La escandalosa deriva de la justicia en Egipto se une a la persecución

La escandalosa condena al activista Alaa Abdelfatá se añade a otras emitidas la última semana contra simpatizantes islamistas, incluidas 10 penas capitales, por cargos como incitar a la violencia o cortar la vía pública. Su severidad contrasta con la anulación de una sentencia de 10 años de cárcel a un policía responsable de la muerte por asfixia de 37 manifestantes islamistas en un furgón policial el pasado agosto. Estos polémicos veredictos han renovado las críticas a la justicia egipcia, en el ojo del huracán después de que un tribunal provincial condenara a muerte a más de 1.000 seguidores de los Hermanos Musulmanes.

 A estas alturas, no hay duda de que el poder judicial en Egipto se ha sumado gustosamente a la ola represora desencadenada por las fuerzas de seguridad tras el golpe de julio. Según las organizaciones de derechos humanos, los magistrados suelen dar por buenas las pruebas presentadas por la policía, sin cuestionamiento alguno, y a menudo se violan las garantías procesales.

“No creo que estos duros veredictos respondan a las órdenes del Ejecutivo. Los jueces están actuando según su propia voluntad, pues la mayoría parece apoyar sin fisuras el régimen actual”, sostiene el catedrático de la Universidad George Washington Nathan Brown, especializado en la justicia egipcia. “La fiscalía es otra cosa. Actúa ante cualquier información de los servicios de seguridad, incluso si no es creíble. En cambio, es muy lenta en las investigaciones de abusos policiales”.

Tradicionalmente, la judicatura había gozado de un gran prestigio, pero las sucesivas dictaduras militares fueron erosionando su independencia. El proceso de politización de la misma se intensificó tras la revolución de 2011, cuando la falta de consenso facilitó la judicialización de la vida política. Al considerar que varios de sus veredictos, como la disolución del Parlamento, perjudicaban a su partido, el expresidente Mohamed Morsi declaró la guerra a la judicatura. Un proyecto de ley de reforma del sistema judicial forzaba la jubilación de 3.000 magistrados, percibidos por la cofradía islamista como simpatizantes de Hosni Mubarak y hostiles a la Hermandad. “La judicatura se sintió amenazada por la Hermandad, de ahí su respaldo al régimen. Igualmente, si no fuera así, en sus sentencias tampoco podría oponerse al sentir general”, apunta Brown.

Según algunos analistas, esa actitud responde también al temor de la policía y el Ejército a que Egipto se sumerja en el caos como Libia. Estas instituciones se consideran guardianes de un Estado por cuya permanencia deben velar aunque sea con una dura represión.