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La crisis energética de Costa Rica comienza a golpear a las familias

La tarifa eléctrica golpea a familias y empresas del país centroamericano, golpeado por cambio climático y obligado a importar más petróleo

El debate sobre energía está abierto

La crisis energética de Costa Rica ha entrado ya al recibo de las casas y las empresas de este pequeño país centroamericano que en 1884 iluminó su capital con una vanguardista energía hidroeléctrica y ahora, 140 años después, se ufana de una cobertura del 99,3%, pero con apuros para su sostenibilidad.

Sin petróleo propio, con una moratoria de exploración recién ampliada hasta el 2021, con los caudales fluviales golpeados por el cambio climático y presionados por su propio discurso ambientalista, los costarricenses se enfrentan al encarecimiento de la energía eléctrica. El problema ha estallado en la cara del nuevo gobierno de Luis Guillermo Solís, quien prometió bajar el precio de la luz en el arranque de su gestión y ahora ve que todo es más complejo de lo que pensaba. Ha presentado como una buena noticia un incremento tarifario de 15% diferido en tres semestres, mientras propone soluciones de fondo y echa andar una campaña para intentar bajar el consumo “desmedido”, según él.

Tampoco hay alianzas internacionales en energía. Se ha mencionado la posibilidad de explorar gas natural con ayuda de Estados Unidos, se ha trabado un proyecto de una refinería con China y la idea de ingresar a los créditos blandos de Petrocaribe de Venezuela no acaba de convencer, aunque en julio se activó de nuevo el debate político sobre la adhesión o no. La cooperación internacional apoya el desarrollo de fuentes alternativas (eólica y geotérmica), pero su desarrollo es incipiente y se enfrenta en numerosas ocasiones a las limitaciones ambientales. Tampoco falta el debate ideológico entre mantener el actual imperio estatal del sector o abrirse más a los negocios privados.

Con el 90% de su energía generada por hidroelectricidad, los niveles de agua en ríos y represas quedan a expensas del cambio climático. La época seca (de diciembre a mayo) es más seca, es un verano infeliz para la factura eléctrica. Los faltantes de energía hidroeléctrica se suplen con generación a partir de la combustión de búnker y diésel, materias importadas al precio que dicte el mercado internacional.

Escalada de precios

El gasto de hidrocarburos para la producción energética ha crecido alrededor del 300% en los últimos 5 años, según datos del a Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), entidad que fija las tarifas de manera autónoma del Gobierno. En el 2011 la energía térmica (con hidrocarburos) representó un 8% del total, en el 2012 pasó a 9% y en 2013 subió tres puntos porcentuales, a 12% de la producción nacional.

De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), proveedor estatal y operador dominante del mercado eléctrico, para el año 2013 cada kilovatio hora (kWh) producido con combustibles costó 28,9 centavos de dólar, casi cuatro veces más caro que el costo promedio a partir de fuentes limpias: 8,4 centavos de dólar. Al ponderar ambos, el precio promedio para ese año fue de 11,8 centavos. En parte esto explica porque entre el 2006 y el 2012 el costo de la electricidad para los hogares costarricense creció 30% por encima del costo de la vida de las 1.300.000 familias.

Las empresas mantienen también un reclamo activo por el encarecimiento del servicio cuyo costo se duplicó en una década, entre el 2005 y el 2014. En ese período, el precio promedio por kilovatio hora (kWh) para el sector industrial pasó de 7,2 centavos de dólar a un estimado de 19,7 centavos de dólar al cierre de este 2014. El sector productivo exige al Gobierno dar la máxima prioridad al tema energético, en línea con reclamos ya añejos de grandes nombres, comola transnacional Intel.

La electricidad representa un 8,2% de los costos totales de las empresas. "Esto es muy significativo", dijo Carlos Montenegro, subdirector ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Al comparar las tarifas locales con las de países con los cuales Costa Rica tiene Tratados de Libre Comercio (TLCs), Costa Rica está en clara desventaja. Mientras en suelo tico el costo promedio del kilovatio fue de 17,22 centavos de dólar en el 2013, en Estados Unidos las empresas pagaron 6,20, en México 9,3 y en Colombia 10,6 para las tarifas de mediana tensión, según Montenegro. Tampoco son comparables con Europa (12 centavos de dólar) y son parecidos a Centroamérica, que produce en promedio la mitad de su electricidad con combustibles.

Soluciones a largo plazo

El crecimiento tarifario en Costa Rica es un mal sin remedio, opinaba en mayo Teófilo de la Torre, entonces presidente del ICE. Dejar de quemar combustibles importados para producir electricidad llevaría al país a enfrentar apagones o racionamientos. “Solo el térmico (búnker y diésel) es capaz de compensar las deficiencias de las fuentes renovables, pero con un costo mucho más alto. Si no hubiera ese respaldo, no se podría asegurar la continuidad del servicio en el año” declaró entonces De la Torre.

Con 2730 megavatios (MW) de capacidad instalada y un 90% de ella procedente de las fuerzas del agua, el logro ambiental histórico se expone a épocas secas más prolongados y períodos lluviosos más cortos y secos. Sin embargo, el clima no es el único responsable del encarecimiento de tarifas. A esto se ha unido la falta de inversión pública en embalses que suplan las necesidades energéticas en el verano. Hoy el país cuenta con una sola planta de este tipo, el complejo Arenal ubicado en la zona norte del país y construido en 1978. Ahora no hay manera de que alcance.

La geotermia, que no depende de las lluvias o las sequías, también tiene sus ataduras. La mayoría de fuentes están en los volcanes dentro de los parques nacionales, protegidos por ley y por el cabildeo de sectores ambientalistas vigilantes ante posibles reformas legales.

El nuevo presidente del ICE, Carlos Obregón, descarta el peligro de apagones, pero reconoce el apremio tarifario. Sus esperanzas están en la entrada en operación de pequeños proyectos hidroeléctricos y de la planta Reventazón (de 305 MW) en 2016, con lo cual el país pretende exportar a Centroamérica y conseguir entre 75 y 100 millones de dólares al año, para bajar hasta un 10% la tarifa nacional, como estima el ICE.

También está en planes la construcción del proyecto hidroeléctrico El Diquís, en la zona sur del país, si lograse superar las objeciones por los derechos de comunidades indígenas cuyos poblados actuales quedarían inundados con un gran embalse. De un lado está la posibilidad de generar 650 MW anuales para un país urgido de energías limpias; del otro, el respeto a de las comunidades nativas respaldadas por organizaciones como Naciones Unidas, que señala la obligación de realizar y respetar un proceso de consultas en esas comunidades.

Pero los incipientes proyectos eólicos, geotérmicos, ni Reventazón ni El Diquís bastan para algunos sectores que insisten en aumentar el porcentaje de ley para la generación en manos de empresas privadas (15%), lo cual aumenta la energía disponible e incide sobre la tarifa, según Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope). "Este beneficio se traslada directo a las tarifas de los usuarios del servicio eléctrico", aseguró, en línea con sectores políticos más proclives a la participación privada e incluso al libre mercado eléctrico.

De esto no está tan seguro el gobierno de Luis Guillermo Solís (Partido Acción Ciudadana, centroizquierda), que insiste en pedir 18 meses para abrir un debate nacional sobre la matriz energética y lanzar una agresiva campaña de ahorro energético, sin garantías que los sectores empresariales y las familias en sus casas le tengan suficiente paciencia.