Ciudad Darío, municipio del norte de Nicaragua llamado así porque en él nació el célebre poeta nicaragüense Rubén Darío. La violencia política se apoderó de ese pequeño municipio tras conocerse los resultados de las elecciones municipales de ese año, que dieron un arrollador triunfo a los candidatos del Frente Sandinista. En Ciudad Darío los simpatizantes de la oposición acusaron al Tribunal Electoral de alterar los resultados a favor del FSLN, por lo que hubo enfrentamientos violentos en el poblado. La trifulca dejó a dos simpatizantes de la oposición muertos: Vidal Obando, asesinado de dos disparos en la cabeza, y Juan López Artola. Testigos de los hechos dijeron a los medios de comunicación que los crímenes fueron perpetuados por simpatizantes sandinistas.

En ninguno de esos crímenes hubo un pronunciamiento oficial de parte del presidente Daniel Ortega y su Gobierno. Ortega sí reaccionó indignado contra la masacre del pasado 19 de julio y ordenó a la Policía organizar una amplia investigación para esclarecer los hechos. “Hemos recibido la orden de nuestro Presidente y Jefe Supremo, el Comandante Daniel Ortega, de esclarecer a la mayor brevedad posible este hecho criminal y no vamos a escatimar ni tiempo, ni esfuerzo, ni sudor, ni sangre para [impedir] que unos pocos le arrebaten a la mayoría de nuestro pueblo esta paz que tanto nos ha costado construir a todos”, dijo la jefa de la Policía de Nicaragua, Aminta Granera.

Los periodistas nicaragüenses también han sido víctimas de la creciente intolerancia que vive este país. El pasado 17 de julio el cámara de Canal 12 de la televisión local, Javier Castro, fue atacado con un bate de madera por un simpatizante del Frente Sandinista cuando cubría una protesta de mujeres contra el Tribunal Electoral, en Managua. Y el 9 de julio el reportero de Televicentro Canal 2 fue agredido mientras entrevistaba a un funcionario del Ministerio de Salud: los videos del canal muestran el momento cuando un vehículo golpea intencionadamente al reportero mientras hacía su trabajo.

El Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2011-2012 alertó sobre el retroceso en derechos humanos que vive Nicaragua, debido a la violencia política y la represión oficial. Según el documento, Nicaragua pasó del puesto 72 al número 81 de un total de 158 naciones en el Índice de Paz Global. El informe advierte de la “reaparición de la violencia política en Nicaragua con toda su crudeza, especialmente en contextos electorales”.

Para algunos analistas políticos nicaragüenses todos estos hechos se enmarcan en una cultura política basada en el sectarismo, y que es impulsada por el régimen de Ortega. En lo que todos en este país parecen coincidir es que Nicaragua, nación que ha demostrado tener suficiente capacidad para desestabilizar a Centroamérica, no debería caer en un nuevo periodo de violencia política como los que ya vivió en el pasado. “Debemos estar convencidos que el camino para cambiar Nicaragua es de largo plazo y por la vía cívica, porque la vía armada ya vimos los resultados que da”, asegura María López Vigil, editora de la revista Envío de la Universidad Centroamericana de Managua.